El Parlament debate este miércoles una ley para fijar un salario mínimo catalán de referencia

El pleno del Parlament de Catalunya debate y vota este miércoles una proposición de ley registrada por Junts para fijar un salario mínimo catalán de referencia que sea de 1.400 euros en 14 pagas, lo cual supone un bruto anual para el trabajador de 19.600 euros en el 2026 como punto de partida.

El salario mínimo interprofesional (SMI) en España es de 17.094 euros brutos anuales distribuidos en 14 pagas de 1.221 euros al mes. Dado el mayor coste de la vida en Catalunya, JxCat propone que en esta comunidad la cifra de referencia se superior, pero el PSC, los comunes, Vox y el PP han presentado una enmienda a la totalidad y, si nada cambia, caerá la iniciativa. Con todo, los socialistas catalanes no descartan cambiar de posición a última hora. Los comunes, aunque dicen estar a favor de una referencia catalana más alta, critican el texto porque solo obliga a la administración y porque, a su juicio, “parece una ley a medida de la patronal”.

Con la propuesta de ley, este salario mínimo de referencia solo sería obligatorio en el sector público, en la Administración de la Generalitat de Catalunya y los entes que dependen de ella, así como en otras instituciones locales. En el resto de sectores, sería una mera referencia y no sustituiría el SMI obligatorio que fija el Gobierno de España. De hecho, en la Moncloa tienen intención de intentar aprobar un nuevo SMI antes de los comicios del 29-N. 

En la proposición de ley, también se quiere promover el cumplimiento de este salario de referencia en aquellas empresas que tiene contratos con la administración o bien aquellas que reciben subvenciones de la Generalitat. Y medidas fiscales para que las pymes también paguen la referencia catalana. Este último aspecto es el que más molesta a los comunes. 

Si nada cambia, la iniciativa caerá en el pleno de este miércoles, puesto que hay una mayoría absoluta en contra de fijar esta referencia. 

La ley se registró en febrero, “con la intención de aumentar el poder adquisitivo de los jóvenes y las familias”, según ha detallado el portavoz parlamentario de Junts, Salvador Vergés, en una rueda de prensa en la que ha abierto la puerta a “negociar hasta el último minuto”. 

“No entendemos por qué nos presentan una enmienda a la totalidad. Les pedimos que en las horas que quedan retiren la enmienda a la totalidad. Estamos dispuestos a negociar e introducir cambios”, ha señalado Vergés sobre el veto de PSC y los comunes a la norma. “No pueden llenarse la boca hablando de subir salarios y luego impedirlo en el Parlament”, ha añadido el diputado posconvergente, que ha pedido coherencia a las dos formaciones. 

El SMI lo regula el Gobierno cada año tras consultar a sindicatos y patronales

El SMI lo regula el Gobierno centra anualmente, tras consultar a las organizaciones sindicales y las patronales más representativas en la mesa del diálogo social. A principios de octubre, la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Ejecutivo central, Yolanda Díaz, puso en marcha el proceso para fijar el salario mínimo para el 2027. 

El presidente de la gran patronal, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, criticó la semana pasada al Gobierno por tratar de aprobar la subida en periodo electoral. “Es increíble que el Gobierno esté utilizando el poder que tiene en plena campaña electoral para actuar de una manera que nosotros no entendemos”, denunció Garamendi.

Catalunya no tiene competencias para fijar un salario mínimo propio, si bien esta iniciativa busca incentivar que se pague desde las empresas y obliga a la administración. 

Iñaki Pardo Torregrosa

Redactor de La Vanguardia y colaborador de la revista cultural El Ciervo. Cubre la actualidad política catalana desde 2017

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