
El Ministerio de Vivienda ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros la cuarta adenda al convenio entre el departamento dirigido por Isabel Rodríguez y la entidad pública de vivienda, Casa 47, para inyectar 260 millones de euros adicionales en este organismo. Así, la empresa estatal, presidida por Leire Iglesias, podrá poner en marcha 22 nuevos proyectos que suman en total 1.629 viviendas adicionales. La ministra Isabel Rodríguez ha explicado que “estos recursos van a permitir impulsar el parque público de vivienda asequible en España”.
De esas 22 nuevas actuaciones, tres se desarrollarán en Catalunya: Girona, Roda de Berà y Santa Coloma de Gramenet. Además, se llevarán a cabo otras tres en Comunitat Valenciana, tres en Andalucía, tres en Castilla y León, tres en Galicia, dos en Extremadura, una en Asturias, una en Canarias, una en Castilla-La Mancha, una en La Rioja y una en Murcia.
De esta forma, Casa 47 contabiliza ya 2.080 millones de euros recibidos, que le permitirán trabajar en 68 proyectos en todo el territorio español. De ellos, 44 corresponden a actuaciones de edificación residencial, con las que se levantarán 3.266 viviendas, y otros 24 son urbanizaciones de solares con potencial para 22.000 viviendas más.
Estos proyectos se suman a los que ya se encuentran en marcha en Sarrià de Ter y Batea, así como en otros repartidos por todo el Estado, incluyendo territorios que no suman esta vez nuevas actuaciones, como Madrid, Aragón, Baleares y País Vasco.
Se desarrollarán nuevos proyectos en Girona, Roda de Berà y Santa Coloma
El ministerio recuerda que a las obras de nueva construcción se suman las labores de adecuación de 40.000 viviendas procedentes de Sareb y otras entidades públicas, “que se pondrá a disposición de la ciudadanía a medida que estén en condiciones óptimas de habitabilidad”. En este momento, la convocatoria piloto está finalizando la adjudicación de 171 viviendas de alquiler asequible y, en los próximos meses, lanzará otras 600.
Adicionalmente, Casa 47 también se encuentra en la fase final de su primera oferta pública de compra, por 100 millones de euros, para incorporar viviendas de particulares o fondos, “algo que aseguraría que esas viviendas responden a su función social y no a la especulación”.
El Gobierno destaca que la nueva empresa estatal de vivienda cuenta con alquileres asequibles “que nunca impliquen un esfuerzo superior al 30% de la renta de sus inquilinos”, contratos estables de hasta 75 años, condiciones de acceso “para la clase trabajadora y distintas realidades familiares”, cohesión territorial y viviendas sostenibles en entornos verdes, entre otros aspectos.
El Gobierno repartirá en julio 800 millones del Plan Estatal de Vivienda
Asimismo, el Consejo de Ministros también ha aprobado el reparto de 7.000 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado recientemente en la Conferencia Sectorial de Vivienda por parte de Gobierno y autonomías.
De ese importe, el Gobierno repartirá en julio 800 millones entre las comunidades. Rodríguez ha dicho que, así, podrán comenzar a desarrollar “en plenitud” este proyecto durante el segundo semestre del año. Y ha destacado que este primer desembolso corre a cuenta de la Administración General del Estado y que, más adelante, se procederá a completar el reparto atendiendo a la cofinanciación acordada, de un 60% por el Estado y un 40% por los gobiernos autonómicos.
