Abundancia de horas de sol, viento generoso, amplias extensiones de territorio disponible y una de las infraestructuras de fibra óptica y conexiones tecnológicas internacionales más potentes de Europa han convertido a España en un polo de atracción para empresas interesadas en desarrollar centros de datos que den respuesta a las necesidades de una inteligencia artificial (IA) y una computación cuántica que ya están despuntando en Europa.
La Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 prevé unas necesidades de 2,5 GW de potencia de computación para el 2030, equivalentes a entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica. La patronal del sector de datos, Spain DC, calcula que ese año los centros de datos utilizarán alrededor de 3 GW.
Los criterios para ordenar su desarrollo han abierto una contienda legal que se prevé larga
Pero el imán español ha propiciado que las demandas de conexión a la red eléctrica de este tipo de infraestructuras se hayan disparado y que ya se hayan concedido algo más de 12 GW, sin contar aquellas cuyas solicitudes están en proceso.
Lejos de ser una excepción, esta situación replica experiencias ocurridas en otras zonas del planeta como Estados Unidos. Allí, estados como Virginia ya han probado que una llegada masiva de centros de datos dispara la factura eléctrica de todos los consumidores y en algunos casos hasta se canibaliza el acceso a unas infraestructuras que no están dimensionadas para ese boom tecnológico.
En España, el Gobierno ha querido poner la venda antes de la herida y el pasado verano sacó a consulta pública un real decreto con el que ordenar la instalación masiva de estas infraestructuras.
La norma busca aunar la oportunidad para el avance de la digitalización del país y para la contribución a la soberanía digital europea con una ordenación de proyectos que evite disparar la factura de los consumidores finales. Propone requisitos que ayuden a priorizar los proyectos que maximicen las oportunidades económicas y sociales, contribuyan a dichos objetivos de resiliencia y soberanía digital, y sean compatibles con los objetivos de sostenibilidad energética y medioambiental establecidos y ahuyentar la especulación.
El texto desató una batalla dialéctica entre el Gobierno y las empresas del sector y llegó a recibir cerca de 700 alegaciones. Desde la asociación Spain DC, que representa a las principales compañías del sector, ya han alertado de que la inseguridad jurídica que genera la norma desvió en agosto a otros destinos 9.000 millones de euros en inversiones y que están en riesgo otros 67.000 millones.
Sus alegaciones contra la norma fueron apuntaladas incluso por el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que pidió al Gobierno rebajar la exigencia de cubrir el 80% del consumo eléctrico de estos centros con nueva energía renovable ante el riesgo de desperdiciar demasiada y ahondar en la brecha que implican los precios negativos.
Las modificaciones que el Gobierno incluyó en el texto final del real decreto, publicado el pasado 26 de octubre, lejos de calmar la tensión la encendieron incluso más. Desde entonces, las empresas del sector velan armas y escudriñan el documento para apuntar los argumentos con que redactarán una avalancha de recursos judiciales con los que tienen la intención de llegar hasta el Tribunal Supremo.
El pasado viernes se cerró el último hito legal. El Consejo de Estado aprobó su dictamen sobre el tema y deja vía libre para que el Gobierno pueda aprobar el texto en el Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29-N, ya sea simplemente tomando nota de las modificaciones que pida el órgano que preside Carmen Calvo, puesto que el dictamen no es preceptivo, o incluyéndolas en una nueva redacción.
