Los tres vicepresidentes del Gobierno y otros dos ministros han mantenido este lunes una reunión de alto nivel con los agentes sociales para estudiar una posible extensión de las medidas ‘anticrisis’ por el conflicto bélico en Oriente Medio más allá del próximo 30 de junio.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha presidido este encuentro donde han participado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo.
Cuerpo ha concluido que España “está respondiendo bien al shock” del conflicto en Irán. El vicepresidente primero afirma que “el escudo del Gobierno está cumpliendo su función de proteger el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas” y añade que la posición industrial de España en refino, así como su respuesta en política económica y la cooperación con las instituciones europeas, “nos sitúan en mejores condiciones que la mayoría de socios europeos para afrontar el verano con garantías”.
El Gobierno se muestra optimista para “afrontar el verano con garantías”
Fuentes del Ministerio de Economía aseguran que todas las partes implicadas coinciden tanto en las medidas a corto plazo como en aquellas a largo plazo “que permitan avanzar en la electrificación y reforzar así la resiliencia del país”. Desde el departamento dirigido por Cuerpo hacen referencia a la apuesta por las energías renovables, que “ha situado a España en una posición más sólida para afrontar la volatilidad de los mercados energéticos”.
El Gobierno asegura que sigue monitorizando la evolución económica en el actual contexto de incertidumbre geopolítica y que, a lo largo de las próximas semanas, continuará manteniendo reuniones con los agentes sociales y los diferentes sectores de actividad para analizar la evolución de la situación, a fin de calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias una vez acabe el plazo de las que están en vigor, el próximo 30 de junio.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de abril se situó en el 3,2%, lo que confirma, según el Gobierno, que las medidas puestas en marcha “están funcionando”, ya que sin ellas, la inflación habría sido un punto superior.
Seguirán manteniendo reuniones en las próximas semanas para valorar la situación
De hecho, el precio de los combustibles habría subido cerca de un 30% sin las medidas aprobadas. No obstante, sigue existiendo presión a causa de la guerra y, por tanto, se dan las circunstancias para que las medidas de apoyo en esta materia se mantengan durante el mes de junio.
Al haber superado los combustibles para vehículos personales el 15% en su variación anual (umbral fijado en el decreto ‘anticrisis’), permanecerán vigentes hasta el 30 de junio las medidas fiscales sobre carburantes: tipos reducidos en el Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA del 10% para gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y también devolución parcial del gasóleo profesional.
Por otro lado, los precios de electricidad y gas han bajado lo suficiente en abril para que se desactiven las medidas para proteger a los consumidores. Sin embargo, las relativas al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica se mantienen hasta el 30 de junio.
CCOO y UGT muestran su preocupación por el poder adquisitivo de los trabajadores
Adicionalmente, continúan en vigor otras iniciativas como las ayudas a agricultores y transportistas y también los descuentos reforzados en el bono social eléctrico, de un 42,5% para consumidores vulnerables y un 57,5% para vulnerables severos.
Por su lado, CCOO y UGT reclaman medidas que mitiguen el impacto del conflicto sobre los precios y las condiciones de vida de las personas trabajadoras. Las organizaciones sindicales argumentan que “la economía española ha mostrado una importante capacidad de resistencia frente a esta crisis, pero los sindicatos mantienen su preocupación en la pérdida de poder adquisitivo sufrida por una parte importante de las personas trabajadoras”.
