Para Giorgia Meloni la crisis de Ceuta no supone un problema. Lo es para Pedro Sánchez -y grave-, pero no para la primera ministra italiana, que claramente ha exagerado el riesgo de que una parte de los 8.000 inmigrantes que se acumulan todavía en el enclave español -la inmensa mayoría de los más de 70.000 que asaltaron la frontera española el 30 y 31 de julio volvieron sobre sus pasos enseguida- puedan acabar desembocando en Italia. Más preocupante es para Meloni el flujo constante de inmigrantes irregulares que siguen llegando por el sur de su país, a través de la ruta del Mediterráneo central: por esta vía arribaron a Europa entre enero y julio 16.454 personas, un número superior al de las que entraron por España sumando todas las rutas (11.537 por el Mediterráneo y 2.856 por Canarias), según los últimos datos Frontex.
Sin embargo, a ningún país europeo -exceptuando a España, que lo ha hecho como represalia- se le ha ocurrido suspender la aplicación del tratado de libre circulación de Schengen con el país transalpino. Tampoco se ha oído por el momento ninguna voz pidiendo el restablecimiento de los controles fronterizos con Italia después de que haya trascendido que uno de los agentes rusos identificados por Alemania como sospechosos de ser los autores del frustrado atentado en el aeropuerto de Leipzig tenía un visado italiano. Y, sin embargo, Italia sí lo ha hecho con España.
Pese a que el discurso oficial pretende lo contrario, Italia no tiene tantas lecciones que dar en Europa sobre gestión de la inmigración. Y no solo porque la ruta del Mediterráneo central sigue siendo el principal foco de inmigración irregular hacia la UE, sino porque la receta mágica –“innovadora”, la llaman- de crear centros externos de deportación en terceros países, que el Ejecutivo italiano ha puesto en práctica en Albania, se ha demostrado un fiasco (cuestionados por la Justicia italiana, los centros llevan dos años prácticamente vacíos)
No deja de ser paradójico que, pese a esta realidad, la Comisión Europea y la mayoría de los gobiernos de la UE se hayan abonado acríticamente a la idea de externalizar los centros de deportación de extranjeros siguiendo el modelo italiano como si fuera el bálsamo de Fierabrás. Pero el discurso de la posfascista pragmática Meloni -como la ha definido The New York Times– es lo que se lleva hoy mayoritariamente en Europa.
La demostración más palmaria fue el seguidismo que la mayoría de gobiernos europeos hizo de la iniciativa capitaneada por Meloni y la presuntamente socialdemócrata primera ministra danesa, Mette Frederiksen, para culpar al Gobierno español de la crisis de Ceuta, vinculándola a la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes residentes en España. Un total de 22 países -mayoría absoluta- firmaron una beligerante carta reclamando el restablecimiento de los controles fronterizos con nuestro país. Italia lo hizo y España le respondió con la misma moneda. Ambos gobiernos han prolongado de nuevo esta semana la suspensión de Schengen por otros quince días.
Llamativa es, por contraste, la inhibición europea -coincidente aquí con la del Gobierno español- a la hora de imputar y reclamar responsabilidades a Marruecos por lo sucedido en Ceuta. Llamativo pero no sorprendente, puesto que la apuesta europea por subcontratar el control de los flujos migratorios con los países del sur del Mediterráneo -aparcando toda preocupación por los métodos- implica darles la llave del grifo.
La penosa falta de solidaridad demostrada por los europeos con España -solo cuatro países rehusaron sumarse al ataque contra el Gobierno de Sánchez: Francia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal- sienta un precedente preocupante y la principal instigadora, la propia Italia, va a empezar a sufrirlo en sus propias carnes: aprovechando la entrada en vigor en junio del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), y a la chita callando, varios países del centro y el norte -Alemania, Austria, Finlandia, Países Bajos y Suecia- se han propuesto ya empezar a reenviar a Italia a miles de inmigrantes irregulares -podrían rondar los 10.000- detectados en su suelo que habían entrado por este país.
No, el problema de Meloni no es Ceuta. No lo ha sido nunca. Su problema se llama Roberto Vannacci, un exgeneral de extrema derecha cuyo partido, Futuro Nacional, compite ferozmente con el partido de la primera ministra italiana, el posfascista Hermanos de Italia, y se muestra mucho más radical en lo que constituye el asunto estrella de su fondo de comercio: la inmigración. Y que, a menos de un año de las próximas elecciones legislativas -que podrían ser adelantadas a abril- tiene una expectativa de voto del 7%, igual o por delante de los dos socios de gobierno de la primera ministra italiana -la Forza Italia de Antonio Tajani y la Liga de Matteo Salvini-, lo que podría poner en peligro la feliz continuidad del actual gobierno Duracell.
