Después de dos años de “trabajar en negro como interna en casas o limpiando”, E. M. G. –que era técnica de sistemas en Colombia– tiene un contrato temporal como conserje en Barcelona cobrando el salario mínimo. Ha conseguido salir de la economía sumergida (“llevo tres meses trabajando y la paz mental es increíble”, explica) y comenzar a cotizar a la Seguridad Social gracias a la regularización extraordinaria de inmigrantes, aunque no tiene aún la resolución definitiva del proceso.
Cada inmigrante regularizado, como es el caso de E.M.G, aportará entre 6.000 y 9.000 euros cada año al Estado siempre que pase de la economía informal a engrosar el registro de la Seguridad Social. Los datos son una extrapolación de lo que se espera que suceda si se dan los mismos parámetros que en la anterior regularización extraordinaria del 2005, tomando como base un informe de tres académicos publicado en el 2024.
Las entidades sociales denuncian el infraempleo al que acceden los regularizados
Los profesores Javier Vázquez-Grenno (UB-IEB), Ferran Elias (Universitat de Girona) y Joan Monràs (UPF) siguieron la altas de trabajadores foráneos en el periodo de regularización del 2005 y durante los dos años posteriores. En función de los salarios declarados por esas personas, los investigadores calcularon que cada persona regularizada aportó de media cerca de 4.000 euros cada año al Estado. Dos décadas después, y si el comportamiento del mercado laboral es el mismo, la aportación aumentaría hasta los citados entre 6.000 y 9.000 euros por persona.
En aquel momento, no todos los trabajadores regularizados entraron al mercado laboral “legal” cobrando el salario mínimo interprofesional, sino también en niveles retributivos más altos. Obviamente, las cifras reales no se podrán conocer hasta que pasen varios años y se analice a qué empleos han accedido.
Hasta ahora, hay poca información sobre el proceso y sus beneficiarios. Una encuesta del Institut d’Economia de Barcelona (IEB)-UB junto con las entidades Cáritas y Mescladís muestra que, en el caso de Catalunya, los perfiles de las personas que tratan de regularizar su situación con el mecanismo extraordinario se concentran en la franja de edad de los 20 a los 34 años y tienen estudios. La encuesta –sobre un universo de más de 1.000 personas– rompe también con el mito de que se trata de personal poco cualificado. Uno de cada cuatro son universitarios o con estudios superiores y casi el 60% tiene educación secundaria o formación técnica. Los que no tienen estudios o solo formación primaria no llegan al 15%.
El problema, explican desde Cáritas, es que cuando se incorporan al mercado laboral, en un primer momento, desde la economía sumergida, en ocho de cada 10 casos lo hacen en empleos de baja cualificación pese a tener altos niveles de formación. Dessirée García, de Cáritas en Barcelona, relata que “uno de los casos más sorprendentes que hemos visto es el de una persona que era pediatra en su país y aquí trabaja como canguro”. García señala que este caso refleja un problema recurrente, que es el de la dificultad que encuentran las personas inmigrantes para que la Administración les convalide los títulos de sus países de origen. Es también el caso de E.M.G.
En la encuesta del IEB, el sueldo medio de los participantes era de 940 euros para los hombres y 800 para las mujeres, mientras que el salario mínimo está establecido en 1.424 euros por doce pagas al año. Vázquez-Grenno explica que la remuneración es tan baja porque muchos empleados están infraocupados, ya que los contratan por menos de 35 horas. Es lo que les sucede al 44% de las mujeres y al 34% de los hombres encuestados.
Según el informe sobre la regularización del 2005 obra de los tres académicos, “las cotizaciones a la Seguridad Social constituyen el principal mecanismo a través del cual el cambio normativo afectó a la recaudación”, pero añadía que “cabe esperar que algunos de los inmigrantes que se incorporaron al mercado laboral formal comenzaran a pagar el impuesto sobre la renta”. Aunque los propios autores advertían que “el impacto es menor, dado que dicho impuesto resulta insignificante en los niveles de renta bajos y la mayoría de los inmigrantes recién regularizados accedieron a empleos formales con salarios relativamente reducidos”.
El informe analizó también el impacto de la regularización extraordinaria sobre determinados servicios públicos como la sanidad, la educación o las áreas sociales. En un coloquio en el marco del 25 aniversario del IEB celebrado en la Universitat de Barcelona sobre la regularización, Vázquez-Grenno recordó que los inmigrantes ya hacían uso de muchos de los servicios sociales, por lo que, con este proceso, lo que se permite es “contar” cuántos ciudadanos hay y cuántos pueden contribuir vía impuestos y cotizaciones a las arcas del Estado.
“Lo que analizamos a nivel de comunidad autónoma en la anterior regularización es si en aquellos lugares donde había más cantidad de expedientes aprobados el gasto per cápita en sanidad y en educación se veía afectado. Y la conclusión fue que no”, concluye el investigador del IEB.
