El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) cuestiona la proposición de ley de los comunes, pactada con el Govern del PSC, para restringir la compraventa de viviendas en las zonas tensionadas siempre que no sea para uso residencial por vulnerar el derecho a la propiedad privada.
El órgano consultivo catalán, en un extenso informe, al que ha tenido acceso este medio, señala que la ley vulnera varios preceptos legales como el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la propiedad privada y a recibir una herencia recogido en la Constitución o bien el principio de seguridad jurídica. Todos los puntos han sido aprobados por unanimidad.
El CGE también alerta que se pretenden legislar cuestiones relacionadas con el derecho civil a través de una modificación de la ley de urbanismo catalana, que se invaden competencias estatales en materia de contratos y se cuestiona que se haya empleado el procedimiento de lectura única, que para aprobar la norma se salta varios trámites como escuchar a los entes locales, que serían los encargados de aplicar la ley si sale adelante.
Sin embargo, este dictamen, solicitado tanto por Junts como por el PP, no es vinculante y los grupos podrían desoír sus recomendaciones y aprobar la norma tal y como la habían concebido en un primer momento.
En cualquier caso, este dictamen abre un nuevo plazo de enmiendas por si los grupos quieren introducir modificaciones, de modo que la aprobación de la norma, prevista para principios de octubre, se demorará más con toda seguridad.
La proposición de ley plantea que los ayuntamientos puedan limitar el número de viviendas que puede tener una persona en las calificadas como zonas tensionadas y condiciona su adquisición a que se destine a vivienda habitual (o a una segunda residencia, con condiciones).
Junts resalta que con el informe del CGE “queda meridianamente claro que la norma vulnera el derecho a la propiedad, a la herencia, a la libertad de empresa y la seguridad jurídica”. Además, en un comunicado, resalta que la ley “presenta graves problemas competenciales, de tramitación y de exclusión del mundo local”.
El PP catalán ya advirtió en febrero que si la norma prospera acabará recurrida en el Tribunal Constitucional y ha reafirmado su voluntad este martes, tras conocer el informe legal del órgano consultivo catalán. Los populares celebran que el CGE ha estimado todas sus alegaciones y que se señala que la ley ataca el derecho a la propiedad privada. “El CGE ha confirmado uno por uno todos los argumentos jurídicos que planteamos y acredita que esta ley es una chapuza que nació vulnerando derechos fundamentales, invadiendo competencias y atacando principios básicos de nuestro Estado de derecho”, ha señalado Lorena Roldán, portavoz de la formación, en un comunicado.
