Diez millones. Es el número de viviendas que Europa necesita construir en los próximos años para afrontar lo que ya es la principal preocupación de sus ciudadanos: acceder a un hogar. Una crisis que afecta hoy a demasiados europeos y que también lastra la competitividad y el crecimiento demográfico de nuestro continente. No construimos ni renovamos lo suficiente, ni lo hacemos con la rapidez necesaria. Este conjunto de factores ha llevado al Parlamento Europeo a crear la primera comisión especial sobre la crisis de la vivienda, con un cometido: preparar la primera hoja de ruta de la Unión Europea para abordar este reto.
El informe, aprobado por una amplia mayoría de la Eurocámara el pasado mes de marzo, marca un camino claro: confiar en las autoridades nacionales, regionales y locales; impulsar la construcción y renovación de vivienda; garantizar el acceso a financiación pública y privada; diseñar políticas específicas para aquellos que más lo necesitan; y mejorar el intercambio de datos.
El verdadero reto es pasar de la coordinación multinivel a la acción y atacar el origen del problema: la falta de vivienda. Urge resolver el enorme déficit de oferta. Hablamos de la necesidad de construir 10 millones de viviendas en el conjunto de la UE. Solo en nuestro país se ha acumulado un déficit de 750.000 viviendas entre 2021 y 2025, según el Banco de España. El pasado año se terminaron unas 92.000 viviendas, mientras se crearon alrededor de 240.000 hogares. Los números no salen. Ante esta situación, es inevitable que los precios sufran una fuerte presión al alza. El informe del Parlamento no solo expone las causas, sino que ofrece medidas concretas para revertir la situación.
La Unión Europea cuenta con herramientas a su alcance. Hoy sabemos que es fundamental impulsar un proceso de simplificación normativa. Los excesos regulatorios están impactando de manera muy negativa en la construcción. Hay que movilizar suelo. Tenemos que agilizar la concesión de permisos. No puede ser que la concesión de permisos se demore hasta dos años. Hay que reducir la carga impositiva. Proponemos una reforma de la Directiva del IVA para que se pueda aplicar un tipo superreducido. Necesitamos impulsar la innovación en el ámbito de la construcción: la industrialización, la construcción modular o prefabricada pueden contribuir a la solución del problema. Y es fundamental que garanticemos la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario.
Y si queremos construir 10 millones de viviendas, es imprescindible movilizar capital. Sabemos de sobra que los fondos públicos nunca van a ser suficientes. La atracción de inversión privada es fundamental. Hay que garantizar que el crédito llega a las pequeñas y medianas empresas constructoras. Hay que promover la colaboración público-privada. También debemos aprovechar los fondos europeos, el papel del Banco Europeo de Inversiones y la anunciada plataforma paneuropea de inversión en vivienda.
Un ejemplo. El Gobierno de mi comunidad ha puesto en marcha el plan Más Vivienda Aragón, que ha movilizado más de 300 millones de euros para la construcción de vivienda de alquiler asequible. De ellos, 103 millones corresponden a fondos europeos. En el marco de este plan y a modo de ejemplo, solo en la ciudad de Zaragoza, está previsto impulsar un total de 1.714 viviendas asequibles en los próximos cuatro años.
El Parlamento lo tiene claro: hay que actuar sobre la oferta y la financiación. El margen de actuación de la Comisión Europea es amplio. Lo que necesitamos es acierto y determinación.
Sin embargo, la primera propuesta que ha puesto sobre la mesa no parece ir en esa dirección. El pasado 9 de septiembre, la Comisión presentó un primer paquete de medidas que incluye una serie de recomendaciones a los Estados miembros y una propuesta legislativa sobre Vivienda Asequible. Entre las recomendaciones hay algunas que merecen la pena ser destacadas: acelerar permisos y licencias, reducir los plazos de construcción hasta 60 días, facilitar el acceso de los jóvenes y aprovechar mejor la financiación europea. Suena bien, pero por el momento son solo eso: recomendaciones.
Sin embargo, la segunda propuesta de este paquete, la llamada Ley de Vivienda Asequible, representa un jarro de agua fría. Se trata de una propuesta de reglamento que pretende regular los alojamientos turísticos de corta duración sin que resulte evidente su contribución a resolver el problema de la vivienda, y que abre la puerta a establecer restricciones sobre la compra de segundas residencias o terrenos que no se utilicen como residencia principal. Esta propuesta choca frontalmente con algunos principios fundamentales del proyecto europeo, como la protección de la propiedad privada, la libre competencia y la economía de mercado. Y no solo eso: es una medida que ya ha sido testada en otros países. Francia y Suiza son dos ejemplos. Según diversos estudios, estas medidas pueden contener parcialmente los precios, pero también tienen efectos negativos sobre el empleo y la actividad económica. Difícilmente esta puede ser la mejor respuesta al problema que tenemos delante.
Habíamos depositado nuestras esperanzas en los primeros pasos de la Comisión. Hoy solo hay decepción. Esta propuesta parece responder más a prejuicios ideológicos e intereses políticos que a una voluntad real de resolver el problema de la vivienda. El comisario socialdemócrata Jørgensen y la vicepresidenta Ribera se equivocan. Parece que pretenden trasladar algunos retazos de la política de vivienda del Gobierno de España. Esa que premia el intervencionismo, limita precios, ahuyenta la inversión y reduce la oferta. Los resultados están a la vista: España acumula algunos de los peores datos de esta crisis. Son medidas que no solucionan el problema y que, por el contrario, contribuyen a agravarlo. Si esto es lo mejor que tienen que ofrecer, apañados vamos. Vale la pena recordar que ya fueron propuestas en el proceso de aprobación del informe del Parlamento Europeo. ¿Qué pasó? Que no cuentan con una mayoría suficiente. Les auguro un mal futuro en su proceso de aprobación.
Insisto: necesitamos construir 10 millones de viviendas en la Unión Europea. Casi un millón en España. No podemos pretender solucionar la escasez regulando sus efectos, como pretende la izquierda. Hace falta generar crecimiento y abundancia. Urge atraer inversión, no ahuyentarla. Y para ello necesitamos simplificar la regulación, reducir la burocracia, bajar impuestos, fomentar la innovación y atraer financiación, tanto pública como privada. El resto son recetas de quienes parecen querer cronificar esta situación. El plan lo tenemos. Ahora falta la determinación.
Eurodiputado popular. Ponente del Informe de la Comisión Especial sobre la Crisis de Vivienda en el Parlamento Europeo.
Publicación elaborada en el marco del proyecto ‘Europa de Vanguardia’, con el apoyo del Parlamento Europeo y siguiendo el criterio editorial de ‘La Vanguardia’
