La inestabilidad parlamentaria durante la legislatura recién concluida también tiene consecuencias a nivel comunitario, donde la maquinaria de Bruselas no deja de aprobar leyes que deben adaptarse al Derecho de cada país. España encabeza la lista de los que acumulan más retrasos a la hora de trasponer directivas comunitarias, a pesar de que algunas de ellas incluyen plazos de años para incorporarse al ordenamiento jurídico. Son normas que deben superar el visto bueno del Congreso y que en España se han encontrado con obstáculos.
Según los datos que maneja la Comisión Europea, España es el país con más déficit de trasposición de la UE, equivalente al 5,5% de todas las normas comunitarias que en algún momento sí han superado el trámite parlamentario. Es un porcentaje más de dos veces superior al de la media y bastante más elevado que el resto de países incumplidores. Contrasta con lo ocurrido en el otro extremo de la estadística, donde Italia, pese a su tradicional inestabilidad parlamentaria, es ahora el país que menos se retrasa al incorporar las directivas europeas.
Las leyes de servicios digitales, crédito al consumo o derechos de emisión procedían de directivas
Entre las normas que no han logrado prosperar hay algunas sensibles. Está por ejemplo la ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que sirve para evitar los abusos de las grandes plataformas digitales. No es una directiva, sino un reglamento que no requiere trasposición, pero los países sí están obligados a designar y dotar de competencias a una autoridad nacional. En España se eligió a la CNMC para hacerlo, pero la ley en la que se incluía ha encallado con el adelanto electoral. Bruselas ya tenía denunciados los retrasos de España en este ámbito ante la Justicia europea.
El adelanto electoral también se ha llevado por delante varias leyes que ya iban fuera de plazo en su trasposición. Una de ella es la de crédito al consumo, una actividad en la que España es una excepción en la UE. Mientras en el resto de países existen límites por ley a la usura, el Congreso se encontraba pendiente de fijarlos, de modo que los criterios para determinar si ha habido un abuso quedan en manos de los tribunales. Además, España es de los pocos países con libertad de crédito, hasta el punto de que cualquier entidad puede ofrecer préstamos sin necesidad de ficha bancaria.
El Ministerio de Economía tenía otras normas en el Congreso a las que se les ha pasado el plazo. Es el caso de la relativa a la información corporativa sobre sostenibilidad o la de resiliencia de entidades críticas. Transición Ecológica se ha retrasado en leyes como la del comercio de derechos de emisión, mientras que Hacienda lo ha hecho en la que establece los tipos de IVA para las pymes. La idea de esta directiva es que las pequeñas empresas puedan tramitar este impuesto con más facilidad.
La Comisión Europea ya remitió en marzo y en julio al Tribunal de Justicia de la Unión Europea varios expedientes contra España por sus incumplimientos. Sin embargo, esta práctica es más un síntoma que un problema real. Hasta ahora, las sentencias comunitarias apenas superan los 15 millones de euros en sanciones, con lo que no resultan del todo contundentes para animar a los parlamentos de los países a tomarse en serio las trasposiciones. Hay directivas como la de protección de datos o de conciliación laboral que son las que han ido marcando los estándares de las sanciones hasta ahora recibidas por España.
Otro expediente abierto por Bruselas ante el Tribunal de la UE tiene que ver con la directiva de ciberseguridad, en la que se refuerzan los controles sobre las entidades que operan en casi una veintena de sectores críticos, como la salud, la energía o el transporte. Los Estados tenían de plazo para trasponer la norma hasta octubre del 2024 y España ha incumplido de nuevo. La Comisión Europea también reclama al tribunal multas diarias por este asunto a otros países como Francia, Irlanda y Países Bajos.
Estos retrasos se producen al margen de las reformas que, para recibir fondos europeos, el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a aprobar durante la legislatura. El tropiezo más reciente se produjo a mediados de septiembre, cuando fracasó la ley de l obbies en el Congreso. El Gobierno ha renegociado con la Comisión Europea para que los fondos que deje de recibir sean solo 260 millones, varias veces menos que lo previsto.
Mientras, la Comisión Europea tiene abierto un procedimiento de infracción contra España por las normas que condicionan las operaciones de concentración en el sector bancario. Lo abrió a propósito de la condiciones impuestas al BBVA para comprar el Sabadell.
