El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad y consiguiere una resolución, obteniendo por ello un beneficio económico para si directa o indirectamente o para tercero, será castigado con las penas de arresto mayor, inhabilitación especial y multa por el importe del valor del beneficio obtenido.
El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad y consiguiere una resolución, obteniendo por ello un beneficio económico para si directa o indirectamente o para tercero, será castigado con las penas de arresto mayor y multa por el importe del valor del beneficio obtenido.
Los que, ofreciendo hacer uso de influencias cerca de las autoridades o funcionarios públicos, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración o aceptaren ofrecimiento o promesa, serán castigados con la pena de arresto mayor.
La ley orgánica 9/1991, de 22 de marzo, modificó los artículos 367, 368 y 390 del Código Penal e introdujo un nuevo capítulo acerca del tráfico de influencias recogido en estos tres párrafos incluidos en su artículo 404. Ni la fecha de aprobación ni su redactado eran fruto de un debate técnico, de una recepción u homologación del derecho internacional o de cualquier procedimiento convencional de la judicatura. Respondían, simple y llanamente, a un nombre propio: Juan Guerra.
El hermano del ya entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, había protagonizado uno de los mayores escándalos que acompañaron a los gobiernos de Felipe González. Apodado como el conseguidor, Juan Guerra fue acusado de de cohecho, fraude fiscal, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones, aunque finalmente sólo condenado por delito fiscal a dos años de cárcel, 50 millones de pesetas de multa y seis años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Aunque el delito de tráfico de influencias no existía, los relatos tanto de acusación como los aparecidos en los medios desde junio de 1989, coinciden en señalar el papel del hermano mayor del vicepresidente como gestor de todo tipo de favores y presuntas irregularidades desde su despacho de la Delegación del Gobierno de Sevilla. Un espacio destinado al uso del vicepresidente, que tenía su residencia en la capital andaluza, pero desde donde atendía su asistente, a sueldo del PSOE.
Antes de que todas las acusaciones se depurasen en los juzgados, Alfonso Guerra compareció ante el Congreso de los Diputados el 1 de febrero de 1990 para dar explicaciones de un escándalo que llenaba páginas de diarios y espacios informativos. Y si bien lo hizo desvinculándose de los presuntos negocios, regulares o irregulares, de su hermano, reconoció que desconocía sus prácticas, situándolas en el ámbito de su “intimidad”. Es el texto que ofrecemos extractado.
Y fue ese desconocimiento o mirar hacia otro lado, por mucho de que no fuese partícipe de las actividades de Juan Guerra, lo que acabó condenando al vicepresidente. Ni la firme voluntad de legislar el delito de tráfico de influencias –que se tramitó en tiempo récord–, ni la defensa que de él hizo el propio Felipe González tras aquella histórica sesión asegurando que si dimitía Alfonso Guerra sus críticos tendrían un “dos por uno”, lo salvaron. La férrea defensa del partido y del Grupo Parlamentario Socialista, que rechazó una comisión de investigación, sostuvieron a Alfonso Guerra apenas un año.
El 12 de enero de 1991, en un acto de partido, la clausura del V Congreso Regional del PSOE de Extremadura, el propio Alfonso Guerra firmó la crónica de un final anunciado: “Me propongo dejar mis actuales tareas de gobierno para dedicarme íntegramente a mi responsabilidad en la dirección del partido socialista. Así se lo he hecho saber al presidente del Gobierno, secretario general y compañero Felipe. Y él ha aceptado mi dimisión”.
Comparecencia de Alfonso Guerra ante el Congreso de los Diputados (1 de febrero de 1990)
“Señor presidente, señoras y señores diputados:
”A lo largo del mes de enero se ha producido un auténtico diluvio de noticias, comentarios y declaraciones en torno a las actividades de una persona relacionada con el vicepresidente del Gobierno que se han querido presentar como una manifestación del llamado tráfico de influencias.
”Algunos grupos parlamentarios han planteado la necesidad de que la Cámara se ocupase del asunto y recibiese toda la información necesaria. Ello ha llevado al Gobierno a tomar la iniciativa de solicitar la convocatoria de este pleno en la primera fecha posible del período de sesiones.
El vicepresidente no tiene constancia de que en ese despacho hayan tenido lugar actividades distintas de aquellas a que estaba destinado
”Comparezco hoy ante sus señorías en una doble condición. Por un lado, se pone en cuestión la utilización de unas instalaciones públicas que dependen del Gobierno de la nación. Ello requiere una explicación del Gobierno, y yo la daré en su nombre.
