Los centros de deportación de migrantes fuera de la Unión Europea, como el que Giorgia Meloni ha construido en Albania, están un paso más cerca de hacerse realidad. Después de que a finales del año pasado recibieran la aprobación de los Estados miembros (el Consejo), hoy el pleno del Parlamento Europeo ha dado un paso clave al dar luz verde a la postura del hemiciclo. Pese a los intentos de los grupos izquierdistas para paralizar el proceso, el paso endurece todavía más el texto respecto al de la Comisión Europea al permitir que los menores puedan ser enviados a estas infraestructuras si están acompañados de sus familias.
En esta legislatura, las posturas entre la Eurocámara y los Estados miembros están claramente alineadas, con una presencia histórica de partidos de extrema derecha que da por descontada la aprobación de este tipo de reglamentos. El Partido Popular Europeo (PPE) ha votado de la mano de los grupos de ultraderecha, tanto los Conservadores y Reformistas como los Patriotas (del que forma parte Vox) después de, según los populares, encontrarse con el portazo de los socialdemócratas para negociar este asunto.
Reprimenda
Merz dio un toque de atención público a Weber por negociar con AfD en la Eurocámara
“No podemos avanzar en una política migratoria creíble y eficaz si las decisiones de retorno no se cumplen”, advirtió el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, presidente de la comisión de Libertades Civiles (LIBE). El partido defendía que era importante aprobar el reglamento de retornos por ser la pieza pendiente para cerrar el paquete migratorio europeo, cuyo eje es el Pacto Europeo de Migración y Asilo que entrará en vigor en junio.
Esta carpeta y el voto junto a los grupos de ultraderecha ha puesto en apuros al PPE, con la intervención incluso del canciller alemán, Friedrich Merz. El mandatario abroncó en público al presidente del grupo parlamentario popular, Manfred Weber, después de que la agencia de noticias alemana Dpa revelara que miembros del eurogrupo popular mantuvieron contactos estrechos —incluso a través de un grupo de Whatsapp— con Alternativa para Alemania (AfD) para endurecer la política migratoria. “No trabajamos conjuntamente con los extremistas del Parlamento europeo”, advirtió Merz. Fuentes populares aseguran que, pese a la reprimenda, el canciller secunda completamente el contenido del texto aprobado hoy en el pleno.
“Es incomprensible que la posición del Parlamento Europeo se alinee con la extrema derecha en un asunto tan delicado”, lamentó la socialdemócrata francesa Murielle Laurent en un último intento de convencer al PPE de poner fin al reglamento, pese a que en las capitales hay una gran mayoría de Gobiernos también conservadores favorables a este tipo de centros. Y no solo conservadores: en Dinamarca seguirán gobernando los socialdemócratas de Mette Frederiksen, una de las principales partidarias en el tablero comunitario del puño de hierro migratorio.
La propuesta de retornos busca reforzar y unificar las normas de retorno de nacionales de terceros países en situación irregular y sustituye el marco vigente desde 2008. Según el PPE y la Comisión Europea, responde al hecho de que solamente el 20% de las órdenes de deportación dictadas se ejecutan en la UE, una cifra que en algunos casos es todavía menor.
Críticas
El texto normaliza “los abusos que hemos visto con el ICE en EE.UU.”, según las oenegés
Con el aval de la Eurocámara, ahora comenzarán los llamados trílogos, es decir, las negociaciones interinstitucionales para que el reglamento sea una realidad. Sin embargo, sus promotores calculan que este proceso no se demorará debido al alineamiento de posturas entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo.
El texto crea el marco jurídico para que los Estados miembros abran los famosos centros de retorno en terceros países, donde se deberían mandar a los migrantes en situación irregular que no tengan permiso para permanecer en Europa y cuya repatriación a su país de origen se complique. De momento no otorga financiación, ya que se deberá discutir en el próximo presupuesto plurianual de la UE, ni tampoco define algún país que pueda ser elegido para albergar estos centros. Italia ha experimentado con Albania (con reveses judiciales) y Dinamarca también lo intentó en Ruanda.
El reglamento incluye mayores castigos para los solicitantes de asilo rechazados que se nieguen a abandonar el territorio de la UE. Desde la incautación de documentos de identidad, la detención de familias con niños o prolongar las prohibiciones de entrada de por vida. Ahora, las familias con menores podrán ser también enviadas a este tipo de centros. Además, las decisiones entre Estados tendrán un reconocimiento mutuo, de manera que una decisión adoptada en España debería ser válida en Italia y viceversa.
Según Silvia Carta, responsable de incidencia política de PICUM (Plataforma de Cooperación Internacional de Migrantes Indocumentados), esta votación “marca un peligroso punto de inflexión, ya que las fuerzas de centroderecha rompen el cordón sanitario para alinearse con la extrema derecha e imponer una agenda profundamente represiva”. “Esta alianza tóxica está allanando el camino para las detenciones masivas, la separación de familias y las deportaciones, normalizando los abusos que hemos visto con el ICE en Estados Unidos y poniendo en peligro innumerables vidas”, ha alertado.
Publicación elaborada en el marco del proyecto ‘Europa de Vanguardia’, con el apoyo del Parlamento Europeo y siguiendo el criterio editorial de ‘La Vanguardia’
