El problema de la vivienda está impulsando la búsqueda de soluciones alternativas, como la promoción de inmuebles gestionados por cooperativas, siguiendo la experiencia de países como Suiza, Dinamarca y Uruguay. Catalunya, principal comunidad en implementar el modelo en España, suma 71 proyectos de vivienda cooperativa en cesión de uso en la última década, más de la mitad de los cuales se encuentran en proyecto o en construcción a día de hoy. El total asciende a 1.218 pisos, la mayoría protegidos.
Este modelo facilita el acceso a techo, sobre todo gracias al ahorro en costes, ya que puede resultar hasta un 40% más barato que en el mercado libre. Su principal inconveniente es que el inmueble no puede heredarse ni pasar a formar parte del patrimonio familiar debido a que la titularidad corresponde a la cooperativa que lo gestiona y no a la persona que reside en él, que dispone del derecho de uso de manera
indefinida.
Según los datos proporcionados por el Decanato de Registradores de Catalunya, se trata de una alternativa incipiente, pues solo hay 1.508 viviendas en manos de cooperativas, un 77% en la provincia de Barcelona. A pesar de ello, el sector cooperativista coincide en que el interés social por el modelo ha crecido de manera notable en los últimos años. La mayor demanda se refleja en el fuerte aumento de cooperativistas –alrededor de 600 en un solo año– de la entidad que gestiona la mitad de los proyectos, Sostre Cívic, con 2.600 socios.
Tipología
La mayoría de la viviendas en cesión de uso que se están promoviendo serán de protección oficial
Su responsable de comunicación, José Téllez, explica que “mucha gente que se ha visto excluida del mercado del alquiler y de la compra ha encontrado en esta tipología de vivienda una solución asequible y estable, pues los contratos de cesión de uso son para toda la vida”, con posibilidad de transmitirse en algunos casos. Al tiempo, aumentan las promociones en fase final.“En los próximos meses, centenares de viviendas cooperativas se entregarán a sus socios en Barcelona (entre otros municipios), consolidando una tendencia de crecimiento del sector”, agrega Jordà Escolà, coordinador de la federación. En este sentido, está previsto que entre este año y el que viene se culminen nueve proyectos que pondrán a disposición de los socios 309 viviendas, la inmensa mayoría (el 70%) de carácter protegido.
Entre los principales obstáculos, Ana Fernández, fundadora de la cooperativa Col·lab, destaca “el largo proceso que requiere acabar una nueva promoción, que de media necesita cinco años para materializarse”. El recorrido comienza con la formación del grupo de socios que integrará la cooperativa, un paso que, según explica, “implica compartir un proyecto social y de vida en común”. A partir de ahí, continúa con la búsqueda del terreno y culmina con la construcción del edificio. A todo ello se suma la burocracia administrativa, que es “un gran escollo”, según Fernández.
Coste de entrada
El modelo permite acceder a un piso con una aportación inicial de entre 2.000 y 20.000 euros
Cada proyecto requiere de una aportación económica inicial de cada socio, que en la vivienda de carácter protegido –gracias a la financiación y ayudas públicas– oscila entre los 2.000 y los 20.000 euros dependiendo del tamaño y si es nueva o rehabilitada. Una cantidad que se devolverá en caso de que el socio decida abandonar el piso.
En cuanto a los requisitos de acceso, en las de protección oficial se tienen en cuenta aspectos como la renta de la unidad familiar y si el solicitante tiene otra vivienda en propiedad. La cooperativa también exige demostrar capacidad económica para hacer frente a las cuotas mensuales y gastos de los servicios en comunidad.
