El pulso entre el Partido Popular y el Gobierno por las comparecencias sobre Ceuta llegará esta semana al Tribunal Constitucional. Los populares plantearán el martes en el Senado un conflicto de atribuciones por las ausencias de los ministros Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares, reclamados durante agosto para explicar ante la Cámara Alta el asalto masivo a la frontera de la ciudad autónoma. Los tres optaron por no acudir y posteriormente comparecieron en el Congreso.
La iniciativa concreta es el paso que el PP ya había anunciado durante el enfrentamiento con el Gobierno por las comparecencias y eleva el conflicto sobre el control parlamentario a la jurisdicción constitucional. Los populares sostienen que el Ejecutivo no puede considerar cumplida su obligación de rendir cuentas ante el Senado por el hecho de que sus ministros hayan comparecido posteriormente en el Congreso.
La Constitución establece en su artículo 66.2 que las Cortes Generales controlan la acción del Gobierno y señala en el 110.1 que “las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno”. El artículo 108 establece, por su parte, que el Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso. El PP sostiene que esta última previsión no reserva al Congreso en exclusiva las funciones de control y que una comparecencia ante la Cámara Baja no puede sustituir a otra reclamada por el Senado.
El origen del conflicto se remonta a agosto, cuando la Cámara Alta reclamó la presencia urgente de Marlaska, Robles y Albares para que explicaran la respuesta del Ejecutivo al asalto masivo de los días 30 y 31 de julio. El Gobierno defendió que los ministros debían comparecer en el Congreso y posteriormente fijó allí sus explicaciones. La decisión dejó al Senado sin las comparecencias que había solicitado y abrió un choque institucional que los populares decidieron trasladar al Constitucional.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, defenderá que el Gobierno ha menoscabado las facultades de control de la Cámara Alta. “Las sillas vacías de los ministros no pueden quedar impunes”, sostiene García, que acusa al Ejecutivo de “esconderse del Senado” y de “huir de los españoles”.
Los populares argumentan que el Gobierno no puede elegir unilateralmente ante qué Cámara comparece, cuándo lo hace ni en qué condiciones. “Quien está sometido al control parlamentario no puede escoger quién le controla”, afirma la portavoz, que considera que una comparecencia posterior ante el Congreso no sustituye ni repara la que había sido reclamada por el Senado.
El movimiento del PP se produce además después de que la Cámara Alta ya haya recurrido al Constitucional en otro conflicto relacionado con las comparecencias del Gobierno. El precedente afecta a la negativa de Pedro Sánchez a comparecer en el Senado para explicar el accidente ferroviario de Adamuz. El Constitucional admitió a trámite aquel conflicto, aunque esa decisión no prejuzga el sentido de la resolución.
La ofensiva jurídica tendrá una segunda vertiente política en el mismo Pleno del martes. El PP llevará también las propuestas de reprobación de Marlaska, Robles y Albares y añadirá a las ministras Mónica García y Ana Redondo. Los populares pretenden reprobar a los cinco miembros del Gobierno por lo que califican de “pésima respuesta” ante el asalto masivo a la frontera de Ceuta.
En concreto, el PP atribuye a los ministros una supuesta negligencia en la prevención del episodio, la falta de medidas eficaces para hacer frente a una crisis que, según los populares, se prolonga desde hace más de un mes, y la ausencia de explicaciones que consideran suficientes sobre las causas y los responsables de la entrada masiva.
La doble ofensiva permitirá al PP mantener abierto en el Senado el pulso con el Ejecutivo por la gestión de la crisis de Ceuta y trasladar al terreno institucional una disputa que comenzó con la ausencia de los ministros. Más allá de las explicaciones sobre lo ocurrido en la frontera, el conflicto plantea ahora hasta dónde llega la capacidad de una Cámara para exigir la presencia de los miembros del Gobierno cuando estos consideran que han cumplido su obligación de control compareciendo ante la otra.
