El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo animó a los 2,7 millones de inquilinos potencialmente afectados por la prórroga de los alquileres a enviar un burofax a su casero como la llave para que la ampliación del contrato tuviera validez. Sin embargo, los afectados no tienen claro que ese documento blinde a arrendadores frente a arrendatarios. El ambiente general es de confusión, lo que hace aumentar la inestabilidad en un mercado ya de por sí complicado desde hace tiempo.
Santiago es uno de los remitentes de burofax. “Cuando se aprobó el decreto, lo mandamos”. No recibieron respuesta. Comparte piso con dos personas más en Carabanchel, en Madrid. “Damos por seguro que el contrato se nos prorrogaría porque entendemos que tendríamos derecho al haberlo hecho durante el tiempo en vigor del decreto”. Pero no tiene la seguridad total. “Si la casera quiere echarnos, que vaya a un tribunal y nos demande, veremos los plazos judiciales”.
“No tengo ganas de líos legales; me planteo volver a vivir con mis padres”, lamenta Marta, de Barcelona
El problema de muchos inquilinos es que buscar un piso al que mudarse en este momento es prácticamente imposible. Las colas del alquiler son cada vez más largas y los requisitos de los caseros, más exigentes. Darío está atrapado en esta situación. Vive en Las Palmas y su contrato finaliza el 1 de febrero del 2027. “El 20 de abril mandé el burofax al dueño, 32 euros me costó”, comenta. “Me contestó que no iba a aceptarlo”. Su situación es límite. Ha pagado puntualmente, pese a cobrar el subsidio. Tiene 65 años y sólo quiere continuar en esa vivienda dos años más para jubilarse a los 67. “Le he dicho a mi mujer, que es dependiente, que no nos vamos a marchar”, asegura.
Marta (nombre ficticio, la afectada ha pedido preservar su anonimato) se encuentra asimismo en una situación límite. Vive con su pareja en un pequeño piso del barrio de Les Corts, en Barcelona, por el que paga más de 800 euros al mes. El contrato finaliza en agosto y a principios de abril envió un burofax a su casero para acogerse a la prórroga de dos años. “No me contestó, en la inmobiliaria dicen que quiere vender la vivienda”, cuenta esta mujer de 31 años. Ahora, busca una alternativa de urgencia, aunque asegura sentirse abrumada y sin fuerzas como para iniciar un proceso legal. “No tengo ganas de líos legales; hemos propuesto al propietario extender el contrato al menos unos meses, para tener más tiempo de buscar un nuevo piso, pero no quiere, y encontrar un alquiler en Barcelona es casi imposible, por cada oferta hay 200, 300 solicitudes…”, explica. Tanto es así que se ha planteado volver a vivir con sus padres mientras intenta conseguir una vivienda propia.
Mejor suerte ha tenido Amanda, vecina del número 37 de la calle Riereta de Barcelona, donde los vecinos, junto al Sindicat de Llogateres, se han movilizado para preservar sus alquileres. “Mi contrato vencía en marzo de este año, y pedí la prórroga de dos años justo en el periodo de vigencia del decreto”, explica. El propietario, uno de los mayores fondos inmobiliarios en España, tuvo que aceptar la extensión. Pero otros vecinos, con contratos que expiran en los próximos meses, no han recibido respuesta. “El fondo está convirtiendo los pisos que se quedan sin inquilinos en Airbnb”, asegura.
Entre los caseros también cunde la inseguridad. Antonio es propietario de varias viviendas. Compra, reforma y pone en alquiler. Su opinión es clara tras lo vivido con el decreto: “Alquiler tradicional, nunca más. Los pisos que compre irán al alquiler de temporada o a la venta”, asegura. “En lugar de facilitar a quienes ofrecemos vivienda en alquiler, nos lo dificultan”, opina. “El decreto complica que pequeños propietarios se animen al mercado del alquiler”, concluye.
La particularidad catalana
Catalunya es la única comunidad autónoma donde prácticamente toda la población (90%) vive en una zona declarada como tensionada. Esto ha hecho que el alcance de la prórroga de dos años sea menor. “Los inquilinos pueden pedir una prórroga de tres años por estar en zona tensionada”, sostiene Òscar Gorgues, gerente de la Cambra de la Propietat Urbana”. Es el caso de Joan García, propietario de un piso en Ripollet. “Mi inquilino quería acogerse al decreto, y le expliqué que podía ganar un año más si aplicábamos la LAU; nunca me ha dado problemas, quiero mantenerlo”.
