Tras una semana de intensas negociaciones a múltiples bandas que se prolongaron aún más allá del tiempo de descuento, el Consejo de Ministros rectificó ayer su proyecto inicial y aprobó dos decretos para tratar de salvar la revalorización de las pensiones y la prórroga del escudo social, cuya convalidación conjunta cuando formaban un único redactado tumbaron PP, Vox, UPN y Junts. No obstante, solo el incremento de las prestaciones tiene visos de prosperar, puesto que el grupo de JxCat, a quien el Gobierno ha tratado de seducir en estos últimos días, dará respaldo a esa medida y no apoyará el resto del escudo social. Las modificaciones pactadas con el PNV y los gestos del Ejecutivo de Pedro Sánchez no bastan para los posconvergentes.
En un primer momento, la formación de Carles Puigdemont eludió desvelar qué hará y dijo que convenía “leer la letra pequeña”. Pero unas horas después, quedó claro su rechazo. “Votaremos en contra de prorrogar una medida que no solo no soluciona el problema sino que es injusta porque el coste de una iniciativa con la que se llenan la boca las izquierdas españolas lo pagan el pequeño propietario y los vecinos”, afirmó la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que pidió que el Estado asuma el coste cuando no hay desahucio.
La solución final que adoptó el Gobierno, a juicio de la Moncloa, es la alternativa que puede “concitar el mayor consenso posible” entre los grupos de la mayoría de la investidura. Pero la búsqueda de equilibrios emprendida por Sánchez para intentar alinear las discrepantes posiciones al respecto tanto en el seno de la coalición entre el PSOE y Sumar, como del PNV y Junts con Podemos y EH Bildu, no tiene garantizado el éxito de la operación salvo un giro de guion a última hora.
Pese a las resistencias iniciales, el Gobierno decidió finalmente dividir en dos el decreto ómnibus que decayó la semana pasada. La revalorización de las pensiones para casi 10 millones de jubilados durante este 2026 encabeza uno de los nuevos decretos-ley, junto a otras medidas de prestaciones públicas y en materia de empleo. Supondrá entre 50 y 130 euros más al mes para cada pensionista, y su convalidación en el Congreso, en el plazo máximo de un mes, puede darse ahora casi por segura.
JxCat mantiene el rechazo a la moratoria antidesahucios pese a los retoques y pide que el Estado asuma el coste
“El Gobierno no fabrica coartadas para que nadie justifique lo injustificable”, alegó la ministra portavoz, Elma Saiz, que insistió en señalar al PP por votar contra el decreto ómnibus que contenía la revalorización de las pensiones.
La mayoría de las iniciativas de prórroga del escudo social, junto a otras de carácter tributario y de financiación territorial, engrosan el segundo decreto-ley aprobado ayer. Pero aquí el Ejecutivo lo tiene mucho más difícil después del no anunciado por Junts. “El Gobierno va a trabajar con la herramienta poderosísima que tenemos en nuestra mano, que es el diálogo”, alegó Elma Saiz, consciente de que de entrada no hay garantías de éxito.
La novedad introducida por el Gobierno para lograr salvar la prórroga de las suspensiones de los procedimientos de desahucios y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional tenía por objetivo convencer tanto al PNV como a Junts.
Además de las compensaciones y garantías para los arrendadores, a determinar por parte de las comunidades autónomas, la nueva prórroga de las medidas antidesahucios excluirá a los pequeños propietarios de una o dos viviendas, o que estén ellos mismos en situación de vulnerabilidad, que no se verán afectados. En este caso, no se suspenderá el desahucio, pero corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia.
Belarra tacha de “asco absoluto” el acuerdo entre la Moncloa y los jeltzales para excluir a pequeños propietarios
Se trata de un peaje que Sumar aceptaba si, a cambio, se conseguía salvar el conjunto del decreto. “Hay que ser conscientes de la aritmética parlamentaria”, resumió el diputado de Compromís Alberto Ibáñez para transigir con la cláusula incluida por el PNV. En la misma línea, el portavoz del grupo plurinacional, Ernest Urtasun, defendió que lo importante es mantener el foco puesto en los grandes tenedores, donde “se concentra el problema social”.
No opina lo mismo, ni mucho menos, Podemos, cuya secretaria general, Ione Belarra, se mostró tajante tras conocer la concesión hecha por el Gobierno al PNV. “Asco absoluto” por un acuerdo que beneficia a las caseros que “sólo tienen una vivienda para alquilar”, sentenció de manera sarcástica para dejar entrever que la formación morada podría cambiar el voto afirmativo de la pasada semana por uno en contra cuando la norma aterrice en el pleno del Congreso.
El PP da a entender que apoyará la revalorización y arremete contra el PNV
El giro de Pedro Sánchez con el decreto de las pensiones, excluyendo ahora la moratoria antidesahucios, puede hacer cambiar de posición al PP. A la espera de leer el nuevo decreto aprobado ayer por el Gobierno, el PP tiene intención de apoyarlo en el Congreso si solo incluye la revalorización de las pensiones y “no hay trampas”.
La semana pasada, los populares rechazaron el decreto porque incluía “otros 21 temas” y, entre esos puntos, había medidas que no garantizaban la protección a los propietarios de viviendas de alquiler ya que no podían desalojar a determinados colectivos pese a no pagar. “No conozco el texto, pero sí queda claro que Sánchez estaba usando a los pensionistas para resolver sus problemas políticos”, dijo Alberto Núñez Feijóo ayer, en un acto electoral en Teruel junto a Jorge Azcón. “Lo que pretendía Sánchez era meter 21 temas más, usando a los pensionistas como rehenes para condicionar el voto”, ahondó Feijóo, quien criticó duramente el decreto pactado entre Gobierno y PNV para que la moratoria antidesahucios excluya a los propietarios con una vivienda en alquiler. De hecho, Miguel Tellado aseguró que el PNV “roza ya el ridículo”. El secretario general del PP, en La Sexta, arremetió contra el Gobierno porque considera que la medida antidesahucios va contra la propiedad privada. “A mí me parece una broma”, dijo.
