Ciertos trámites del ciclo de vida de un proyecto urbanístico pueden llegar a retrasar su finalización en más de dos años. El Govern ha identificado cuáles son estos grandes cuellos de botella burocráticos y ha presentado este lunes un ambicioso anteproyecto de ley de simplificación para acelerar sus tiempos. Se trata de una batería de medidas que implica cambiar 10 normas con rango de ley y 5 reglamentos. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentado esta reforma en un acto en la fábrica de la automovilística Ebro en la Zona Franca, como ejemplo de colaboración entre el sector público y el privado.
Uno de los elementos principales que introduce este anteproyecto de ley está relacionado con las licencias de obra. Esta autorización administrativa que conceden los ayuntamientos tarda de media, según fuentes del Govern, entre nueve y doce meses para tramitarse. Con este cambio legislativo, se introduce un nuevo sistema para aligerarlo, que implica habilitar como certificador a entidades autorizadas por la misma administración pública (se las ha bautizado como ECAU, y pueden ser empresas de certificación o colegios profesionales). Este sistema será voluntario –el promotor o el ayuntamiento pueden seguir escogiendo el antiguo, si lo prefieren– y supone prescindir de los informes de los técnicos municipales. Una vez cuente con el visto bueno de esta entidad certificadora, el ayuntamiento tendrá un mes para otorgar la licencia.
Se permitirá que entidades autorizadas por la administración pública certifiquen los proyectos para conceder la licencia de obras
Por ahora, esta fórmula tendrá algunas excepciones que no se podrán acoger a la vía exprés para conceder licencias: los bienes culturales o urbanísticos protegidos, los que tengan uso de vivienda turística en municipios con problemas habitacionales o las actuaciones en dominio público, como pueden ser las costas. Aun así, fuentes del Govern no descartan que estas acaben incluidas también dentro de la nueva modalidad. Desde la Generalitat defienden que este es un “punto de inflexión” en la reforma de la administración que el ejecutivo de Illa se marcó como objetivo para esta legislatura.
Otro ámbito en el que se quiere simplificar la concesión de autorizaciones y licencias es el medioambiental, especialmente sensible en el momento actual de emergencia climática. La reforma prevé acortar los tiempos del trámite de suficiencia e idoneidad, que pasaría de tardar una media de 24 meses a tan solo un mes. Este paso se suprimirá y, en su lugar, se habilitará un “modelo normalizado” en el que el promotor del proyecto hará constar todos los datos necesarios para valorar si este cumple con la normativa verde.
Fuentes del Govern explican que, de esta manera, se evitarán las idas y venidas de requerimientos de información con los diferentes organismos públicos que tienen que dar luz verde a cuestiones como el agua, la contaminación o la protección de la biodiversidad, un intercambio que suele dilatar la tramitación durante meses. También se elimina el trámite de información vecinal, que queda englobado en el de información pública.
En su presentación del anteproyecto, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha insistido en que no se trata de “desregular”, ya que se mantendrá “el mismo estándar de exigencias” que había antes. En este sentido, ha defendido que la administración debe recuperar la confianza de los ciudadanos siendo más rápida. “Todo se ha vuelto demasiado complicado. No puede ser que en Catalunya todo tarde tanto”, ha lamentado. Con un sistema que haga corresponsable al sector privado, ha añadido, se puede volver a ganar esta velocidad. Dalmau prevé que la norma, que entrará en información pública este mismo lunes, llegue al Parlament para aprobarse a finales de año.
“Tiene que haber reglas en un ámbito como el urbanismo. Eso sí, que sean simples”, ha reivindicado el presidente Illa en su discurso. El socialista ha enviado a los “pesimistas a casa” y ha pedido que la normativa no se convierta en un “muro infranqueable” que frene proyectos innovadores, como el desarrollo de un nuevo centro de datos en la antigua planta de Flix anunciado este sábado por la empresa catalana Submer.
“Tiene que haber reglas en un ámbito como el urbanismo. Eso sí, que sean simples”, ha reivindicado el presidente Illa
La reforma también prevé que los planeamientos derivados –los instrumentos que desarrollan los detalles de los planeamientos generales– se puedan tramitar de forma más rápida, pasando de la media actual de 24 meses a entre seis y ocho. Por ejemplo, para conseguirlo, los promotores también podrán aportar informes sectoriales avalados por técnicos colegiados. Ahora esto no es posible y se crean retrasos mientras se espera que los órganos emitan su veredicto, pese a que el silencio administrativo debería darles luz verde. Con el nuevo sistema, cuando pase un máximo de dos meses, el proyecto podrá seguir su curso con los informes aportados como aval.
Estas medidas están diseñadas para impulsar la reindustrialización de Catalunya, pensando en situaciones como inversiones en naves o polígonos que no avanzan por los trámites urbanísticos. No obstante, la Generalitat también prevé que tengan efecto en sus objetivos para la construcción de más vivienda asequible. La nueva modalidad de licencias de obra se aplicará al Pla 50.000, la iniciativa del Govern para generar más pisos protegidos, que tendrá una vía exprés para obtenerlas.
