Tres semanas después de lo ocurrido en Ceuta, algunas cosas empiezan a estar más claras. Hasta ahora, la información oficial de los servicios de inteligencia españoles no apunta a que Marruecos organizara la entrada masiva del 30 de julio, aunque sí concluyen que hubo permisividad. Seguimos sin saber qué información previa manejaban realmente las autoridades españolas. No hay, por tanto, elementos que permitan presentar lo sucedido como una operación diseñada para cuestionar la soberanía española.
En su origen fue, sobre todo, una crisis migratoria protagonizada por miles de personas, la mayoría, jóvenes marroquíes, que intentaban llegar a Europa. Así lo entendieron también los propios partidos marroquíes, que centraron buena parte de sus primeras críticas en el desempleo juvenil, las desigualdades, la falta de perspectivas y las responsabilidades del propio Gobierno.
En España, sin embargo, el debate cambió de naturaleza casi inmediatamente. Pedro Sánchez habló de un “ataque” y de una “violación de la integridad territorial”; Feijóo dijo que “un territorio español está siendo ocupado” y convirtió la crisis migratoria en una “crisis de soberanía”; Vox habló directamente de “invasión”. España tenía que reaccionar ante una situación gravísima y tenía todo el derecho a exigir explicaciones a Marruecos. Pero una entrada masiva de inmigrantes, por excepcional que sea, no es automáticamente una reivindicación territorial.
Para los ceutíes, una entrada de esta magnitud no es una abstracción ni un simple episodio político. Afecta a la seguridad, a los servicios públicos y a la vida cotidiana de una ciudad fronteriza sometida a una enorme presión. Pero tampoco es, para quienes llegan, unas vacaciones en la playa.
A partir de ahí, el debate se desbocó. Durante semanas, conceptos como invasión, ocupación, soberanía e integridad territorial han ocupado buena parte del debate público. Y el contexto electoral importa. España tiene ya las elecciones de 2027 en el horizonte y la inmigración se ha convertido en uno de los grandes terrenos de competición política. El Gobierno necesitaba mostrar firmeza, el PP no podía aparecer menos firme que el Gobierno y Vox tenía todos los incentivos para llevar el discurso todavía más lejos. A Sánchez también le interesa desplazar el foco de sus propios errores de gestión y de un escenario interno cada vez más complicado hacia un terreno, el de la soberanía, políticamente mucho más favorable.
A Sánchez le interesa desplazar el foco de sus propios errores de gestión y de un escenario interno más complicado hacia la soberanía, políticamente más favorable
Esa sobrerreacción no ha creado la reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla. Marruecos nunca ha renunciado realmente a ella. Pero sí ha tenido una consecuencia: ha vuelto a colocar la cuestión territorial en el centro de una relación en la que, durante los últimos años, se había conseguido mantenerla en un segundo plano.
El problema es que Marruecos tampoco vive al margen de la política y también está en campaña electoral. Sus elecciones legislativas se celebran el próximo 23 de septiembre y la crisis de Ceuta había abierto un debate incómodo para el propio Gobierno. Llevar ahora la discusión al terreno de la reivindicación territorial permite desplazar el foco de esas cuestiones internas.
No es irrelevante que Abdellatif Ouahbi, quien acaba de reivindicar el “derecho histórico y geográfico” de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y de proponer una comisión bilateral para discutir su futuro, sea ministro de Justicia, dirigente del PAM —uno de los partidos de la coalición de Gobierno— y candidato en las próximas elecciones por Taroudant Norte.
Nada de ello convierte retrospectivamente a aquellos jóvenes en protagonistas de una operación territorial que, según la información disponible, no existió como tal, aunque, repito, alguien miro para otro lado.
Y mientras la política escala, los dos Estados hacen casi lo contrario. Marruecos ha reforzado los controles, ha impedido nuevas entradas masivas y la cooperación con España se ha recuperado. Madrid mantiene su estrategia de relación con Rabat y Europa sigue reforzando financieramente la gestión de fronteras y la cooperación migratoria con Marruecos.
