Donald Trump persiste en su empeño por eliminar la ciudadanía por nacimiento, un derecho protegido por la 14ª Enmienda de la Constitución y reafirmado hace un mes por el Tribunal Supremo, que tumbó su primer intento de restringirlo. El presidente firmó anoche dos órdenes ejecutivas más limitadas, con las que intenta esquivar la prohibición de la máxima instancia judicial. La primera amplía las categorías de niños que no serían elegibles para obtener la ciudadanía estadounidense de forma automática si nacen en el país, mientras que la segunda prohíbe el llamado “turismo de nacimiento”, la práctica por la que una mujer embarazada viaja a EE.UU. para dar a luz a un hijo estadounidense.
Durante su firma en el despacho oval de la Casa Blanca, el presidente calificó la decisión del Supremo de tumbar uno de los pilares de su agenda como “muy desafortunada” e “injusta”, lo que le ha llevado a hacer “ajustes”. Sin embargo, a la práctica sus dos decretos avanzan hacia el objetivo de la eliminación del derecho, pues su aplicación dependerá de la interpretación de Trump, por lo que es probable que ambas medidas sean impugnadas de nuevo en los tribunales.
La primera orden ejecutiva amplia las categorías de personas excluidas de la obtención automática de ciudadanía por nacimiento, que históricamente han incluido a los hijos nacidos en el país de diplomáticos extranjeros, de fuerzas militares de ocupación, de niños nacidos en barcos extranjeros y los hijos de indígenas estadounidenses. Stephen Miller, el jefe adjunto de gabinete y principal arquitecto de la política migratoria, explicó desde el despacho oval que las nuevas categorías incluirán también a hijos de miembros de “organizaciones terroristas extranjeras” y de “amplias categorías de personas que hacen lobby y actúan en nombre de gobiernos extranjeros”.
Se trata de definiciones muy ambiguas, por lo que no queda claro quién quedaría comprendido en ambas categorías. Esto daría manga ancha a la Administración Trump para deportar a personas que en principio quedarían protegidas por el derecho constitucional. En el último año, el presidente ha ampliado la definición de terroristas extranjeros para incluir movimientos antifascistas, incluso si estos no son violentos, y ha usado la justificación del lobby extranjero para ampliar sus deportaciones masivas.
Por otro lado, la medida negaría la ciudadanía a hijos de personas nacidas en “un territorio o aguas territoriales de EE.UU. donde la ciudadanía no sea conferida por una ley federal”. En la actualidad, eso solo afecta a Samoa Americana, pero si Trump cumple su objetivo de anexionarse Venezuela, Cuba, Groenlandia o cualquier otro territorio, también impactaría sobre sus poblaciones.
Uno de los decretos firmados prohíbe el “turismo de nacimiento”, que se calcula que afecta a 22.000 al año, el 1% del total de nacimientos
La segunda orden ejecutiva persigue el llamado “turismo de nacimiento”, el viaje expreso a EE.UU. para dar a luz a un niño y que este adquiera la ciudadanía. Trump aseguró que “cientos de miles” de personas recurren cada año a esta práctica, aunque la estimación de Migration Policy Institute, basada en el censo oficial, sitúa el turismo de nacimiento entre 22.000 y 26.000 bebés al año, menos del 1% del total de nacimientos en suelo estadounidense.
En la actualidad, ya es ilegal viajar al país bajo la apariencia de turismo cuando el verdadero motivo es tener un hijo, pues constituye un fraude de visado. De este modo, no está claro el alcance práctico del decreto firmado por Trump. “Han convertido la ciudadanía por nacimiento en una broma”, dijo el presidente, justificando sus decretos. “Hay gente montando negocios alrededor de esto. No es así como se supone que debe funcionar. Es una vergüenza. Están comprando su entrada al país y no vamos a permitir que eso ocurra”.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha denunciado que ambas órdenes ejecutivas suponen un intento inconstitucional de Trump por eliminar la ciudadanía por nacimiento, cuando la justicia ya se pronunció al respecto el 30 de junio. “El Tribunal Supremo ya resolvió esta cuestión: la ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Constitución. Ninguna orden ejecutiva adicional puede cambiar el significado de la Constitución”, señaló Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
