Estados Unidos ha ampliado su lista negra de entidades vinculadas al trabajo forzoso en Xinjiang con la incorporación de 43 empresas chinas, una medida que impedirá la entrada en el país de los productos fabricados por esas compañías a partir del próximo 3 de agosto.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este viernes la decisión, que eleva a 187 el número de entidades incluidas en la lista de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA), el mayor aumento desde la creación del mecanismo. Según el Gobierno estadounidense, las compañías afectadas operan en sectores como el aluminio, la confección, el cobre, el algodón y el procesado de tomates, y habrían obtenido materiales de la región china de Xinjiang o participado en programas de traslado y contratación de uigures, kazajos, kirguises y otros grupos perseguidos.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, defendió la medida al asegurar que Washington no permitirá que entren en su mercado bienes elaborados con “mano de obra esclava”. El DHS añadió que, desde la entrada en vigor de la UFLPA, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha bloqueado más de 24.300 envíos valorados en cerca de 1.000 millones de dólares.
Estrategia comercial
La decisión se inscribe en la estrategia comercial de la Administración de Donald Trump para sostener sus aranceles globales mediante un nuevo mecanismo legal basado en el trabajo forzoso. La semana pasada, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) impuso además aranceles adicionales del 10% a productos de 14 economías y del 12,5% a mercancías de otras 46, al considerar que no hacen lo suficiente para frenar la entrada de bienes elaborados con trabajo forzoso.
China niega las acusaciones
China respondió este sábado con dureza. El Ministerio de Comercio acusó a Estados Unidos de “apartarse gravemente” del consenso alcanzado por ambos países para estabilizar su relación económica y comercial y calificó la decisión de “coerción económica”. Pekín sostiene que las restricciones “carecen totalmente de base fáctica”, perjudican los derechos e intereses legítimos de las empresas afectadas y socavan la estabilidad de las cadenas globales de suministro.
El Gobierno chino negó de nuevo que exista el llamado trabajo forzoso en Xinjiang e instó a Washington a dejar de “difamar” la región y de “reprimir injustificadamente” a las compañías chinas. Además, adelantó que adoptará las “medidas necesarias” para salvaguardar los derechos e intereses de sus empresas.
