La CNMC ha acordado no incoar un procedimiento sancionador y archivar las actuaciones seguidas contra BP, Cepsa (actual Moeve) y Repsol por considerar que no hay indicios de infracción en relación con las denuncias presentadas por dos asociaciones del sector (AESAE y ACIH) en el año 2022. Según éstas, Repsol, Cepsa y BP habrían abusado de su posición de dominio colectiva y realizado prácticas colusorias para aumentar sus cuotas de mercado en el contexto de las subidas de precios de los carburantes por la invasión rusa de Ucrania.
Las prácticas habrían consistido, por un lado, en incrementar los precios de venta mayorista a las gasolineras independientes (low cost) –las que les compran el carburante- y, por el otro, aplicar descuentos a sus clientes en la venta minorista mediante tarjetas de fidelización y pago.
La CNMC no ha hallado indicios de la existencia de intercambios de información ni concertación entre Repsol, Cepsa y BP. Asimismo, considera que no hay indicios de la existencia de una posición de dominio colectivo entre dichas compañías.
En lo que respecta al intercambio de información, BP y Cepsa supieron de las políticas de descuentos que Repsol pensaba adoptar a través de los medios de comunicación e información pública. Ambas compañías se vieron negativamente afectadas por una pérdida de clientes, parte de ellos captados por Repsol.
Por otro lado, Repsol tenía una capacidad de refino en 2022 muy superior a la de sus rivales y unas mayores cuotas de mercado, no actuando junto con BP y Cepsa como una única entidad colectiva desde el punto de vista económico.
En un procedimiento sancionador distinto finalizado en enero de 2026 la CNMC sí sancionó a Repsol con 20,5 millones de euros por haber abusado de su posición de dominio en el mercado mayorista de distribución de combustibles de automoción a estaciones de servicio. Se consideró responsable a la empresa de un estrechamiento de márgenes consistente en aplicar, entre otras conductas, políticas de retención de volumen y de incremento de precios de venta del Gasóleo A (GOA) a sus rivales (gasolineras independientes) en dicho mercado, mientras que, en el mercado minorista de venta de combustibles de automoción en estaciones de servicio, realizó una campaña de descuentos en el precio del GOA a clientes profesionales que superaba las prestaciones que estaba obligada a aplicar en virtud de las medidas aprobadas en su día por el Gobierno.
