Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha dictaminado este viernes que Donald Trump no tiene autoridad para destruir el ala este de la Casa Blanca y construir allí un salón de baile sin la aprobación del Congreso.
El fallo, que con toda seguridad recurrirá la Administración Trump ante el Tribunal Supremo, ordena al republicano detener las obras del recinto de 8.000 metros cuadrados, hecho a imagen y semejanza del salón de baile en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, y que está presupuestado en más de 400 millones de dólares de inversión pública y privada.
“Corresponde al Congreso decidir si debe construirse o no un salón de baile de esas dimensiones, y no es una cuestión que el Poder Ejecutivo pueda resolver por su cuenta”, ha dictado en tribunal en su escrito, dando la razón al grupo de defensores del patrimonio histórico que había presentado la demanda. “Esta decisión no tiene absolutamente nada que ver con si el salón de baile propuesto es deseable o no desde el punto de vista de la política pública. Tampoco significa necesariamente que los demandados no puedan construir finalmente el salón de baile”, continúa.
“Lo que sí significa es que los demandados no pueden hacerlo mientras se desarrolla el procedimiento acelerado ante el tribunal de distrito sin obtener la autorización del Congreso, tal como exigen la Constitución y las leyes”, concluye el tribunal de apelaciones. Sin embargo, el órgano judicial ha suspendido inmediatamente la aplicación de su fallo durante dos semanas para dar tiempo a la Administración para solicitar el auxilio del Supremo. Si la máxima instancia judicial no interviene en ese plazo, las obras de construcción sobre el nivel del suelo deberán detenerse.
Este es el último revés legal al controvertido proyecto de Trump, quizás la más importante y controvertido de todas las profundas transformaciones iniciadas por el presidente en la Casa Blanca y en Washington desde que regresó al poder en enero del año pasado. A pesar de que no contaba con autorización, el año pasado el presidente ordenó demoler la histórica ala este de la residencia presidencial, una transformación mayor que, a diferencia de otras de menor calado –como la pavimentación del suelo del jardín rosado o el enorme mástil con la bandera estadounidense–, sí requiere el visto bueno del Congreso.
Fallo del tribunal de apelaciones
“Corresponde al Congreso decidir si debe construirse o no un salón de baile de esas dimensiones, no es una cuestión ejecutiva”
“Las acciones ejecutivas que arrebatan el control de esa propiedad a los representantes del pueblo, mientras dañan de forma irreparable la arquitectura histórica y visual de quizá el edificio público más destacado de EE.UU., interfieren gravemente con el interés público”, han escrito los jueces de la opinión mayoritaria del tribunal de apelaciones, Patricia Millett, designada por Barack Obama, y Bradley Garcia, designado por Joe Biden, tras una votación con un voto en contra de la jueza Neomi Rao, designada por Trump.
Los jueces han rechazado el argumento de Trump de que podía iniciar unilateralmente las obras con motivos de seguridad nacional. Aunque la construcción comenzó el año pasado, el presidente ha usado con frecuencia ese argumento después de que, en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Hilton de Washington, un hombre entrara armado con la intención de asesinarlo.
”La afirmación audaz de que el Poder Ejecutivo puede actuar con absoluta ilegalidad, destruyendo monumentos nacionales preciados y perjudicando los intereses de los ciudadanos, y que ningún tribunal puede detenerlo, desafía nuestro orden constitucional”, han escrito, tajantes, Millett y Garcia. “Aunque este tribunal concede un gran peso y deferencia a las invocaciones de seguridad nacional y a la protección del presidente, esos argumentos no son una carta blanca para quedar al margen de la ley”.
El fallo de este viernes confirma la decisión tomada por los tribunales inferiores. El juez Richard Leon, nombrado por George Bush, determinó en abril que el proyecto de Trump excedía con creces la escala de cambios menores que tradicionalmente han realizado los presidentes en la Casa Blanca y, por tanto, requería aprobación del Congreso. En la misma línea, también afirmó en su escrito que “la seguridad nacional no es un cheque en blanco para proceder con actividades que de otro modo serían ilegales”.
