Las sentencias judiciales contra el Estado que se han publicado entre 2024 y 2025 han tenido un impacto sobre el déficit público superior a 14.400 millones de euros, según cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que se han dado a conocer este miércoles. Por ejercicios, en 2024, el efecto ascendió a más de 11.200 millones de euros, lo que supone un 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que en 2025 fue de otros 3.100 millones, cifra equivalente al 0,2 del PIB.
En un encuentro con periodistas para presentar su nueva opinión sobre riesgos fiscales, fuentes de Airef han avanzado que el mayor riesgo fiscal por el que el Estado podría verse afectado podría tener su origen en una sentencia judicial sobre el impuesto de hidrocarburos (IH). En enero de este 2026, el Tribunal Supremo ya se pronunció sobre un recurso contra su sentencia de 2024 en el llamado ‘caso DISA’, por la que ordenaba devolver a la energética canaria las cuotas del mencionado IH.
El informe de Airef también examina el Fondo de Contingencia, como herramienta de mitigación de riesgos fiscales, que desde 2024 coexiste con otro específico para la DANA. El organismo señala que el Fondo de Contingencia continúa destinando “una parte significativa” de sus recursos a financiar gasto no imprevisto; en concreto, un 71%.
Fuentes de Airef explican que la suma de las categorías de gasto no imprevisto “compromete, en promedio, cerca de la mitad del importe asignado en los PGE para el Fondo de Contingencia, limitando la capacidad del fondo para atender gastos de naturaleza no discrecional”. Y detallan que, en 2025, el importe destinado a gasto no imprevisible “ha sido particularmente relevante, representando algo más del 71% del fondo total”. Tras 2018, cuando este tipo de gastos representó un 73%, el ejercicio pasado ha sido el año en el que mayor volumen de gasto se ha destinado a gasto no imprevisible, según la autoridad independiente.
La sentencia con mayor impacto, sobre el IRPF de pensionistas de Mutualidades
En cuanto a riesgos derivados de procesos judiciales en curso tienen como objeto arbitrajes internacionales en materia de energía renovable, concesionarias de autopistas de peaje, venta de participaciones con pérdidas, tasa de gestión de residuos radiactivos y responsabilidad en los avales ICO-Covid.
Las sentencias que hasta ahora han supuesto mayores cuantías hacían referencia al IRPF de los pensionistas de Mutualidades Laborales, por la que se contabiliza un total de 5.936 millones de euros desembolsados entre administración central y corporaciones locales, y a la reforma del impuesto sobre sociedades, con un impacto de 3.048 millones de euros para las arcas del Estado.
Adicionalmente, ha habido otras sentencias, como la referente al complemento de maternidad para varones, que suma 1.108 millones, y también, ya por debajo de 500 millones, en realción al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para operadores de telecomunicaciones, la financiación del bono social eléctrico y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) para las instituciones de inversión colectivas.
Fuentes de la autoridad independiente han explicado que los procedimientos judiciales pendientes sobre hechos declarados ilegales por sentencias anteriores, además de haber producido déficit en ejercicios pasados, supondrán más déficit según se vayan resolviendo nuevos casos individuales.
La pandemia de Covid-19 supuso un coste de más de 35.000 millones para el Estado
El informe de Airef publicado este miércoles señala que el gasto de la administración central en sentencias en el periodo entre 2014 y 2025 ha ascendido a un total de 19.407 millones de euros, lo que supondría un gasto medio de 1.617 millones cada año.
Asimismo, esta institución ha actualizado la cuantificación del coste fiscal causado por desastres naturales y eventos excepcionales, que asciende a 65.085 millones de euros en el periodo comprendido entre 2005 y 2025 (a precios de 2023). Esta cifra incluye los 8.000 millones de coste de la DANA que azotó, principalmente, la provincia de Valencia a finales de 2024.
El importe total, que abarca dos décadas, incluye el gasto destinado a obras de emergencia y ayudas a damnificados, por 16.500 millones de euros. Además, se contabilizan indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros y otros costes de respuesta, como los asociados a la pandemia de Covid-19, que tuvo un coste de más de 35.000 millones.
