El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox contra la reforma constitucional impulsada por el Gobierno para blindar el derecho al aborto en la sanidad pública. La iniciativa ha superado así su primer examen parlamentario y continuará su tramitación en las Cortes. Aunque con un horizonte incierto dada la exigua mayoría concitada.
La mayoría que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez ha vuelto a reagruparse para salvar este primer trámite. Sin embargo, la aritmética -177 votos en contra de los vetos frente a los 171 a favor- que ha permitido sortear el debate de devolución está lejos de las mayorías reforzadas que exige una reforma constitucional.
El proyecto seguirá ahora su recorrido parlamentario con el reto de alcanzar una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado -210 escaños en la Cámara Baja-, un umbral que, sin el apoyo del PP, convierte la viabilidad de la reforma en altamente improbable.
El Gobierno ha defendido la modificación como un paso para garantizar el acceso al aborto en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio. Durante el debate, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha insistido en que el problema no reside en el reconocimiento del derecho, sino en su ejercicio real, todavía marcado por fuertes desigualdades entre territorios y por el peso de la sanidad privada. Desde el PSOE se ha enmarcado además la iniciativa en un contexto de reacción conservadora internacional que, a su juicio, aconseja reforzar este tipo de derechos.
PP y Vox han cargado contra la iniciativa, a la que han acusado de responder a una estrategia de “demagogia” y de tener un marcado sesgo electoral. Y han cuestionado con plena sintonía la vía elegida para la reforma, al considerar que el recurso al artículo 43 busca esquivar el procedimiento agravado de modificación constitucional, que exigiría mayorías de dos tercios, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
El respaldo de los socios habituales del Gobierno ha sido, en todo caso, más táctico que entusiasta. Formaciones como el PNV, ERC, Junts o Podemos han avalado la continuidad de la tramitación, pero han expresado dudas de fondo tanto sobre su viabilidad política como sobre su encaje jurídico, al advertir de que podría tener un alcance más simbólico que efectivo o incluso reabrir debates ya resueltos. Algunas voces, como la diputada posconvergente Pilar Calvo, han llegado a cuestionar que el Ejecutivo pueda articular los apoyos necesarios. ”Un Gobierno que no tiene mayorías simples para aprobar leyes, ¿cómo quiere hacernos creer que busca mayorías de tres quintas partes para cambiar la Constitución?”, ha cuestionado.
Y otras, como Pilar Valluguera (ERC), directamente ha pedido al Gobierno que “no estropeo lo que ya tenemos” porque “poner en riesgo” el derecho al aborto supone una “temeridad política de consecuencias impensables” por lo que, al igual que Podemos, ha pedido que se haga cumplir la legislación actual.
Más allá del primer trámite superado, el debate ha evidenciado no solo la existencia de dos bloques nítidos, sino también las grietas dentro de la mayoría que sostiene al Ejecutivo. El Gobierno ha logrado mantener viva la reforma, pero lo ha hecho sin despejar las dudas sobre su recorrido. Con los apoyos actuales, el blindaje constitucional del aborto ha avanzado un paso en el Congreso, aunque puede que no muchos más.
