Las dos fuerzas que forman el Gobierno de coalición han conseguido un acuerdo sobre las líneas centrales del decreto sobre vivienda que prevén aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes. Incluye uno de los grandes objetivos de Sumar, como es la prórroga de los contratos de alquiler hasta el 2028, además de otras medidas ya anunciadas como la regulación del alquiler de temporada y el IVA del 21% de los pisos turísticos.
El documento, de más de 90 páginas, es un primer borrador para entablar negociaciones con los grupos antes de llevarlo al Consejo de Ministros, para facilitar su previsiblemente complicado paso por el Congreso, previsiblemente en septiembre.
El anuncio ha llegado primero desde Sumar, que señala que han alcanzado un acuerdo para una prórroga reforzada de los contratos de alquiler hasta el 2028. El PSOE lo confirma, pero el anuncio ha molestado en el resto de grupos de la Cámara, que venían negociando con el Ejecutivo de manera discreta. Ese movimiento del socio menor de la coalición contrasta con el perfil bajo y la discreción que ha buscado el Ministerio de Vivienda, que pilota las conversaciones, en las semanas previas. “Si alguien trata de capitalizar este decreto no saldrá adelante, tiene que ser amplio”, apuntan fuentes del ministerio.
Se podrían beneficiar de esta medida casi un millón de personas más, según Sumar
En cualquier caso, desde Sumar indican que el texto legal incluirá un amplio paquete de medidas que tratará de dar solución “de manera integral” al problema de acceso a la vivienda. El Gobierno aspira a que el texto incluya propuestas apoyadas por las distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura, “con el objetivo de que todos los grupos se sientan representados”, a fin de lograr un consenso lo más amplio posible en el parlamento.
Sumar defiende que ha logrado incluir en la nueva norma una prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de alquiler. Y explica que esta prórroga reforzada podrá ser solicitada por aquellos inquilinos cuyos contratos vencen hasta el 30 de junio del 2028. La anterior congelación de alquileres, que el Congreso tumbó en abril, cubría hasta finales del 2027.
De esta manera, se amplía en casi un millón de personas los potenciales beneficiarias de esta medida. Así, entre marzo del 2026 y junio del 2028, podrán beneficiarse de la prórroga cerca de cuatro millones de personas y hasta un millón y medio de hogares, según los cálculos de Sumar.
Además, el texto incluirá otras medidas ya anunciadas como un aumento de la tributación de los pisos turísticos, que subiría hasta el 21% del IVA, y un endurecimiento del régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas, con el propósito de desincentivar el alquiler turístico y, en especial, las plazas ilegales.
El borrador, de más de 90 páginas, se ha empezado a negociar con los grupos parlamentarios
Por otro lado, desde el Ministerio de Vivienda señalan que el decreto se estructurará en dos grandes bloques. Por un lado, habrá medidas enfocadas a bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler y, por otro, se tratará de movilizar vivienda asequible.
Los contratos deberán ser obligatoriamente por escrito, habrá bonificaciones en el IRPF para los caseros que bajen el precio del alquiler y se intentará impulsar la agilidad administrativa. También se han incluido algunas demandas de Junts y de patronales catalanas, como que la cuota del alquiler se pueda desgravar o bien que las personas mayores de 65 años que están en una residencia y tengan un inmueble lo puedan computar como vivienda habitual a efectos fiscales.
Otro de los puntos en los que se está trabajando es la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, a fin de acabar con el uso fraudulento de estos tipos de alquiler “como vía de elusión del régimen del alquiler de vivienda habitual y de los límites de precios en las zonas tensionadas”.
Un punto crítico del nuevo real decreto ley es una propuesta a negociar con los grupos parlamentarios sobre familias en situación de vulnerabilidad, para evitar sus desahucios. Esta es una iniciativa que ya fue rechazada anteriormente por el Congreso con el voto en contra de Junts, que vuelve a poner sobre la mesa la batería de reivindicaciones que exige para convalidar el decreto y que por ahora no figuran.
Junts mantiene sus reivindicaciones y avisa que si se da cobertura a la ocupación ilegal votará en contra
Son elementos como que se pueda desgravar una parte de la cuota hipotecaria, como se hace con los préstamos previos al 2013, o bien que el ahorro para comprar una vivienda tenga bonificaciones fiscales. En ese sentido, fuentes del partido remarcan que un decreto ley que mezcle medidas como dar cobertura a la ocupación ilegal o abrir la puerta a los fondos buitre a costa de la desaparición del pequeño propietario no contará con los votos de Junts.
En paralelo, Podemos denuncia que este nuevo decreto ley incluye una reforma de la ley del Suelo que para ellos es “línea roja”. Según Podemos, se limitaría “la capacidad de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas”. Por su lado, el PNV pide acotar la prórroga del alquiler a quien esté al corriente de pago durante al menos doce meses.
