Alberto González Amador y sus cuatro factureros van a jugarse su condena por fraude fiscal a una sola baza. Su plan es intentar convencer al juez que les toque para enjuiciamiento que por culpa del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se ha vulnerado su presunción de inocencia y, por tanto, ellos deben quedar exonerados. Su planteamiento tiene algunas lagunas, pero a la luz de sus escritos de defensa, presentados por sus abogados la principal carta que pretenden jugar es la de víctimas de una Fiscalía que fue tras el empresario –y los otros acusados meros daños colaterales– por ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En las últimas semanas, tanto González Amador, como los tres factureros sevillanos David Herrera y los hermanos José Miguel y Agustín Carrillo –y su presunto testaferro mexicano, Maximiliano Niederer– han presentado sus escritos de defensa a los que ha tenido acceso La Vanguardia .
Mientras que la pareja de Díaz Ayuso ha hecho un detallado análisis de cómo le afectó que se conociera que pretendió reconocer los delitos y pactar con la Fiscalía para evitar el juicio, los otros cuatro acusados se han limitado a adherirse a sus pretensiones.
En la práctica, dejan en sus manos toda la estrategia judicial, a la luz de su éxito con la condena a García Ortiz por un delito de revelación de documentos, al quedar probado por el Tribunal Supremo que fue él o su entorno quienes filtraron a la prensa un correo electrónico de su abogado a la Fiscalía, ofreciendo una conformidad para frenar la investigación judicial iniciada por Hacienda.
“Como cuestión previa, la sentencia condenatoria del fiscal general anula toda la instrucción realizada por lo que se debe anular el procedimiento hasta la fecha en que la información es obtenida de forma delictiva dando nombres y apellidos de forma ilícita y nula de pleno derecho”. Con este entrecomillado, los abogados de los factureros limitan sus escritos, además de añadir, que no han cometido ningún ilícito.
En el caso del novio de Ayuso, en su escrito se explaya más y advierte que la causa contra él es la “antítesis del procedimiento penal justo en un Estado Constitucional, democrático y de Derecho, y, en concreto, la perversión de cuantos mecanismos garantes de la legalidad existen, hasta ser sustituidos por el delito, lo que jamás ha sido conocido ni en España ni en ningún Estado democrático de derecho que se considere como tal, siendo la víctima González Amador”.
El Supremo ya adelantó en la sentencia que la revelación no debe afectar al juicio
Sin embargo, la realidad es que su procedimiento lo inició la Agencia Tributaria al detectar irregularidades en su declaración de impuestos y lo remitió a la Fiscalía de Madrid ante la presunta comisión de dos delitos fiscales y otro de falsedad documental. Fue en el transcurso de esa investigación penal y ya iniciados los trámites judiciales cuando saltó a la luz pública que su abogado intentaba buscar un acuerdo con el fiscal del caso para no ir a juicio. Ofreció reconocer los hechos, pagar una multa y cerrar el asunto para evitar un escándalo público por ser la pareja de una dirigente política.
El principal obstáculo que se van a encontrar los cinco acusados es la propia afirmación del Tribunal Supremo en la sentencia por la que se condenaba a García Ortiz. Los magistrados ya advertían que la revelación cometida en nada debía afectar al juicio por fraude fiscal. Una cosa es el fraude y otra que se conociera que pretendía reconocer los hechos. A juicio del tribunal, la presunción de inocencia debe mantenerse intacta y el juez deberá analizar las pruebas e indicios que hay contra los acusados.
“Es cierto que el contenido de ese mail nunca debió hacerse público (…), pero es precipitado e infundado alimentar la impresión de que los jueces llamados a resolver esa causa penal no podrán resolver con profesionalidad. Hay que presumir que serán plenamente conscientes de la imposibilidad de utilizar como prueba en el proceso ese mensaje indebidamente difundido”, advirtieron los magistrados en la sentencia. Y añadieron: “no tenemos motivo alguno para albergar dudas sobre la profesionalidad de ningún magistrado y su capacidad de ahuyentar, a la hora de enjuiciar, elementos que han de ser expulsados del cuadro probatorio”
El tribunal explica que estas situaciones ya se tienen en cuenta en los procesos penales. Por ejemplo, cuando el juez o tribunal debe abstraerse de pruebas como una confesión, intervenciones telefónicas o el resultado de un registro, que luego son invalidadas. “Si el acusado quiere obtener algún rendimiento defensivo de este proceso de cara al que se sigue contra él, basta y sobra, con estas consideraciones, por lo demás innecesarias, pues cualquier juez o tribunal comprende con facilidad que no puede valorar en un proceso penal unas conversaciones confidenciales encaminadas a una conformidad cuando no se llega a un acuerdo”.
El Supremo desmontó gran parte de la intención de las cinco defensas, principalmente la de González Amador, de buscar un rédito procesal con esta revelación. Por eso, aclara, de cara al futuro juicio, que la frustración del acuerdo que buscaba su abogado no se produjo por las difusión de tal acuerdo, sino porque en la causa existen otras partes, como las demás defensas y acusaciones populares, que también deben estar de acuerdo con el pacto para que este se lleve a cabo.
A pesar del argumentario del Supremo, las defensas van a intentar agarrarse a ese clavo para evitar una condena por haber emitido facturas falsas, por trabajos que realmente no existieron, para que así González Amador declarara a Hacienda que sus beneficios fueron mínimos y así no pagar los impuestos correspondientes, en total 350.000 euros menos en dos años, según la Agencia Tributaria y la Fiscalía.
La pareja de Díaz Ayuso y sus cuatro cómplices intentarán anular el juicio por fraude fiscal
El novio de Díaz Ayuso hizo fortuna en el año 2020. Sus ganancias crecieron exponencialmente, en paralelo al inicio de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este empresario hizo negocio con servicios simulados de análisis de calidad sanitaria y normas ISO. Su principal cliente era el grupo sanitario Quirón, a su vez uno de los principales receptores de ingresos de la sanidad pública madrileña. Mientras que en el 2019 González Amador tuvo unos ingresos de unos 375.000 euros,éstos aumentaron a 2,33 millones al año siguiente.
El problema vino cuando sus beneficios aumentaron exponencialmente y sin embargo, lo pagado a Hacienda como impuesto de sociedades era una ínfima parte. La Agencia Tributaria detectó que los impuestos pagados por la empresa Maxwell Cremona eran sospechosos por su baja cantidad y decidió iniciar una inspección.
