La justicia avala la decisión del Gobierno británico de prohibir al grupo activista pro-palestino “Palestine Action” por considerarlo una organización terrorista es legal, según dictaminó este lunes el Tribunal de Apelación de Londres.
El grupo, que había intensificado sus acciones contra empresas de defensa vinculadas a Israel en Gran Bretaña, centrándose especialmente en la mayor empresa de defensa israelí, Elbit Systems, fue ilegalizada el año pasado en virtud de la legislación antiterrorista. La sentencia de hoy anuló una resolución dictada en febrero por tres magistrados del Tribunal Superior, quienes consideraron que, a pesar de que el grupo promovía su causa política mediante la comisión de algunos delitos, la magnitud de sus actividades no justificaba su prohibición.
La presidenta del Tribunal Supremo, Sue Carr, afirmó que el grupo no era una organización de desobediencia civil, tal y como afirmaba, y que operaba mediante células clandestinas para destruir bienes de empresas de defensa y de bases militares. Carr señaló que cualquier prohibición de este tipo era “muy controvertida”, pero añadió que “es un error fundamental pasar por alto el hecho de que Palestine Action promovía abiertamente la violencia ilegal, lo que equivale a terrorismo”. El tribunal de apelación concluyó que la proscripción era justificada y proporcionada.
Los abogados de la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, alegaron en abril que la conclusión de que la prohibición tenía un impacto significativo en la libertad de expresión era “exagerada y errónea”. Sin emargo, Huda Ammori, cofundadora del grupo, afirmó que “lucharán contra la ilegalización hasta el final”, para revocar “uno de los ataques más extremos contra la libertad de expresión y el derecho a la protesta en la historia moderna de Gran Bretaña”.
En junio de 2025 Palestine Action fue declarada organización terrorista junto a otras como Al Qaeda y Hamás, lo que convirtió la pertenencia al grupo o el apoyo al mismo en un delito castigado con hasta 14 años de prisión. Desde entonces, más de 700 activitas han sido detenidos en virtud de la Ley contra el Terrorismo del Reino Unido, aunque todavía no se ha condenado a nadie.
