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“Si eres programador y no estás ayudando al delito, no serás investigado ni acusado”, según Blanche.
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Blanche dijo que siguen “lidiando” con los casos judiciales de Tornado Cash y Samourai Wallet.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) han anunciado un giro fundamental en su política de persecución penal contra la industria de las criptomonedas.
Según declaraciones del fiscal interino Todd Blanche y del director del FBI, Kash Patel, el gobierno federal ha decidido cesar la judicialización de programadores y plataformas por el mero desarrollo de código de fuente abierta, enfocando ahora sus recursos exclusivamente en los actores criminales que utilizan la tecnología para fines ilícitos.
Durante su participación virtual en la Conferencia Bitcoin 2026, que se celebra en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Blanche reconoció que el enfoque de la administración anterior —dirigida por el presidente demócrata Joe Biden—estuvo «mal enfocado» y resultó «fundamentalmente injusto» para la industria de Bitcoin y los activos digitales.
El funcionario enfatizó que ya no se buscará «regular mediante el procesamiento judicial», una práctica que, según sus palabras, asfixió la innovación y obligó a muchas empresas a evitar operar dentro del territorio estadounidense por temor a represalias legales carentes de una base regulatoria clara.
Un cambio de paradigma para los programadores
De acuerdo con Blanche, esta nueva directriz busca ofrecer garantías de seguridad jurídica a quienes construyen la infraestructura tecnológica del ecosistema. El fiscal fue enfático al señalar que «si eres un desarrollador o formas parte de una plataforma, no te vamos a privar de tu libertad ni a procesarte cuando ni siquiera existe una regulación desarrollada que señale claramente una ley o máxima que estés violando».
El fiscal interino insistió en que el código es una forma de expresión protegida y que la industria necesita innovación constante para prosperar.
«Los programadores no deberían sentir que van a ser procesados porque algún tercero, más adelante, utilice lo que se desarrolló para cometer delitos», afirmó Blanche. De esta manera, subrayó que la responsabilidad penal debe recaer sobre el usuario criminal y no sobre el creador de la herramienta.
No obstante, Blanche aclaró que esta postura no es una carta blanca para la ilegalidad. «No estamos excusando delitos flagrantes. Si estás lavando dinero o violando sanciones, el mero hecho de ser programador no te exime de responsabilidad penal», advirtió el funcionario.
La distinción clave radica en la intención y el conocimiento del desarrollador respecto de las actividades delictivas de terceros.
El FBI redirige sus esfuerzos hacia los centros de estafa
Por su parte, el director del FBI respaldó esta visión al informar que la agencia ha redirigido sus esfuerzos hacia el desmantelamiento de infraestructuras criminales físicas.
Patel reveló que, durante 2025, se recibieron 180.000 denuncias relacionadas con fraudes en el sector, con pérdidas que superaron los 11.000 millones de dólares en bitcoin y otras monedas digitales.
Ante esta magnitud, el FBI ha priorizado la lucha contra los «centros de estafa» localizados en el sudeste asiático, específicamente en Camboya, Tailandia y Birmania.
«Este FBI se ha centrado en desmantelar esos centros de estafa porque nuestros adversarios extranjeros estaban utilizando la trata de personas para despojar a los estadounidenses de sus dólares ganados con tanto esfuerzo a través de Bitcoin», explicó Patel.
El director destacó que el objetivo principal es separar el uso legítimo de monedas digitales del fraude real, protegiendo así a los inversionistas —especialmente a ciudadanos de la tercera edad— de esquemas como el «pig butchering» o matanza de cerdos.
Controversia en la comunidad por casos de privacidad
A pesar de estas promesas de apertura, la participación de Blanche y Patel en la Conferencia de Bitcoin en Las Vegas desató controversia.
CriptoNoticias reportó la semana pasada que la investigadora L0la L33tz formuló una queja pública, acusando a los funcionarios de utilizar el evento para «blanquear» sus reputaciones mientras sus oficinas mantienen procesos judiciales abiertos contra desarrolladores de herramientas de privacidad.
La crítica se centra en la contradicción percibida entre el discurso de «libertad de expresión» y las acciones legales en curso contra proyectos como Tornado Cash y Samourai Wallet, cuyos desarrolladores principales se encuentran detenidos.
Más aún, en el caso preciso de Tornado Cash, fiscales del Distrito Sur de Nueva York solicitaron en marzo programar un segundo juicio en contra de Roman Storm, cofundador de ese mezclador de criptomonedas, con la intención de solventar los cargos de conspiración para el lavado de dinero y violación de sanciones internacionales.
Al respecto, Blanche admitió que todavía están «lidiando» con estos «casos residuales» de la administración Biden, los cuales reconoció como «complicados procesalmente», aunque reiteró su compromiso con el nuevo enfoque regulatorio.
De cualquier forma, el éxito de este cambio de postura dependerá de la resolución de estos casos pendientes. Mientras el gobierno estadounidense busca recuperar la confianza de los desarrolladores de código, la comunidad técnica sigue vigilante ante la posibilidad de que las promesas de libertad tecnológica se cumplan o no.
