La estrategia para frenar la delincuencia común, pero sobre todo a los grupos armados que controlan cada vez más territorio será lo que, probablemente, incline la balanza de la segunda vuelta electoral en Colombia. Será también el mayor desafío para los próximos cuatro años de gobierno del que resulte ganador de la contienda.
El abogado mediático Abelardo de la Espriella propone un plan de choque al estilo Bukele en El Salvador. Iván Cepeda, senador del oficialista Pacto Histórico propone continuar el legado del actual presidente Gustavo Petro. El problema es que, hasta ahora, la estrategia de Petro, de diálogo simultáneo con los grupos armados disidentes no ha funcionado. Porr el contrario, el temor y la sensación de alarma se han apoderado de zonas como el Cauca, al suroeste del país. Las carreteras militarizadas y las advertencias de taxistas y otros pasantes al poner un pie en Cali dan cuenta de ello. Lo hacen también las cadenas de WhatsApp donde se comparten videos de los últimos atentados con camiones volando por los aires, ataques con explosivos contra agentes de tránsito, y placas de los vehículos en los que supuestamente se mueven estos grupos armados disidentes de las FARC. No es para menos, en los primeros cinco meses de 2026 se contabilizaron 54 masacres con 233 muertos.
No son solo las disidencias de las FARC las que atemorizan a la población. El Clan del Golfo y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) forman también parte de esta lista de grupos que controlan corredores del narcotráfico al tiempo que se disputan y ganan cada vez más territorio. Abelardo de la Espriella promete que con una ofensiva aérea respaldada por Estados Unidos e Israel y con la construcción de diez megacárceles de máxima seguridad financiadas con capital privado, logrará desarmar estos grupos. Pero lo cierto es que durante los últimos cinco años estos grupos han duplicado sus miembros, según la Fundación CORE.
En paralelo al ascenso de los los grupos armados, los cultivos de hoja de coca, materia base para la elaboración de cocaína, no solo han aumentado, sino que alcanzaron su máximo histórico, en 2025, según la UNODC, la oficina de Naciones Unidas para la droga y el delito. Ante ello, Estados Unidos retiró la certificación a Colombia como aliado clave en la lucha contra el narcotráfico – aunque luego le dio una exención para no cortar de golpe la financiación. Washington aprovechó el momento para calificar las políticas de Petro de desastrosas e ineficaces. Durante su gobierno, la erradicación de cultivos cayó drásticamente: pasó de 103.257 hectáreas en 2021 a 8.051 en 2025.
Todos lo candidatos coinciden en las políticas de erradicación forzosa o voluntaria, sustitución de cultivos, incautaciones, etc. Sin embargo, es en la ejecución de estas técnicas que se presenta el problema. La erradicación manual expone a los “erradicadores” a amenazas y violencia por parte de los grupos armados. Además, ante la desconfianza hacia el Estado, muchos se oponen a las erradicaciones y se producen negociaciones sobre el terreno para contabilizar más cultivos erradicados de los que lo fueron realmente.
Otra de las patatas calientes que recibirá el próximo presidente será la crisis del sistema de salud. Según la última encuesta del CNC (Centro Nacional de Consultoría), casi 4 de cada 10 colombianos quiere que la salud sea una prioridad de gobierno del próximo presidente. El sistema está al borde del colapso, entre falta de citas, de médicos especialistas y ausencia de medicamentos. Actualmente, las EPS (Empresas Promotoras de Salud) -empresas privadas o mixtas parecidas a las mutuas- son las que financian la atención médica y actúan como intermediarias coordinando, autorizando y pagando los servicios médicos. Sin embargo, el descontento es generalizado. Diariamente, se presentan unas 5 700 quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud. Se calcula que las deudas que tienen las EPS con hospitales y otros prestadores de salud son de unos 6.000 millones de euros y hay unos 20 millones de personas que se encuentran en EPS intervenidas por el gobierno, lo que las deja en una situación de inestabilidad. Las EPS argumentan, por su parte, que el problema se debe al poco dinero que el Estado reconoce por cada paciente. Según razonan, los montos no alcanzan para cubrir todos los procedimientos.
En esas circunstancias, los gremios de médicos y el sector hospitalario consideran que, para empezar, se debe determinar la cifra real de deudas y establecer un mecanismo de normalización del flujo de recursos. Desde el lado político, las propuestas para solucionar esta crisis dibujan un escenario complejo y polarizado. El candidato de la Espriella propone una inyección de poco más de 2000 millones de euros al sector. Cepeda propone revertir la privatización del sistema de salud con una “reforma estructural”, la misma que presentó el Pacto Histórico y que no tuvo éxito en el Congreso. Desafíos enormes para el próximo ocupante de la Casa de Nariño pues se trata de temas estructurales y cuyo descontento lleva ya décadas.
