Hay huelgas laborales, políticas, electorales e inoportunas como la que mantienen los sindicatos del sector ferroviario para los meses de noviembre y diciembre. Una vez que han dimitido el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, han dejado de tener sentido. Su sucesor, el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, solo se hará cargo de su puesto hasta que se forme el nuevo gobierno. Será entonces cuando habrá que sentarse a negociar a fondo un tema prioritario como es la seguridad en el AVE.
Hasta ahora, la protesta estaba plenamente justificada. Los trabajadores ferroviarios, especialmente los maquinistas, y los usuarios compartían un objetivo: evitar más siniestros. Era inconcebible que dos accidentes de alta velocidad hubieran causado 116 muertos y cientos de heridos en nueve meses sin que nadie hubiera asumido responsabilidades políticas. La falta de presupuestos durante toda una legislatura había impedido priorizar la renovación de trenes, vías, cables y sistemas de seguridad. En los últimos años, el aumento del tráfico ferroviario se ha duplicado y la degradación de la red era evidente. El gasto no podía planificarse por inercia ni al ritmo de la llegada de los fondos de Bruselas del plan Next Generation.
El coste de la protesta
Castigar a los pasajeros para presionar a un Gobierno sin margen de actuación puede acabar volviendo la protesta contra los propios sindicatos
Claro que existía una responsabilidad política al no atender las reclamaciones ni de los trabajadores, ni de los usuarios, ni de los medios de comunicación ni de la oposición. Todos reclamaban a Pedro Sánchez que, si no podía aprobar los presupuestos, presentase una moción de confianza o su dimisión. No lo hizo en su empecinamiento de terminar la legislatura, costase lo que costase, hasta que al final se le hizo bola y disolvió el Parlamento.
Después vino el accidente de Urda con 66 muertos y volvió a empecinarse en que no tenía que dimitir nadie porque el Gobierno no tenía ninguna responsabilidad. Las huelgas de maquinistas arreciaron y la opinión pública lo comprendió. La seguridad es lo primero y exige tomar medidas sin más dilación, empezando por la dimisión del ministro responsable.
Pero a partir de aquí es totalmente inoportuno e injusto castigar a los pasajeros durante estos días de luto, en plena campaña electoral y coincidiendo con los días de mayor tráfico por los desplazamientos navideños. No se pueden tomar como rehenes a los usuarios del tren para presionar a un Gobierno moribundo, sin margen político ni de gestión, para que satisfaga sus reivindicaciones. Si los sindicatos no cambian de opinión, la protesta se puede volver contra ellos.
Y lo mismo se puede decir con la huelga general del 11 de noviembre convocada por CC.OO. y UGT. Una movilización contra la oposición, como han manifestado los dirigentes del Gobierno del PSOE. Después de ocho años de gestión del Gobierno de coalición progresista, culpar a los partidos conservadores de los altos precios de la vivienda y de la pérdida de poder económico de los trabajadores suena más a
una excusa que a una reivindicación laboral.
Según los sondeos de opinión, solo un 23% tiene previsto parar y la mayoría son funcionarios. Su impacto en los resultados electorales, según los expertos demoscópicos consultados, será muy pequeño. La razón es que la mayoría de los ciudadanos cree que
se trata de una huelga electoral promovida por la izquierda, igual que la acampada de la Puerta del Sol. Nada que ver con el 15-M del 2011.
