Las empresas de defensa ya conocen cuántos millones van a ingresar en los próximos años en contratos de armamento. En total, el gasto público comprometido es de más de 22.600 millones. El Gobierno ha desglosado cómo queda configurado el reparto de los grandes programas militares para los ejercicios 2026, 2027, 2028 y hasta el 2035, y la conclusión es que, aunque la industria ya esté inmersa en un periodo histórico, este sólo es el comienzo de ejercicios en los que sus carteras se van a multiplicar.
El Ministerio de Hacienda, el responsable de autorizar el gasto, ha desglosado los compromisos presupuestarios para los próximos años de los Programas Especiales de Modernización (PEM), que son los proyectos específicos a través de los que se desarrollará el Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa que presentó el Gobierno el año pasado. Según la información facilitada por la Intervención General del Estado (IGAE), y recopilada por Opina 360, los 32 programas hoy concretados repartirán en el 2026 entre las empresas de defensa más de 2.200 millones; para el 2027, año electoral, hay prevista una contratación por 2.124 millones; y para el 2028, la inversión se elevará 2.619 millones. En los años siguientes, hasta el 2035, Hacienda ha dibujado un gasto en las compañías de 15.600 millones, aunque partir del 2028 el detalle aún no ha sido especificado.
Defensa ultima 15 nuevos programas militares que aumentarán los ingresos del sector
Es decir, entre el 2026 y el 2035 el Gobierno tiene previsto gastar sólo en las empresas de defensa 2.500 millones anuales de media. Se trata de unos compromisos, además, de país, adquiridos con la OTAN, y que, de sufrir modificaciones, sería incluso al alza durante los próximos ejercicios.
Esta lluvia de millones que va a recaer sobre las empresas españolas de defensa se concreta en varios proyectos icónicos. El más significativo es el vehículo de apoyo sobre cadenas (VAC), cuyo coste estimado supera los 4.500 millones. El segundo programa en cuanto a importancia es la modernización de las fragatas F-100, en las que se va a invertir 3.200 millones. Y el tercero es el vehículo de apoyo (VAC) sobre ruedas, con un gasto previsto en este momento de 2.685 millones.
Según el reparto actual, la empresa que obtendrá mayores beneficios del reparto de los contratos de armamento será Airbus, con 8.100 millones de ingresos previstos; seguida de la unión temporal (sólo para determinados proyectos) de Indra y Escribano, con 7.620 millones. Navantia cerraría el podio con 5.800 millones en cartera.
España alcanzó en el 2025 el compromiso sellado con la OTAN de invertir el 2% del PIB en defensa, pero el Gobierno se ha comprometido con las empresas a que esta cartera de más de 22.600 millones continúe crecimiento durante los próximos años. Es decir, esta fotografía presupuestaria de la industria nacional de defensa no se encuentra en este momento completa. ¿Se mantendrán o hasta qué límite crecerán los ingresos del sector? El próximo Gobierno tendrá que decidirlo. Con la inversión prevista.
Los ministerios de Defensa e Industria diseñan durante estas semanas la incorporación de 15 nuevos Programas Especiales de Modernización. Antes de finalizar el año se conocerán y tendrán efectos retroactivos a 1 de enero de 2026. El Ejecutivo ha avanzado a las empresas que el nuevo presupuesto, que contará con una prefinanciación de 2.180 millones, estará centrado en el sector aeroespacial, la ciberdefensa, las comunicaciones y los sistemas de armas. Es de suponer que Airbus e Indra vuelvan a ser las principales beneficiarias, aunque existe cierta expectación entre las empresas por conocer el detalle de los nuevos programas. El Gobierno estima que los 35 PEM que estén en funcionamiento durante los próximos años generen más de 150.000 puestos de trabajo e incrementen la actividad económica en casi todas las comunidades autónomas.
En los últimos contactos mantenidos por Defensa con las grandes empresas del sector también se ha insistido en la necesidad de garantizar las entregas del material comprometido en los contratos. Hay que recordar que el sector militar factura los productos cuando realiza la entrega efectiva a las Fuerzas Armadas y antes recibe una prefinanciación de Industria que tiene que devolver. La insistencia de Defensa con las entregas tiene una explicación. El último gran proyecto público-privado de armamento, el 8×8 Dragón que produce el consorcio Tess Defence (Indra, Escribano, Santa Bárbara y Sapa), ha acumulado retrasos en la finalización de las primeras decenas de vehículos, aunque ahora la compañía conjunta ha tomado velocidad de crucero y está acelerando sus compromisos.
