Apenas dos meses después de iniciarse la guerra en Ucrania, Médicos Sin Fronteras (MSF) ya documentaba los primeros ataques rusos contra instalaciones sanitarias. Ahora, la organización va más allá: en su nuevo informe No Safe Place to Heal (“Ningún lugar seguro para curarse”), publicado el lunes, denuncia una “estrategia deliberada de castigo colectivo” contra la población ucraniana, mediante una campaña sistemática de agresiones a hospitales, ambulancias y personal médico.
Según el informe, desde el inicio de la guerra MSF ha perdido el acceso a más de 80 localidades de seis regiones donde prestaba asistencia médica a través de clínicas móviles de atención primaria. La OMS ha documentado 2.811 ataques contra la atención sanitaria entre febrero del 2022 y finales del 2025, mientras que el Ministerio de Sanidad de Ucrania asegura que las fuerzas rusas han dañado o destruido más de 2.500 instalaciones médicas en ese mismo periodo, de las cuales 327 han quedado completamente destruidas.
Al menos 2.500 instalaciones médicas ucranianas han sido atacadas
Nadie ni nada escapa a los bombardeos rusos: devastan el sistema sanitario ucraniano a todos los niveles, destruyendo desde hospitales y maternidades hasta ambulancias y almacenes farmacéuticos. El coordinador de MSF en Ucrania, Robin Meldrum, denuncia que los ataques “son demasiado sistemáticos, frecuentes y precisos como para ser circunstanciales”. “No estamos ante coincidencias. Se trata de un patrón, y detrás de los patrones hay una intención”, añade.
La reducción del acceso a la atención sanitaria resulta especialmente preocupante. En una encuesta realizada por la organización médico-humanitaria entre civiles que viven en zonas cercanas al frente, siete de cada diez ucranianos afirman que antes de la guerra podían acceder a servicios sanitarios “siempre” o “la mayor parte del tiempo”. Desde la escalada del conflicto, esa cifra se ha desplomado: ahora, solo tres de cada diez civiles tienen acceso continuado a la atención médica.
No estamos ante coincidencias. Se trata de un patrón”
Esta situación se traduce muchas veces en muertes evitables provocadas por enfermedades tratables. Además, quienes tienen la suerte de llegar a un centro sanitario, suelen encontrarse con plantillas muy reducidas o con personal insuficientemente especializado. El informe explica que, en un hospital de Jersón —una importante ciudad portuaria del sur de Ucrania cuyo centro hospitalario funciona con el apoyo de MSF —, la plantilla se ha reducido en dos tercios desde el inicio de la guerra.
En todo el país, el personal sanitario trabaja bajo el estrés constante y el temor a los ataques con drones FPV (de visión en primera persona), armas que permiten identificar y atacar objetivos con gran precisión en tiempo real. Aunque el derecho internacional humanitario considera crimen de guerra los ataques deliberados contra personal médico que se desplaza en vehículos sanitarios claramente identificados, numerosos trabajadores sanitarios ucranianos han sido víctimas de este tipo de ataques de precisión.
Aunque el informe no analiza el impacto demográfico del conflicto, las estimaciones de Naciones Unidas indican que la población de Ucrania se ha reducido en torno a diez millones de personas desde el 2022. Al menos 15.000 civiles han muerto desde el comienzo de la invasión rusa y más de 40.000 han resultado heridos.
MSF también alerta de una intensificación de las hostilidades: el año pasado número de víctimas civiles aumentó un 70% en comparación con el 2023, lo que, según la organización, refleja un desprecio cada vez mayor de las fuerzas rusas por el principio de distinción entre objetivos militares y población civil.
