Examen superado, y con un margen de 3.500 millones para, si fuera necesario, ampliar el escudo de medidas extraordinarias por la guerra en Irán. El Gobierno ha confirmado este jueves a la Comisión Europea que España cumplió en el 2025 con los compromisos fiscales exigidos en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo que fue presentado en octubre del 2024 y que es la guía de planificación económica a siete años vista del país. El Ministerio de Economía remitió a última hora de ayer a Bruselas el Informe de Progreso Anual, donde detalla que el gasto primario neto, conocido como gasto computable, creció durante el año pasado un 4,5%, excluyendo el margen de flexibilidad para aumentar la inversión en defensa. La cifra se encuentra dentro de los márgenes permitidos.
En el bienio 2024-2025, el gasto computable de España creció un 8,7%, que también se encuentra dentro de los límites que marcan las reglas fiscales europeas. En total, el saldo positivo acumulado durante los dos últimos años equivale a dos décimas del PIB, que son casi 3.500 millones, y que se incorporan a la llamada cuenta de control. Ese margen extra “servirá para compensar desviaciones futuras del cumplimiento de la regla de gasto”, explicó el Gobierno en el informe remitido a Bruselas. Es decir, si hubiera que reforzar el escudo anticrisis porque las consecuencias de la guerra en Irán van a más, el Ejecutivo dispondría de este colchón extraordinario. Hay que recordar que el paquete que está en vigor, con bajadas de impuestos en electricidad y carburantes tiene un coste fiscal de más de 5.000 millones.
La ratio de deuda sobre PIB cerrará este año en el 99,3%, bajando del 100% por primera vez desde el 2019
Para el 2026, España prevé volver a cumplir con la regla de gasto, algo que la Airef pone en este momento en duda. El crecimiento del gasto computable se situará en términos anuales en el 4,2% y en el acumulado del periodo 2024-2026 se situaría en el 13,3%, ambas cifras por debajo de los límites del 0,3% y del 0,6% del PIB que establecen las reglas fiscales europeas para esta variable.
Tal y como avanzó el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, el Gobierno ha decidido no reducir aún en el informe remitido a Bruselas la previsión de crecimiento de la economía española para este año, manteniendo la estimación del 2,2% del PIB. Sin embargo, el Informe de Progreso Anual remitido a Bruselas sí contempla una reducción del crecimiento que podría oscilar entre una décima y cuatro décimas del PIB, lo que implicaría una merma de 8.000 millones. Y todo ello si el conflicto no se perpetúa en el tiempo, lo que aumentaría el impacto en la economía española. Las estimaciones del Banco de España son aún más crudas y elevan hasta ocho décimas la merma potencial en el PIB para este año. Lo mismo ocurre con la inflación, que crecerá en un punto como mínimo sólo por el impacto del conflicto. El Ministerio de Economía estima que el alza de los precios alcance el 3,1% interanual a final de año.
En el 2025, España también cumplió con su objetivo de déficit público. El saldo público se situó en el 2% del PIB descontando medidas extraordinarias (las de la dana) lo que supone una reducción de 0,3 puntos porcentuales respecto al 2024 y se queda 5 décimas por debajo del 2,5% comprometido. Computando el impacto de la riada en Valencia, el déficit cerró el ejercicio en el 2,4%.
Además, por primera vez en 18 años, España registró en el 2025 un superávit primario, excluyendo los costes de la dana. Es decir, los ingresos públicos superaron a los gastos descontando el pago de los intereses de la deuda.
La ratio de deuda pública sobre PIB cerró el año pasado en el 100,7%, por debajo del 101,4% previsto en el plan fiscal estrucutral. La previsión para el 2026 sitúa la deuda en el 99,3% del PIB, por debajo del umbral del 100% por primera vez desde el 2019 y adelantando un año el objetivo que se fijó el Gobierno para el final de la legislatura.
El gasto en defensa llega al 2% del PIB
El Gobierno comunicó ayer por escrito a Bruselas que en el 2025 ya alcanzó el 2% del gasto en defensa según las estimaciones oficiales de la OTAN. El compromiso sellado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el 2014 en la cumbre de Cardiff y acelerado por el de Sánchez se cumplió, por tanto, el año pasado tras un histórico incremento de los recursos. El 2% del PIB equivale a unos 34.000-35.000 millones de inversión en materia militar. El Ministerio de Economía contempló en el Informe de Progreso Anual remitido ayer a la Comisión Europea que ha tenido en cuenta este incremento del gasto en defensa para calcular el aumento del gasto computable. En concreto, la inversión en defensa representó 0,3 puntos porcentuales del crecimiento del gasto computable. Para seguir aumentando este compromiso con la OTAN, al que Donald Trump ya ha hecho referencia en varias ocasiones, España solicitó a Bruselas el pasado 13 de abril la activación de la cláusula nacional de escape, una herramienta de flexibilidad propuesta por la Comisión Europea para acomodar el aumento del gasto en seguridad y defensa. Este mecanismo ha sido reclamado de forma coordinada por otros 17 Estados miembros.
