El Consejo de Estado ha aprobado este viernes «por unanimidad» su dictamen sobre el real decreto para ordenar el despliegue de los centros de datos, según ha podido confirmar La Vanguardia.
Este era el último trámite que debía pasar el documento para que pueda ser aprobado por el Consejos de Ministros antes de que se celebren las elecciones del 29 de noviembre, con el fin de blindar la norma ante la avalancha de tramitaciones judiciales que se espera que llegue por parte del sector indignado con la regulación establecida.
Los empresarios del sector habían puesto en el organismo presidido por Carmen Calvo todas sus esperanzas para frenar una norma que según ha advertido, pone en riesgo los 67.000 millones de euros que ya han anunciado inversiones en España. “Desde la redacción del primer borrador ya hay 9.000 millones que han buscado otros destinos ante la inseguridad jurídica española”, alertaban desde la patronal Spain DC la apenas una semana.
El texto que ha analizado el Consejo contenía unas bases que, según los Ministerios de Transición Ecológica y Transformación Digital que son los que han liderado la norma, buscan garantizar un despliegue ordenado para que la llegada de estas nuevas infraestructuras a España no tenga efectos negativos en la competencia por los recursos hídricos y que su presencia tenga los mínimos efectos posibles en la factura de los consumidores finales de electricidad, dado el elevado consumo de estas infraestructuras y su impacto en el sistema eléctrico.
Entre los requisitos más destacados y que menos han gustado al sector está el de ligar la puesta en marcha de estas instalaciones a ir acompañadas de una nueva generación eléctrica capaz de cubrir el 80% del consumo energético que vayan a realizar en cada una de las horas de funcionamiento con planes de compras a plazo (PPAs) de un mínimo de 6 años completados con baterías, para aprovechar las horas centrales del día con más producción solar para almacenar, en todo o en parte, la energía que utilizará durante la noche.
A su vez, se ha abierto un régimen transitorio de un plazo de cinco años, hasta 2031, para su cumplimiento. Los proyectos que se acojan a este régimen transitorio deberán cumplir unas condiciones. Por un lado, el porcentaje de generación asociada nueva y renovable que deben poner en marcha será del 60% del consumo, pero no en todas las horas, sino solo durante las horas punta de su nivel de tensión. Es decir, principalmente durante las noches, cuando la energía eléctrica es más cara y se dan los picos de demanda. Este requisito se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2028. A partir de esa fecha y hasta el año 2031, el volumen de generación nueva y renovable que deben justificar será del 70% tanto en las horas punta como en las llano.
A su vez, las plantas que se acojan a este período transitorio deberán ponerse a disposición del operador del sistema, Red Eléctrica (REE), para ser gestionadas de forma flexible. Es decir, que en casos de que el sistema eléctrico lo necesite, el operador pueda desconectarlas en una operativa similar a lo que ahora ocurre con las grandes industrias. Con una gran diferencia. Mientras que a las grandes industrias se les paga por participar en lo que se denomina Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), los centros de datos deberán cumplir los requisitos para participar en este sistema, pero sin retribución a cambio, y serán la primera tipología en ser desconectada en caso necesario.
