Primeras medidas claras y concretas de Bruselas para apoyar a los sectores más afectados por la subida de los precios del combustible y de los fertilizantes debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. La Comisión Europea permitirá que los Estados subvencionen hasta el 70% de la factura energética a los sectores más golpeados por la guerra de Irán. Tanto en agricultura y pesca, cuando las ayudas quieren cubrir el aumento de costes en combustibles y fertilizantes, como en transporte terrestre y marítimo o en las industrias de consumo intensivo, como la metalúrgica o siderúrgica.
Tras haber presentado la semana pasada la caja de herramientas para que los Estados miembros afronten este bache, ahora la Comisión Europea ha adoptado el Marco Temporal de Crisis en el Oriente Medio (METSAF), que confirma las flexibilidades en ayudas de Estado que permitirán abordar esta crisis energética que ya ha costado más de 25.000 millones de euros a los bolsillos de los europeos en compras adicionales de combustibles fósiles.
Las ayudas no son a tiempo indeterminado, sino que deben concederse, por lo general, hasta el 31 de diciembre de 2026, pero Bruselas no descarta extender este margen temporal si la crisis se prolonga. “No queremos agotar el espacio fiscal de los Estados miembros. No queremos malgastar el dinero. Queremos invertir en aquello que tenga sentido a largo plazo y que perdure”, ha destacado la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión al frente de una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, al frente de la propuesta.
Menos burocracia
El Ejecutivo comunitario añade una opción sin papeleo que otorga hasta 50.000 euros
De momento están acotadas a estos sectores especialmente azotados por la crisis, mientras que en cuanto a la aviación, otro sector que ya está cancelando vuelos por el aumento de los precios del combustible para aviones, la Comisión considera que este sector tiene unas particularidades diferentes al comprar el combustible con unos tiempos mucho mayores, aunque deja la puerta abierta a una ulterior intervención en el futuro en caso de escasez de combustible.
Además, recuerda que las normas ya permiten que los Estados miembros puedan, en las rutas aéreas que son vitales para la conectividad, establecer servicios públicos de emergencia para mantenerlas o conceder ayudas sociales a los residentes de regiones remotas para compensar el aumento del precio de los billetes. Para rutas con menos de 300.000 pasajeros al año, incluso pueden compensar a las aerolíneas sin notificarlo previamente a la Comisión. A la luz de esas posibilidades, la Comisión considera que “la normativa vigente en el sector de la aviación es suficiente para hacer frente a la situación actual”, indica el documento aprobado. “Prestaremos atención y vigilaremos cómo evolucionan las cosas, pero por ahora no parece que requiera medidas específicas”, apuntó la comisaria al ser preguntada por este sector.
En cuanto a los que sí podrán recurrir a estas ayudas de hasta el 70% de la factura energética, la agricultura y pesca y el transporte terrestre y marítimo, el incremento del coste será determinado por cada Estado miembro, teniendo en cuenta el precio del mercado con el histórico y el consumo de cada empresa antes de la crisis. Para reducir el papeleo, estas empresas tendrán una “opción simplificada” para facilitar el acceso a las ayudas que permite a los Estados miembros, “especialmente atractiva para los más vulnerables: pequeños agricultores, pescadores y transportistas, micro y pequeñas empresas”, según Ribera.
Consiste en calcular los importes individuales de las ayudas basándose en una estimación general del consumo de combustible en el sector u otros indicadores similares, en lugar de que los beneficiarios tengan que aportar pruebas detalladas de su consumo real. Bajo este instrumento, cada beneficiario (normalmente pequeñas y medianas empresas que no tienen capacidad de hacer estas gestiones) podrá recibir hasta el tope de 50.000 euros.
Las empresas deben demostrar que estas ayudas en las facturas de la energía les permitirán mantener operaciones que de otro modo se verían reducidas o interrumpidas. Tampoco pueden recibirlas —con algunas excepciones— aquellas compañías que ya se vieran en dificultades financieras antes del 28 de febrero.
Bruselas también apunta a industrias intensivas en energía, es decir, las que requieren grandes cantidades de electricidad para sus procesos de fabricación, como la del acero y aluminio o la industria química. Por lo tanto, también están sufriendo este aumento repentino de los precios de la energía debido a la guerra iniciada por Donald Trump en Oriente Medio. Para ayudarlas a sobrellevar los picos de precios actuales, la Comisión Europea apuesta por introducir cambios temporales en el Marco de Ayudas Estatales para el Pacto Industrial Limpio (CISAF).
Por ejemplo, si hasta ahora estas industrias podían recibir ayudas para cubrir la mitad del coste de la electricidad, bajo las nuevas flexibilidades este límite aumenta hasta el 70% del coste del consumo, algo que, para Ribera, “puede significar la supervivencia o el abandono definitivo de la actividad debido a estos márgenes tan ajustado”. O, debido a la urgencia de la crisis, se les brinda este apoyo sin exigir a cambio una mayor inversión en descarbonización, es decir, que sean más ecológicas.
Ahora, los Estados miembros que quieran desplegar ayudas estatales en línea con este marco temporal tendrán que notificar sus medidas al Ejecutivo comunitario, que deberá aprobarlo posteriormente. Eso sí, algunos países como Italia ya han dejado claro que su margen de movimiento no es muy amplio. La primera ministra italiana se mostró favorable a la propuesta de la Comisión de flexibilizar las ayudas en los Estados miembros, aunque señaló que “el espacio fiscal no es el mismo para todos” y pidió desactivar las rígidas reglas fiscales de la Comisión. Algo parecido reclamó desde la cumbre de Chipre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De momento, Bruselas no está por la labor.