”Por otra parte, es precisamente el vicepresidente el miembro del Gobierno al que se le imputan actitudes o comportamientos supuestamente irregulares. Por tanto, mi intervención ha de tener también un enfoque inevitablemente personal. Además, al socaire de este asunto, se está también cuestionando a un partido político en la persona de uno de sus dirigentes.
Hay que distinguir la legítima exigencia de transparencia de la caza de brujas selectiva que algunos pretenden practicar
”Si el Parlamento se ocupa de esta cuestión, señorías, no es sólo porque los medios de comunicación la hayan recogido con un entusiasmo desbordante. Eso mismo ocurre con otras cosas que suceden en España, sin que el Parlamento considere que deba ocuparse de ellas. Si unos y otros hemos considerado necesaria esta sesión es porque pensamos que el interés público puede estar afectado por algunos de los aspectos del problema.
”Pues bien, de entre la maraña de noticias y comentarios que se han difundido, he tratado de extraer precisamente aquello que, de una u otra forma, puede afectar al interés público. Prescindiendo de los aspectos en que únicamente se trata de someter a juicio las actividades de un ciudadano particular –lo que no sería propio del Parlamento–, prescindiendo de ello, hemos de atender a aquellos temas que, por referirse a bienes o intereses colectivos, pueden suscitar confusión o dudas en los ciudadanos; confusión o dudas que el Gobierno y la Cámara debemos despejar.
Ganar dinero no forma parte de mis aspiraciones ni es algo que me preocupe especialmente
”Y debemos hacerlo deslindando los hechos comprobados de las presunciones gratuitas: separando las acusaciones fundadas, si las hubiere, de las difamaciones impunes; distinguiendo la legítima exigencia de transparencia de la caza de brujas selectiva que algunos pretenden practicar. A mi juicio, y siempre desde esta perspectiva del interés público, hay dos cuestiones básicas que deben ser esclarecidas para tranquilidad de los ciudadanos y de la Cámara.
”Primera cuestión: ¿se han utilizado correctamente las instalaciones públicas y, en concreto, las de la Delegación del Gobierno en Andalucía? Segunda cuestión: ¿está el vicepresidente del Gobierno comprometido, directa o indirectamente, en actividades económicas privadas no compatibles con su función o las ha favorecido? De la respuesta a estas dos cuestiones –que trataré de dar a continuación– se ha de desprender una reflexión política sobre lo que está ocurriendo, y algo de eso procuraré aportar al final de mi intervención.
Mi presencia en la política no tiene otro sentido que contribuir –aunque modestamente– a una vida pública decente
(…)
”Al coincidir en la persona del vicepresidente la condición de vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español y la de Diputado por Sevilla, la dirección del Partido Socialista había decidido anteriormente que don Juan Guerra González realizase funciones auxiliares de asistente del vicesecretario general, a cuyos efectos fue contratado en julio de 1982, varios meses antes de la formación del primer Gobierno socialista, naturalmente con cargo a la nómina del Partido Socialista.
(…)
”El vicepresidente no tiene constancia de que en ese despacho hayan tenido lugar actividades distintas de aquellas a que estaba destinado. En lo que a mí respecta, puedo afirmar que jamás en mi presencia ni con mi conocimiento se han realizado gestiones privadas en esa dependencia.
Jamás he autorizado a nadie, dentro o fuera de mi familia, para que utilice mi nombre en actividades o negocios privados de cualquier tipo
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”¿Está el vicepresidente del Gobierno comprometido en actividades económicas privadas de cualquier índole o las ha alentado o las ha favorecido? La respuesta es: no. Jamás he participado en negocios o en actividades económicas de ningún tipo, no sólo en aquellas que son incompatibles con un cargo público, sino en ninguna. Siendo los negocios una actividad respetable, nunca me han interesado ni he sentido afición por ellos. El ganar dinero no forma parte de mis aspiraciones ni es algo que me preocupe especialmente.
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”He vivido muchos años luchando por la libertad y la justicia y siempre me han repugnado las prácticas de rapiña en el poder, propias de los sistemas autoritarios. Mi presencia en la política no tiene otro sentido que contribuir –aunque modestamente– a una vida pública decente, que ha faltado en España hasta que hemos logrado vivir en democracia.
