El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya ha avalado la proposición de ley de Cambres, incluido el esquema de las sillas de plata, aquellas vocalías reservadas para las empresas que más dinero aportan a los entes. Estas habían centrado la polémica por su reserva, lo que llevó en julio a los Comuns y la CUP a solicitar un dictamen al Consell referente a este capítulo y otros dos, centrados en su representación y su papel en la formación profesional (FP). El órgano consultivo ve la totalidad conforme al marco del Estatut y la Constitución Española. La ley se tramita en el Parlament, que está sin actividad hasta finales de septiembre.
En un dictamen unánime conocido hoy, el Consell reconoce como válida tanto la reserva de una parte específica de las vocalías –algo igualmente contemplado en la ley estatal– como la participación de quienes las ocupan en la elección de la presidencia y el comité ejecutivo.
El Consell apunta que en la proposición de ley se recogen varias maneras de elegir las vocalías: un mínimo de dos tercios por sufragio libre, igual, directo y secreto; un segundo grupo -hasta un 10%- de personas de prestigio en la vida económica del ámbito territorial de la cámara, elegidos por los vocales anteriores; y un tercer grupo “correspondiente a las empresas de más aportación voluntaria”. Es decir, suponen una parte menor: el Consell ve “especialmente relevante” que se elija al menos dos tercios del pleno por sufragio, lo que “garantiza” que se responda a la voluntad del conjunto del censo empresarial y que haya una “participación plural y equilibrada”, se recoge en una nota. Así, no se vulneran principios de igualdad o democracia.
Recientemente, la Cambra de Comerç de Barcelona aprobó ampliar de 2 a 10 las sillas de plata en el ente, que cuenta en total con unos sesenta asientos. Salió adelante en una votación muy ajustada, que deshizo el presidente Josep Santacreu, con oposición de Pimec y Eines de País. En su caso, tras la modificación 44 se eligen por sufragio. El Consell entiende que una de las finalidades de la mayor representación va ligada a la sostenibilidad de las finanzas de las cámaras. En una entrevista con La Vanguardia hace unas semanas, Santacreu defendía las sillas de plata y su ampliación por permitir “ajustar la representatividad de los diferentes tipos de empresa que hay en el pleno a la realidad económica”, con más peso para la gran empresa.
La ley de Cambres, elaborada por las propias cámaras y que ha supuesto encontronazos entre la Cambra de Barcelona y la patronal Pimec, lleva una década encallada sin llegar al Parlament. Estaba prevista una votación el pasado julio, pero la remisión al Consell de Garanties la dejó en pendiente. El trámite parlamentario se podría retomar con el reinicio de su actividad, a finales de septiembre.
La representatividad y la FP, también válidas
Al margen de las sillas de plata, el Consell avala asimismo la participación de las cámaras en organismos y ámbitos administrativos, públicos y público-privados. Se circunscribe a los que traten de comercio, industria, servicios o navegación, sin que ello vaya en contra de la representatividad de sindicatos y patronales, como en las mesas del diálogo social, lo que había generado choques con Pimec. También ve ajustado que se las consulte en las políticas públicas que le afecten. En cualquier caso, señala que las normativas sectoriales pueden concretar más este apartado.
Por último, se avala la participación de las cámaras en la formación profesional y la FP dual, así como en el reconocimiento de competencias profesionales adquiridas con la experiencia laboral. Era otra de las cuestiones que se habían planteado al Consell, que cita la jurisprudencia constitucional para destacar que las cámaras contribuyen a formar y readaptar profesionales y a la promoción laboral. En este apartado tampoco cree que choque con funciones desarrolladas por sindicatos o patronales.
