La reforma aprobada hoy por el Consejo de Ministros trata de adaptar la prevención de riesgos a la nueva realidad laboral y de modernizar una ley que ya lleva 30 años en vigor. El gran objetivo es reducir una siniestrabilidad laboral que, aunque se ha reducido en los últimos años, sigue siendo muy elevada. El año pasado 735 trabajadores murieron en el puesto de trabajo o en el trayecto de ida o vuelta.
“Es una reforma completa de ley de prevención que cumple 30 años”, ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la presentación del anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, insistiendo en adaptar a los tiempos actuales aquella ley del 1995, revolucionaria en su momento porque incorporaba el concepto de prevención, pero desfasada ahora. El objetivo es que “nadie se enferme ni fallezca en su puesto de trabajo”, ha añadido.
De esta manera, la norma establece una gestión más preventiva en la gestión de los riesgos en el puesto de trabajo, con atención específica a los derivados del cambio climático, el trabajo a distancia, la protección de la salud mental y una adaptación a las características personales tras una ausencia prolongada por motivos de salud.
“Que nadie enferme o fallezca en el puesto de trabajo”, es el objetivo, dice Yolanda Díaz
La nueva norma establece mayor presencia de los trabajadores en la política de prevención de las empresas, con el objetivo de asegurar que se acabe aplicando, y también crear agentes territoriales de prevención para las pymes más pequeñas, aquellas en que no haya representación sindical.
Un anteproyecto de ley que arranca con el apoyo solo de los sindicatos porque la patronal se desmarcó de las negociaciones, y a la que le espera una difícil tramitación parlamentaria. El acuerdo se firmó en febrero, pero la CEOE ya había quedado fuera el noviembre anterior cuando Trabajo les formuló un ultimátum al considerar que estaban entorpeciendo unas negociaciones que se alargaban sin razón que avalara el retraso. En total, duraron veinte meses para terminar con un pacto solo a dos bandas.
Por el momento, la reforma no cuenta con apoyos suficientes en el Congreso, aunque todavía tardará en pasar a esta fase. Antes, el anteproyecto debe reunir los informes correspondientes para un segundo paso por el Consejo de Ministros y, a partir de ahí, irá al parlamento.
Una novedad es que la norma crea la figura del agente territorial de prevención de riesgos, con capacidad para visitar los centros de trabajo y plantear medidas para mejorar la seguridad de los trabajadores, y que realizarán sus tareas de prevención en empresas de menos de diez trabajadores.
También obliga al empresario a crear un servicio de prevención propio cuando la empresa tenga más de 300 trabajadores, con un listón que se reduce a 150 en el caso de los sectores considerados de riesgo, como sería la construcción, entre otros. En este terreno, también señala que el empresario solo puede asumir la prevención en primera persona si la plantilla no supera los diez trabajadores.