Este escenario está lejos de constituir una particularidad italiana. Por el contrario, es hoy el fenómeno mayoritario en Europa, donde la derecha tradicional de origen democristiano ha emprendido una acusada deriva hacia las tesis de la extrema derecha -particularmente en lo referido a la inmigración extranjera de raíz islámica-, hasta el punto de validar y convertir en mainstream el marco ideológico de los ultras, que ya no disimulan el sustrato racista y xenófobo de sus planteamientos. Esta carrera a ninguna parte de los conservadores por frenar la sangría de votos a su derecha no ha hecho más que alimentar a los ultras. Hoy, en los dos grandes países fundadores de Europa, que son a su vez las dos grandes potencias económicas y militares del continente, Alemania y Francia, la extrema derecha encabeza los sondeos de intención de voto.
El último Eurobarómetro disponible elaborado por el Parlamento Europeo -el de primavera- dibuja un panorama de la opinión pública en los 27 muy alejada de la histeria colectiva que azuzan las redes sociales y los bots internacionales -así sean rusos o norteamericanos- y replican las fuerzas políticas contra la presencia de población extranjera. Los tres asuntos que más preocupan a los ciudadanos y que a su juicio deberían ser abordados de forma prioritaria son la inflación (47%), la economía y el empleo (35%) y la defensa y seguridad (34%). La inmigración y la política de asilo (19%) aparecen en novena posición. En lugar de atender a este dato, los partidos históricos de la derecha europea siguen empecinados en dar vueltas obsesivas alrededor del tema de la inmigración, en lo que constituye una dramática pulsión suicida.
El ‘no’ de Islandia. Si uno de los principales argumentos que tenían los islandeses para querer integrarse en Europa era la reconfortante sensación de no estar solos frente a los apetitos de las grandes potencias internacionales en el Ártico -ahí están los Estados Unidos de Donald Trump queriendo quedarse con Groenlandia-, los sucesos de Ceuta habrán sido un gran antídoto: la crisis con Marruecos ha demostrado que la solidaridad europea no va de soi, depende del país que la necesita, del motivo, de las circunstancias y del color político de quien gobierna. Visto lo visto, y celosos como son de sus importantes caladeros de pesca -cuyo control se resisten a compartir-, los islandeses votaron el domingo pasado -por 52,8% a 47,2%- contra la reanudación de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, interrumpidas desde el 2015. El resultado del referéndum consultivo ha caído como un jarro de agua fría en la UE, que aún se pregunta el porqué de tal desafección.
Guerra híbrida. No hay como ser la primera potencia europea para que la solidaridad de los 27 se active automáticamente. Así ha sucedido con Alemania, víctima de una perceptible escalada en la guerra híbrida que la Rusia de Vladímir Putin libra contra Europa, que ha suscitado el cierre de filas de la UE y de la OTAN. El Gobierno de Friedrich Merz acusó oficialmente el martes a Moscú del atentado frustrado -con un dron cargado de explosivos- el pasado 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig, que tenía como objetivo un avión de carga ucraniano. Berlín tomó varias decisiones como represalia, entre ellas el cierre de la Casa Rusa, en la capital alemana, un gran centro cultural que los servicios secretos sospechan era utilizado como centro de propaganda y espionaje. El Kremlin respondió haciendo lo mismo con el Instituto Goethe.
El club de Draghi. Cansado de la lentitud con que la UE aborda la implementación de sus recomendaciones para impulsar la competitividad del continente, el ex primer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha decidido crear un lobby, junto con el presidente de la empresa de servicios financieros Stripe, Patrick Collison, para favorecer la adopción de las medidas que propugnaba en su célebre informe. Bautizado como Grupo Rhin y dirigido por el economista y ex eurodiputado español Luis Garicano, reúne a una sesentena de economistas, empresarios y banqueros, incluidos tres premios Nobel: Philippe Aghion, Bengt Holmström y Katalin Karikó. Otros miembros españoles son el presidente del BBVA, Carlos Torres; la exministra Cristina Garmendia, presidenta de la fundación para la innovación Cotec, y el profesor y exconseller de la Generalitat Andreu Mas-Colell, presidente del patronato del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST)
