La Comisión Europea ha dado luz verde este viernes a que España implemente un millonario mecanismo antiapagones para reforzar el suministro eléctrico y evitar episodios como el de abril del año pasado, cuando gran parte de la península ibérica se quedó a oscuras. Las cifras son enormes: el sistema aprobado bajo las normas de ayudas estatales de la UE tendrá un coste de 900 millones anuales, es decir, de 9.000 millones para los 10 años que se prevé de duración.
Se trata de una propuesta del Gobierno español que solamente requería la última autorización de Bruselas y que, bajo este sistema, permitirá pagar a energéticas para inyectar electricidad en el mercado o a las industrias para reducir el consumo. Es decir, facilitará al Ejecutivo de Pedro Sánchez que financie a las grandes empresas energéticas con este dinero a cambio de que aumenten la producción de electricidad y lleven a cabo inyecciones adicionales en el mercado cuando sea necesario, siempre y cuando lo requiera la operadora Red Eléctrica.
Estas inyecciones y su alcance se determinarán a través de subastas, y su coste se reflejará en el recibo de la luz de los consumidores. Además, permitirá pagar también a las grandes industrias para reducir la demanda. La Comisión ha determinado que se trata de una medida “necesaria” y “proporcionada”, con salvaguardas para evitar que los precios para los consumidores suban excesivamente o que se distorsione la competencia transfronteriza.
A diferencia de mecanismos antiguos, este sistema estará abierto a “todos los proyectos, existentes o nuevos, que ofrezcan disponibilidad en tiempos de escasez”. Incluyen proyectos nuevos y existentes de generación, almacenamiento de energía y operadores de respuesta de la demanda, es decir, los que reducen su consumo ante la escasez.
“Ahora más que nunca, necesitamos un suministro eléctrico seguro en toda Europa. Los mecanismos de capacidad pueden contribuir a garantizar esta seguridad, siempre que se diseñen de tal forma que se eviten distorsiones de la competencia en los mercados energéticos”, ha valorado el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis.
“Este nuevo mecanismo contribuirá a garantizar que España disponga de suficiente energía durante los periodos de escasez. Los proveedores de capacidad se seleccionarán mediante un proceso de licitación competitivo, lo que garantizará una competencia efectiva”, ha indicado, en un comunicado.
La idea nació en el 2023, cuando la actual vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, estaba al frente del Ministerio de Transición Ecológica. Sin embargo, Ribera no ha tenido nada que ver con este asunto porque ella misma se recusó del mecanismo de capacidad al iniciar su mandato comunitario. Era, por lo tanto, una idea anterior al apagón del año pasado, pero sí que puso en evidencia la necesidad de que España se dotara de nuevos seguros de emergencia.
