A sus más de 130 años de edad, la empresa vasca Tubos Reunidos entra estos días en la uci después de que ni sus directivos ni los bancos acreedores ni las fuerzas políticas hayan sido capaces, por ahora, de encontrar una solución mejor. A falta de alternativas, la compañía con sede en Amurrio solicitó este lunes ante un juzgado de Álava la declaración de concurso voluntario de acreedores ante su “insolvencia inminente”. Con su decisión agrava de paso la particular crisis del valle de Ayala, cuya prosperidad se encuentra herida. En Euskadi hay quienes comparan este enclave, a medio camino entre Bilbao y Vitoria, con la margen izquierda del río Nervión y la reconversión industrial sufrida hace décadas. La conflictividad laboral también recuerda tiempos pasados.
Los problemas de esta empresa de tubos de acero sin soldadura vienen de atrás, desde que hace diez años la primera administración Trump empezase a imponer unos aranceles que se cebaron con el sector. Tubos Reunidos obtiene en Estados Unidos cerca de la mitad de sus ingresos y, desde entonces, no levanta cabeza. En la última década apenas ha logrado beneficios en dos ejercicios y por el camino se ha visto obligada a cerrar una de sus acerías, la de Valle de Trápaga, en Vizcaya.
Parte de aquella reestructuración la abordó con el préstamo de 112 millones de euros concedido por la SEPI durante la pandemia, dentro del fondo de ayuda a empresas estratégicas. Ahora esta deuda es un lastre adicional cuyos intereses crecen año a año: cerca del 8% a partir del cuarto ejercicio y de casi el 12% en el octavo. Los rescates se idearon para que las empresas devolviesen rápido el dinero, pero no es el caso de Tubos Reunidos.
La SEPI no puede condonarle el préstamo de 112 millones, pero sí aligerar los intereses
La normativa prohíbe a la SEPI hacer una quita, aunque sí puede flexibilizar el calendario de pagos y, como ya se hizo en Duro Felguera, convertir el préstamo participativo en uno ordinario, lo que acabaría al menos con los intereses crecientes. La SEPI tiene poco margen legal y pisa, además, territorio pantanoso, ya que su expresidente Vicente Fernández está siendo investigado, entre otras cosas, por cobrar dinero por asesorías a Tubos Reunidos.
En los últimos meses los problemas de la empresa han ido en aumento. Un nuevo arancel en Estados Unidos en vigor desde junio del año pasado y el encarecimiento de la energía la han metido en un atolladero. La compañía anunció unas pérdidas provisionales de 73 millones en el 2025 que luego elevó a 118 millones, a lo que se suman las dudas del auditor, EY, acerca de su capacidad para seguir en funcionamiento.
Los bancos no dan oxígeno a la empresa y los empleados se han declarado en huelga indefinida
El actual plan de viabilidad contempla el cierre de la acería de Amurrio y el despido de más de 300 personas, lo que ha encendido la mecha del conflicto laboral. Los trabajadores se han declarado en huelga indefinida y han impugnado el ERE planteado mientras la Inspección de Trabajo considera que la empresa se encuentra en causa legal de disolución.
Aparte de la reestructuración de plantilla, el plan de viabilidad también propone contener la deuda, por 263 millones de euros, mediante algún tipo de acuerdo con la SEPI, que no tiene demasiado margen para hacer concesiones, según indican desde el holding estatal. Un tercer punto incluye la refinanciación con la banca, pero el pool de cerca de veinte bancos acreedores, entre los que figuran el Santander, el BBVA y CaixaBank, no lo ve claro. El cuarto punto tiene que ver con la necesidad de dinero fresco, sin que se sepa cómo podría llegar.
Desde la empresa fiaban la solución a encontrar un inversor o un socio industrial que la saque adelante. Sin embargo, ni siquiera los políticos confiaban en ello. Hace unos días, el consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, se preguntó “quién va a ser el valiente” que quiera invertir en la compañía. Atrapada por las deudas, con la plantilla en lucha y sin grandes perspectivas de futuro, no se conocen potenciales interesados ni siquiera capaces de generar rumores de mercado. El Gobierno vasco ha dicho que solo entraría en la empresa como lo hizo en Talgo, Ayesa o ITP si aparece un inversor serio. En el entorno de Tubos Reunidos ya había estos días quienes pensaban que, a estas alturas, lo mejor era un concurso de acreedores. En Euskadi, la idea de resolver la situación en los tribunales ya no suena a tabú.
A finales de enero, la empresa nombró presidente a Joaquín Fernández de Piérola, que había sido consejero delegado de Abengoa, con experiencia en empresas que atraviesan dificultades. Como preludio del concurso, estos días se ha producido alguna dimisión en el consejo de administración.
Las tensiones de tesorería han sido el detonante
La decisión de solicitar el concurso ha sido adoptada por el consejo de administración por las tensiones de tesorería que la compañía ha experimentado en los últimos meses y que se han agudizado debido a la “paralización indeseada” de la actividad en su planta de Amurrio. “Lsa sociedad se encuentra en una situación de insolvencia inminente”, afirma.
La solicitud de concurso, adoptada tras recabar asesoramiento externo, tiene como finalidad declarada la protección de los intereses de acreedores, trabajadores, proveedores y accionistas de la sociedad y sus empresas dependientes.
Tubos Reunidos factura unos 360 millones de euros y emplea a cerca de 1.300 personas en cuatro unidades de producción en Euskadi, ubicadas en Amurrio, Subillabide y Valle de Trápaga.
Un largo calvario bursátil
Entre malas noticias, la empresa ha perdido en un año el 75% de su valor en bolsa. Sin embargo, la semana pasada acabó por ahuyentar a los inversores. El lunes pasado sufrió una caída del 40% y esa misma noche reconoció ante la CNMV que ni las conversaciones con los acreedores ni la búsqueda de socios ni las peticiones de financiación habían surtido efecto. Como consecuencia, Tubos Reunidos “se encuentra en una situación que compromete su viabilidad y que podría exigir la adopción de medidas adicionales, sin que pueda descartarse la solicitud de declaración de concurso voluntario”, según notificó al supervisor.
