El Gobierno de Pedro Sánchez ha salvado este miércoles sin tacha numérica el examen veraniego de la Diputación Permanente del Congreso. El acta oficial reflejará un pleno limpio, con cero votaciones perdidas para el bloque de la investidura y la retirada por parte del PP de la solicitud para forzar la comparecencia del presidente, después de que Moncloa anunciara previamente que Sánchez comparecerá a iniciativa propia. Pero la marejada política ha discurrido por aguas subterráneas. A escasas semanas de que arranque un curso político decisivo, con la negociación de los presupuestos generales en el horizonte y la convocatoria de elecciones cada vez más cerca, los socios de investidura han aprovechado el retorno parlamentario para recordarle al Ejecutivo que le concedieron al inicio de la legislatura no es un cheque en blanco.
En las cinco votaciones celebradas para exigir la comparecencia extraordinaria de los ministros Sara Aagesen, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Carlos Cuerpo, la oposición —que sumaba 34 escaños frente a los 35 del bloque de investidura— ha perdido todas. El Gobierno ha conservado así su mayoría parlamentaria, pero el debate ha expuesto las fisuras de un bloque sometido al desgaste de la crisis migratoria de Ceuta y a los recelos cruzados entre departamentos ministeriales.
El primer aviso de la jornada lo han dado el PNV y Podemos. El PSOE pretendía agendar la comparecencia de Pedro Sánchez para el 9 de septiembre, ya dentro de una sesión ordinaria del nuevo periodo de sesiones. Sin embargo, los socios han presionado para adelantarla al día 3. El Ejecutivo ha acabado aceptando la convocatoria de un pleno extraordinario en la última semana de agosto. El cambio puede parecer un simple matiz procedimental, pero políticamente tiene lectura. Los socios han dejado claro que consideran demasiado tarde el calendario inicialmente planteado por el PSOE y quieren explicaciones cuanto antes.
La propia secuencia de la jornada resulta significativa. Moncloa ha anunciado la comparecencia antes de que comenzara la Diputación Permanente, desactivando así la principal votación que había planteado el PP. Pero también ha tenido que asumir que el calendario lo van a condicionar sus socios parlamentarios.
Junts per Catalunya, por su parte, ha marcado perfil en un terreno de máxima sensibilidad para la formación de Carles Puigdemont. La inmigración. Los posconvergentes han cuestionado la gestión gubernamental de la crisis y han llegado a plantear un careo entre Grande-Marlaska y Robles para dirimir la controversia sobre los informes del CNI previos a las entradas masivas en Ceuta. La propuesta no ha prosperado, pero el gesto mantiene abierta una de las principales vías de desgaste del Ejecutivo. Su portavoz, Míriam Nogueras, ha enfatizado que la inmigración será uno de los terrenos en los que pretende marcar diferencias después de registrar a primera hora del día su proposición de ley para la delegación de competencias migratorias a la Generalitat.
Marta Madrenas, diputada de Junts, ha situado esa disputa en un marco más amplio al sostener que el “problema de fondo” es que el Gobierno de Sánchez “no tiene una política migratoria seria”. A su juicio, mientras el presidente continúa presentando a España como una “excepción virtuosa”, cada vez son menos quienes compran ese relato.
El distanciamiento tampoco se ha limitado a los aliados externos. Desde el propio grupo de Sumar, el diputado de IU Enrique Santiago ha reclamado aclarar si el CNI disponía de información sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta y si “alguien decidió no pasarla al resto de ministerios”. Santiago ha explicado que su grupo ha pedido la comparecencia de la directora del servicio de inteligencia porque tiene la “impresión” de que esa información no fue trasladada a otros departamentos.
El planteamiento es especialmente incómodo para el ala socialista del Ejecutivo. Sumar da credibilidad a Interior y a la Delegación del Gobierno en Ceuta cuando sostienen que no recibieron informes sobre una entrada masiva de migrantes, pero al mismo tiempo quiere aclarar si los servicios de inteligencia disponían de información que no llegó a esos departamentos. “Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto de ministerios”, ha advertido Santiago, “sería muy grave”.
Los socios de investidura coinciden en una advertencia que va más allá de las cinco votaciones de este miércoles. El respaldo parlamentario al Gobierno no equivale a un cheque en blanco. Pueden seguir sumando 35 votos frente a los 34 de la oposición y permitir que la maquinaria parlamentaria de Moncloa funcione, pero eso no significa que vayan a aceptar sin discusión sus tiempos, sus decisiones o su gestión de las crisis que puedan comprometerles ante sus propios electorados.
Entre los socios de investidura coinciden en señalar que el PSOE “no debería sacar pecho del resultado de las votaciones”. “Las han ganado, y es verdad que cuentan con un gran mecánico como Rafael Simancas, que sabe exprimir el motor al máximo, pero lo cierto es que los daños de la carrocería son cada vez más visibles”, apuntan estas fuentes parlamentarias.
