El PP de Alberto Núñez Feijóo se ha enfangado en un paralizante pantano político como consecuencia de su pacto de “prioridad nacional” con Vox en Extremadura y Aragón y su oposición al plan de regularización de residentes extranjeros del gobierno de Pedro Sánchez. Además de abrir un boquete en su relación con la Iglesia, también está chocando con el mundo empresarial, firme partidario de la medida propuesta por el Gobierno. Otra novedad es que en el cruce de caminos también ha quedado atrapada Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña.
El pasado miércoles la dirección de CEOE, la gran patronal española que preside Antonio Garamendi, constató la distancia entre los líderes de la derecha, Feijóo y su socio Santiago Abascal, y el sentir empresarial, algo poco usual pero que ha sido el resultado de la mencionada asunción de los populares de la línea postulada por la ultraderecha de Vox en materia de migración.
En los días previos, Ayuso había transmitido en privado a algunos dirigentes empresariales madrileños sus quejas por el apoyo de las patronales a la regularización de residentes extranjeros aprobada por el Gobierno. Ayuso, que quiere nadar y guardar la ropa, se contorsiona entre la crítica a los pactos de su partido con los ultras, que pueden enturbiar su baile de seducción a los inmigrantes con posibles en su comunidad y la denuncia del plan de Sánchez. No está claro que la maniobra trumpista de capturar a los viejos inmigrantes cargando contra los nuevos y más pobres funcione.
El miércoles, en la reunión de la cúpula de CEOE, Garamendi abrió el fuego expresando su convencimiento de que la medida del Gobierno es necesaria para mantener la actividad empresarial y económica, pese a matizar que técnicamente podría haberse planteado mejor.
Un dirigente madrileño, próximo al ayusismo, intervino cuestionando la medida del ejecutivo español. La réplica le vino de Josep Sánchez Llibre, el presidente de la patronal catalana Foment, que ratificó la línea de Garamendi y aportó datos económicos y demográficos que avalan la regularización; esta y otras posibles en el futuro. Para ello echó mano de un extenso estudio elaborado por entidades vinculadas a Foment en el que se pone de manifiesto la dependencia española de la inmigración para sostener la actividad económica.
Un valioso balón de oxígeno vital para el Gobierno que los empresarios otorgan movidos por sus propios intereses y las demandas de los asociados a sus organizaciones. Gesto que, en el caso del catalán, también tiene lecturas en el ámbito de la distensión de sus relaciones con la Generalitat de Salvador Illa.
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El pacto entre el PP y Vox en Extremadura para la investidura de María Guardiola como presidenta de la comunidad autónoma ha centrado, lógicamente, la polémica sobre la “prioridad nacional” y su cuestionada legalidad. Pero hay otros aspectos del acuerdo entre las dos formaciones políticas de la derecha que han pasado más desapercibidos pero que también pueden acabar produciendo consecuencias no deseadas o imprevistas, algunas en el ámbito del medio ambiente y las inversiones empresariales.
En especial las actividades empresariales vinculadas con el sector de las industrias renovables. El documento acordado entre PP y Vox recoge literalmente que “el Gobierno de Extremadura asume el compromiso de emplear todos los medios legales y administrativos necesarios para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos, en terrenos de uso tradicional – incluidas vías pecuarias- y en aquellos suelos en los que se produzca una afección al patrimonio natural. El desarrollo energético debe compatibilizarse con la protección del territorio y los usos y costumbres del campo, la actividad económica del sector primario y la conservación del medio natural, evitando la ocupación indiscriminada del suelo”.
A continuación, el documento incluye un apartado titulado “Blindaje del sector primario frente a la agenda 2030”, en el que “este Gobierno se compromete a no aprobar ninguna medida que perjudique objetivamente al sector primario y lo protegerá activamente -económica, política y jurídicamente- de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde”.
Se trata de prioridades políticas que chocan directamente con varias importantes inversiones en marcha o anunciadas en la comunidad al amparo de programas europeos de fomento de energía alternativas y de impulso de esa agenda 20230.
Entre ellos los de las empresas Envision, Diamond Foundry, Hunang Yuneng, vinculados a las energías renovables. Envision group impulsa un proyecto de inversión para la producción de baterías para vehículos eléctricos en Navalmoral de la Mata (Cáceres), financiado parcialmente con el PERTE-vehículo eléctrico que a futuro cuenta también con actividades de hidrógeno verde. Envision, por su lado, tiene otro proyecto de baterías en Mont-Roig del Camp (Tarragona)
El de Diamond Foundry consiste en la fabricación de diamantes artificiales y vinculado al sector de semiconductores, en este caso en Trujillo y tiene concedidas subvenciones de 81 millones de euros, aprobados por la Comisión Europea, por su “alineación con los objetivos estratégicos de la UE en creación de empleo, desarrollo regional y transición ecológica”. Por su parte, Hunang Yuneng ya ha adquirido terrenos en Mérida para su factoría de cátodos eléctricos para baterías y que también recibe subvenciones de 23 millones vinculados al PERTE de vehículos eléctricos, siempre condicionados al progreso en la transición verde y digital.
