El actual proyecto estrella de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el nuevo registro horario para evitar los abusos en la jornada laboral, se ha llevado un duro golpe. El registro horario fue la réplica de la ministra cuando el parlamento tumbó su reducción de jornada, pero ahora ha topado con el dictamen que ha emitido el Consejo de Estado, que es muy negativo y termina con una conclusión rotunda: “No procede aprobar el Real Decreto proyectado”.
Los argumentos del Consejo de Estado son múltiples. Los principales son adoptar por reglamento una modificación que afecta al terreno legislativo, la falta de protección de datos personales, no valorar el impacto sobre las pymes y no incluir una adecuación por sectores.
En el dictamen al que ha tenido acceso “La Vanguardia”, que se aprobó el jueves y que hoy se ha facilitado al Ministerio de Trabajo, se valora positivamente el objetivo perseguido, porque “la jornada de trabajo no debe extenderse más allá de lo previsto”, pero a partir de ahí, se suceden las críticas a la forma en que se intenta conseguir.
El Consejo de Estado avala el objetivo de que se cumpla la jornada de trabajo pero no la forma planteada para conseguirlo
De entrada, se señala que una norma para imponer un registro digital de modelo único para 1,35 millones de empresas requiere una tramitación más amplia. Una de las críticas destacadas es la de utilizar un real decreto para entrar en el terreno legislativo. “No se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley de cobertura, sino que impone nuevas obligaciones y cargas….rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria”, se señala, para añadir que “lo que puede la ley no lo puede el reglamento”. Es la crítica al desarrollo a través de un real decreto, que es la utilizada para evitar su pase por un parlamento en el que el Gobierno no tiene mayoría asegurada.
Otra crítica son las garantías sobre la protección de datos personales, con una previsión que no es suficiente “para justificar debidamente la iniciativa normativa adoptada, que incide en un derecho constitucionalmente garantizado a la intimidad de todos los trabajadores asalariados de España”.
El dictamen recoge informes de diferentes ministerios, como el de Economía, que es especialmente crítico en relación con el trato que se quiere dar a las pymes. El ministerio reclama un periodo transitorio amplio para las pequeñas empresas, señala que la dificultad y el coste que tendrán para “implantar sistemas digitales, que precisan licencias de software, costes de puesta en marcha y dificultades iniciales, además de la formación de trabajadores”. También se critica, por escasos, los veinte días de margen que se dan para la adaptación.
El informe de Economía reclamaba un mejor trato a las pymes
Respecto al software que se requerirá, el Ministerio de Economía propone que sea la propia administración la que desarrolle una aplicación pública gratuita o al menos de coste accesible para las empresas, siguiendo el modelo de la factura electrónica.
El dictamen del Consejo de Estado no es vinculante, pero, por su dureza, supone un golpe a este reglamento, que también lo hará más vulnerable a potenciales recursos judiciales. El dictamen cuenta con un voto parcialmente discrepante, del consejero Fernando Ledesma, en el que se destaca que no se puede llegar a la conclusión de “que es la ley y solo la ley la que pueda imponer el sistema digital con exclusión de todos los demás”. Añade que lo que se debe cumplir son los requisitos de ser objetivo, viable y accesible, los cuales cumple el sistema que plantea el proyecto.
Al conocerse el dictamen, el Ministerio de Trabajo contestó con contundencia que “es incomprensible que alguien, como hacen estos informes, pueda situarse en contra de un instrumento que lo que quiere es garantizar que se cumpla la ley en nuestro país, y que las empresas que abusan de la jornada de sus trabajadores no compitan deslealmente con el resto y paguen las horas extraordinarias como corresponde”.
Por su parte, desde el Ministerio de Economía apuntan que es normal que en estos procedimientos se modifiquen y cambien algunos aspectos de los reglamentos, pero subrayan que están a favor de la medida si se dota, sobre todo a las pymes, “de periodos de adaptación suficientes”.
