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El Departamento de Trabajo evalúa crear «puertos seguros» para regular bitcoin en cuentas de ahorro.
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Latinos en EE. UU. lideran la adopción de BTC, pero solo el 35% tiene plan de retiro.
Ahorrar para la jubilación en Estados Unidos suele evocar una imagen de estabilidad predecible: fondos mutuos, bonos y un goteo constante de dólares acumulándose durante décadas en una cuenta de ahorros llamada 401(k). Sin embargo, una silenciosa batalla regulatoria en Washington está a punto de introducir bitcoin (BTC) y criptomonedas en el tablero de los planes de retiro.
La Blockchain Association presentó una carta formal de apoyo a una nueva regla del Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) para que los administradores de pensiones evalúen a los activos digitales bajo la misma lupa de neutralidad que a cualquier otra inversión.
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Esta iniciativa busca revertir una orden emitida en 2022, bajo la administración de Joe Biden, cuando el gobierno estadounidense emitió severas advertencias contra la inclusión de criptoactivos en los ahorros jubilatorios.
Ahora, la nueva propuesta, publicada el pasado 30 de marzo bajo las directrices del presidente Donald Trump para reducir trabas a inversiones alternativas, cambia el enfoque.
En lugar de prohibir, crea «puertos seguros» (o safe harbors) amparados en la histórica ley ERISA. Esto significa que un administrador no será sancionado automáticamente por incluir bitcoin, siempre que demuestre con documentos haber analizado con prudencia factores rigurosos, entre ellos, comisiones, liquidez, rendimiento estimado y complejidad del mercado.
El impacto potencial de este tecnicismo legal es importante, pues regula el destino de billones de dólares pertenecientes a más de 90 millones de trabajadores.
Para la comunidad hispana en Estados Unidos, la medida encierra una profunda paradoja. Por un lado, los latinos registran tasas de adopción y uso de criptomonedas de forma individual notablemente superiores al promedio nacional; por el otro, su participación en planes de retiro formales patrocinados por empresas apenas ronda entre el 30% y el 35%.
«Los estadounidenses no deberían verse bloqueados del acceso a activos digitales solo por estar relacionados con criptomonedas», argumentó la Blockchain Association, sugiriendo que la reforma podría ser el incentivo que acerque a los trabajadores hispanos al sistema de ahorro institucional a través de un activo que ya conocen.
No obstante, la idea de mezclar el futuro de los trabajadores durante su vejez con los criptoactivos es algo que despierta alarmas generalizadas. Organizaciones como el Economic Policy Institute y Better Markets advierten que estos activos como bitcoin y criptomonedas debilitan la responsabilidad fiduciaria de los administradores y priorizan los intereses de la industria por encima de la seguridad del empleado, exponiendo fondos familiares a una volatilidad extrema.
Sin embargo, estas críticas ignoran que aunque bitcoin suele catalogarse como un activo de alta volatilidad en el corto plazo, acumula más de 16 años elevando su valor general. Se trata de una constante de apreciación a largo plazo que no comparten las divisas tradicionales como el dólar, cuyo poder adquisitivo tiende a la depreciación a pesar de ser percibidas históricamente como refugios de baja volatilidad.
En todo caso, sobre el estado de la medida para permitir bitcoin en los fondos de jubilaciones, el 1 de junio de 2026 cerró el período de comentarios públicos, y ahora la pelota queda exclusivamente en el terreno del Departamento de Trabajo.
La institución debe procesar la avalancha de opiniones contrapuestas para redactar el texto definitivo. De su veredicto dependerá si Wall Street unifica los criterios de inversión permitiendo que bitcoin colonice los fondos de pensión, o si mantiene las barreras de exclusión.
Y mientras Estados Unidos decide, América Latina ya ha comenzado a trazar su propio camino. Como lo informó CriptoNoticias recientemente, en Colombia, el gigante de las pensiones Porvenir lanzó un portafolio de pensiones voluntarias que ofrece exposición regulada a bitcoin a través del ETF de BlackRock, sumándose a una tendencia que ya integran competidores locales como Skandia y Protección.
Esta resolución en Washington, por lo tanto, no solo rediseñará el patrimonio de millones de futuros jubilados estadounidenses, sino que terminará de moldear la velocidad de la evolución regulatoria global de los activos digitales.
