En los últimos días hemos visto el regreso de conflictos más o menos abiertos en Francia, Italia, Grecia o Portugal, y también en España. No es que no lo esperáramos: la ruptura del contrato social, la creciente desigualdad, el deterioro de las expectativas de futuro, el temor a los efectos de la IA o la pérdida de calidad de servicios públicos estaban ahí, a la espera de su manifestación pública. Ello tiene una particular traslación política: en Europa, la extrema derecha, y también la extrema izquierda, va ganando posiciones.
Su crecimiento refleja los efectos sobre el nivel de vida que ha generado la globalización neoliberal de las últimas décadas, vieja tesis que amplié hace unos años en Un mundo distópico (2024), y para los que las élites gobernantes no tienen propuestas adecuadas. Porque atribuir el crecimiento de la extrema derecha al amplio uso que hacen de las redes sociales o a un contubernio antieuropeo exterior (Trump o Putin) muestra un claro error de diagnóstico. Y, ya saben, si no aciertan en este, es muy difícil, si es que es posible, ofrecer soluciones efectivas.
La redistribución que exigiría un contrato social tiene poderosos intereses en contra
Añadan a este trasfondo de tensiones crecientes lo que ha sucedido estos últimos años, y en el 2026 en particular, en inflación y tipos de interés. Ahí la dinámica del IPC es más que preocupante: su alza en España (4,9% en septiembre) refleja el aumento de carburantes y combustibles (22,8% anual), acompañados de otros sectores que aprovechan el tirón: los bienes industriales no duraderos avanzan a un ritmo del 14,5%; los hoteles, casi el 10%; los seguros, más del 6% (los de salud, cerca del 9%, y los de deceso y accidentes, un 6,9%), mientras los alimentos crecen un 2,9% (las frutas, cerca del 8%, y las hortalizas, legumbres y patatas, un 5,7%). Un panorama ciertamente desolador.
Además, como no hay alegría en casa del pobre, la inflación está impulsando al alza los tipos de interés. Y ello tanto los del crédito hipotecario, que se acercan ya al 3%, como los del resto del crédito y, en particular, los de la deuda pública, con los bonos del Tesoro a diez años superando el 4%. Con ello, ha aumentado el pago de intereses de las administraciones públicas: entre el 2021 y el 2025, un incremento de más de 16.000 millones de euros (desde los 27.000 hasta casi 44.000 millones). Dado que hay que continuar renovando deuda emitida entre el 2016 y el 2022 a tipos de interés prácticamente nulos, se calcula que ese coste puede aumentar en los próximos años en otros 20.000 millones. Con esta dinámica, la capacidad del Gobierno para atender los déficits sociales existentes se está reduciendo dramáticamente.
Para quien quiera verlas, las bases materiales del amplio malestar social, al igual que lo que nos aguarda, están ahí. También son conocidas las soluciones para reconstruir un imprescindible contrato social, aunque la redistribución que exigiría tiene poderosos intereses en contra. Mal asunto. Para todos.
