La economía española mantendrá su rumbo, aunque con un desempeño algo peor. Seguirá creciendo y creando empleo a buen ritmo, pero perderá impulso con el paso de los meses. Las grandes reformas pendientes deberán esperar a la próxima legislatura, igual que los presupuestos, que no están ni se les espera. Incluso si el Gobierno cumpliera su promesa de presentarlos en tiempo y forma, como ha reiterado el presidente Sánchez, no parece contar con el apoyo parlamentario necesario para aprobarlos. Desde esta perspectiva, la XV legislatura puede considerarse perdida.
El repunte inflacionista, impulsado por la energía a raíz del conflicto en Oriente Medio –que no avanza hacia la paz y amenaza con prolongarse–, ha vuelto a complicarlo todo. La subida del barril de petróleo, que roza de nuevo los 100 dólares, está golpeando el poder adquisitivo de las familias y elevando los costes de las empresas. Esto explica que los precios en la eurozona sigan lejos del objetivo del 2%. Con una inflación del 3,3% en agosto y un crecimiento del 0,4% en el segundo trimestre, reaparece el fantasma de la estanflación. El BCE no tendrá más remedio que subir el precio del dinero, con consecuencias previsiblemente graves para el crecimiento.
Perspectiva
La economía española seguirá creciendo y creando empleo a buen ritmo, pero perderá impulso en un contexto de inflación elevada, tipos al alza y presión sobre las cuentas públicas
En España, la situación es distinta gracias a un crecimiento económico del 2,6%, impulsado principalmente por el fuerte aumento de la población derivado de la llegada masiva de inmigrantes en los últimos ocho años. Sin embargo, la inflación armonizada con la UE se sitúa en el 4,5%, lo que significa que buena parte de las ganancias del crecimiento se diluye con la subida de los precios. Además, la presión fiscal en frío, al no deflactar el Gobierno los impuestos, reduce el poder adquisitivo de la clase media trabajadora, especialmente de las familias con menos ingresos. Las dificultades para llegar a fin de mes son cada vez mayores, lo que previsiblemente provocará un fuerte malestar social.
Las tensiones inflacionistas agravarán aún más el problema de la vivienda. Quienes tengan una hipoteca verán encarecerse sus cuotas por el aumento del Euribor hasta el 3%, su nivel más alto en dos años. Comprar una vivienda será más difícil por la subida de los tipos de interés, mientras que los alquileres seguirán al alza por la escasez de oferta.
Las perspectivas para las pensiones tampoco son favorables. Al indexarse las subidas a la inflación media, el déficit de la Seguridad Social volverá a aumentar. Las pensiones crecerán de nuevo por encima de los salarios de los trabajadores en activo, lo que hará el sistema cada vez más insostenible. En este contexto, será difícil reducir el déficit público, que el año pasado cerró en 40.330 millones de euros, equivalente al 2,39% del PIB, pese al ciclo expansivo y a la elevada presión fiscal. La deuda del conjunto de las administraciones públicas asciende ya a 1,76 billones de euros, un máximo histórico. Cada español debe 35.544 euros, una cifra nunca alcanzada hasta ahora. España es uno de los países más endeudados del mundo, y la tendencia no apunta al saneamiento de las cuentas públicas, sino a lo contrario.
En definitiva, el final de la legislatura se complica tanto en el plano político, por la creciente crispación tras la entrada masiva de inmigrantes ilegales en Ceuta, como en el económico. España parece haberse convertido en una sala de espera de aeropuerto, donde todos miran las pantallas a la espera de saber qué ocurrirá.
