El Gobierno va a prorrogar la obligación de los operadores al por mayor de productos petrolíferos con capacidad de refino en España de informar semanalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre sus costes de adquisición de productos petrolíferos y los precios de venta de carburante a las estaciones de servicio.
Así lo trasladó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, a los operadores del sector en la reunión que mantuvieron este lunes, en la que también participó el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.
Esta obligación, recogida en el real decreto ley con medidas para hacer frente al impacto de la guerra de Irán, estaba prevista inicialmente para tres meses prorrogables. Por ello, mañana el Consejo de Ministros acordará su mantenimiento hasta final de año.
El ministro de Economía se ha unido a la habitual reunión de Transición Ecológica como parte de una ronda de consultas en la que también están previstos contactos con el sector agroalimentario, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; y con el sector industrial, junto al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para evaluar el impacto que en estos sectores está teniendo la evolución del conflicto de Irán y si es necesario mantener o modificar el Plan de Respuesta a dicho conflicto que se aprobó el 20 de marzo.
La valoración inicial es que está cumpliendo su objetivo de amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo. El concreto, estima que está teniendo un efecto cercano a un punto porcentual de moderación sobre la tasa interanual de inflación general, especialmente en los carburantes.
Está pendiente la evaluación del impacto que pueda tener en la economía española una reapertura del estrecho de Ormuz, para decidir si finalmente ese paquete de ayudas finaliza el 30 de junio como se estipuló en un primer momento o se amplía y en qué condiciones.
