En la Casa Blanca no se da puntada sin hilo. El presidente Donald Trump retiró este lunes la demanda judicial de 10.000 millones de dólares que formuló contra el IRS (Servicios de Impuestos Internos, el equivalente a Hacienda) a cambio de un “fondo contra la instrumentalización” de 1.776 mil millones para compensar a quienes alegan haber sido injustamente perseguidos durante el gobierno del demócrata Joe Biden, básicamente por apoyar el intento de golpe de estado del 6 de enero del 2021 y las iniciativas para anular el resultado electoral de noviembre del 2020.
El fiscal general interino Todd Blanche anunció ese fondo en un comunicado y remarcó que se trataba de “un proceso legal para que las víctimas de la judicialización política y la instrumentalización del gobierno sean escuchadas y busquen reparación”.
Los demócratas y organismos de supervisión gubernamental prometieron de inmediato combatir lo que calificaron como una resolución “corrupta” y sin precedentes. En sus pronunciamientos advirtieron que el acuerdo enriquecería injustamente a personas cercanas al presidente con dinero de los contribuyentes y abriría la puerta a denuncias infundadas de persecución política.
El fondo crea un mecanismo sin precedentes, respaldado por los impuestos que pagan los ciudadanos, para compensar a personas que afirman haber sido injustamente perseguidas por el anterior presidente, olvidándose de la insurrección contra las urnas.
Esa compensación monetaria, anunciada en un momento de baja popularidad de Trump incluso entres sus bases más leales por la que consideran una pésima gestión económica, representa una decisión poco ortodoxa y otra demostración de la actual Casa Blanca en su fervor por recompensar a aliados que, antes de que Trump regresara al gobierno, fueron investigados y en numerosos casos acusados y condenados.
En su primer día de vuelta al gobierno Trump indultó o conmutó las penas de simpatizantes que participaron en el asalto al Capitolio aquella jornada de enero del 2021. Desde entonces, su Departamento de Justicia ha aprobado pagos a seguidores involucrados en la investigación sobre la trama rusa pro Trump y ha procesado a algunos de los que percibe como adversarios.
Trump demandó al IRS después de que un excontratista filtrara sus declaraciones de impuestos confidenciales al The New York Times y a ProPublica durante su primer mandato. El contratista se declaró culpable en el 2023 del robo de esa información confidencial y fue condenado a prisión federal.
El escrito judicial señala que la demanda fue desestimada “con perjuicio”, lo que significa que Trump no puede volver a presentarla. El asunto era más que inusual puesto que incluía que Trump exigía compensación a las misma agencia que supervisa como presidente.
“Todo esto es una estafa diseñada para sacar 1.700 millones de dólares de los contribuyentes del Tesoro y verterlos en un enorme fondo opaco para que Trump, en el Departamento de Justicia, los reparta entre su milicia privada de insurrectos, alborotadores y supremacistas blancos, incluidos aquellos que golpearon brutalmente a agentes de policía el 6 de enero del 2021, y cómplices serviles de sus esquemas para robar las elecciones”, proclamó en un comunicado el legislador demócrata Jamie Raskin, el principal demócrata en el Comité Judicial de la Cámara Baja y uno de los que más activamente persiguió el castigo a Trump por el asalto del Congreso.