Nunca he pedido a las personas de mi entorno, incluido don Juan Guerra, que me informen de sus actividades privadas, ni ellos lo han hecho
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”Jamás he autorizado a nadie, dentro o fuera de mi familia, para que utilice mi nombre en actividades o negocios privados de cualquier tipo. Nunca he alentado o favorecido cualquier gestión de ese signo ni he pedido a nadie que la hiciera. Nunca he pedido a las personas de mi entorno, incluido don Juan Guerra, que me informen de sus actividades privadas, ni ellos lo han hecho. Si ello puede parecer ingenuo a algunos, lo lamento, pero para mí el respeto por la vida privada de las personas se extiende también a los miembros de mi familia.
”Siempre he luchado por preservar mi intimidad y evito cualquier tentación de irrumpir en la de otros. Tanto en la esfera privada como en la política, la representación de Alfonso Guerra la tiene exclusivamente Alfonso Guerra. Estoy dispuesto a asumir todos y cada uno de mis actos, pero ninguno de los que puedan hacerse en mi nombre.
¿Es lógico que se pretenda convencer al pueblo español de que sus gobernantes son poco menos que un grupo de delincuentes?
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”En conclusión, de todo lo dicho se deduce que no ha habido lesión al interés público, que es el bien fundamental que hemos de preservar.
”Por lo demás, los órganos competentes de la Administración y del Poder Judicial han de establecer si en las actividades que se atribuyen al ciudadano particular don Juan Guerra ha habido o no alguna clase de vulneración de la legalidad. El Gobierno, lógicamente, no tiene nada que decir a este respecto, más que se aplique la ley como a cualquier otro ciudadano, incluida la presunción de inocencia, como a cualquier otro ciudadano.
(…)
”En un país que ha hecho un gran esfuerzo por incorporarse al grupo de las naciones más libres y avanzadas y ahora se prepara para afrontar con éxito, junto con el resto de los pueblos de Europa, uno de sus desafíos más decisivos, ¿está justificado en esta situación que esbozo, que el tipo de debate político que se plantea desde algunos sectores sea el que es? ¿Tiene lógica que desde hace siete años se pretenda sistemáticamente, y siempre mediante acusaciones no demostradas, convencer al pueblo español de que sus gobernantes son poco menos que un grupo de delincuentes? ¿Qué tipo de malestar público, qué alarma social se pretende crear y con qué fines?
Si es preciso tipificar penalmente el tráfico de influencias, señorías, hagámoslo; y hagámoslo con la máxima dureza
(…)
”En la democracia, cuando existe corrupción de los gobernantes, es una excepción y se puede descubrir, corregir y sancionar. En los sistemas autoritarios la corrupción es la norma y casi siempre queda impune. Quienes pretenden hacer ver que eso es lo que ocurre hoy en España, quizá llevados por sus añoranzas, no sólo están haciendo algo injusto, están jugando un juego peligroso, en el que algunos colaboran por afán de lesionar al adversario político o por afán de vender más periódicos, o simplemente dejándose llevar por la corriente.
”Mediante el desprestigio, la presunción de culpabilidad, la acusación sin fundamento y la difamación se puede conseguir, ciertamente, sembrar el malestar y hacer daño a un adversario; pero lo que nunca se logrará por esa vía es obtener la confianza mayoritaria del pueblo para gobernar.
Tengo el orgullo de pertenecer a un partido que combate con energía cualquier caso de corrupción o irregularidad
”Si es preciso tipificar penalmente el tráfico de influencias, señorías, hagámoslo; y hagámoslo con la máxima dureza del que más quiera, utilizando la legislación comparada internacional y yendo más allá de donde quiera ir el que más allá quiera. El Gobierno ofrece desde ahora su colaboración para hallar la fórmula más adecuada. Si es necesario reforzar cualesquiera mecanismos de control, hagámoslo también, pero hemos de hacerlo desde un talante positivo para perfeccionar la democracia y no para disponer de un arma arrojadiza con la que golpear impunemente a quien se ponga a tiro.
”Tengo el orgullo de pertenecer a un partido que combate con energía cualquier caso de corrupción o irregularidad, y tengo el orgullo y la tranquilidad de formar parte de un Gobierno en el que sus miembros no han de obedecer a condicionamientos que no sean los de su propia convicción política y moral.”
