Las apariencias engañan. Vemos que las energías renovables cada vez toman más protagonismo, tanto en la generación eléctrica como en muchos hogares y empresas, cada vez se ven más vehículos eléctricos sobre el asfalto español. Todo apunta a que España avanza con brío en la senda del cuidado del medio ambiente y la reducción de emisiones, pero la realidad es muy distinta.
Con los datos preliminares de 2025 en España, las emisiones de carbono subieron un 1,3%, una evolución en parte ligada al incremento del uso de plantas de gas de ciclo combinado en la operación reforzada del sistema eléctrico que Red Eléctrica implantó tras el apagón del 28 de abril. En cualquier caso, en 2024, año sin apagón y con los datos completos analizados y sin operación reforzada, la reducción de emisiones se limitó a 0,8%. También muy lejos del objetivo marcado.
Así lo plasma el informe sobre la evolución del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) que ha presentado este miércoles Fedea. “Nos estamos alejando considerablemente del objetivo más conservador y para alcanzar el objetivo de recortar las emisiones un 32% respecto a 1990, se necesitaría una reducción anual de 5,3%; lo cual es cada vez más improbable”, ha asegurado el economista Diego Rodríguez, responsable del estudio.
El trabajo analiza pormenorizadamente cada uno de los sectores implicados en esa descarbonización, desde la generación eléctrica a la industria y el transporte. Y mientras los dos primeros están más o menos avanzando, el gran retraso se produce en el transporte. “Transportes, edificación y refino son sectores que han emitido entre ocho y nueve millones de toneladas por encima de lo deseado. No se ha producido, por ejemplo, el cambio modal que esperaba trasladar un gran porcentaje del transporte de mercancías por carretera al tren”, explica Rodríguez. Tampoco evoluciona como debería la electrificación de los vehículos; la senda más realista es que se llegue a 2030 en torno a los tres millones de coches electrificados y considera “imposible” cumplir el objetivo de 5.5 millones marcado en el Pniec.
El experto focaliza en la escasa demanda el principal motivo del retraso. “Hay que centrarse en incentivarla. No puede ser que en la legislación se mencionen centenares de veces la demanda y mientras, se esté gravando la electricidad con tres impuestos superpuestos, a la producción, un impuesto especial y el IVA. Si se quiere avanzar, hay que recortarlos”, reclama el analista de Fedea.
El trabajo destaca que la penetración de energías renovables en el consumo final de energía alcanzó el 25,8% en 2025, registrando un crecimiento moderado en los dos últimos años, impulsado principalmente por su fuerte expansión en el sector eléctrico. Pese a ello, el autor subraya que este nivel se sitúa aún muy lejos del objetivo del 48% fijado para 2030, lo que refleja la evolución desfavorable del transporte y de los usos térmicos, donde la penetración de energías limpias se ha estancado o avanza muy lentamente.
En el ámbito de la generación eléctrica, el despliegue de la capacidad fotovoltaica continúa siendo el principal motor del proceso de transición energética. La potencia instalada alcanzó en 2025 un máximo histórico, situando el grado de cumplimiento de los objetivos en este ámbito en una fase relativamente avanzada. Sin embargo, el autor considera que este ritmo de expansión difícilmente será sostenible en los próximos años, en un contexto marcado por la caída de los precios capturados por la generación fotovoltaica, el aumento de los vertidos y la creciente incertidumbre sobre la rentabilidad de nuevos proyectos. Por el contrario, el despliegue de la energía eólica sigue muy alejado de los objetivos del Pniec, lastrado por los problemas judiciales y la lentitud de los procesos de autorización.
Un elemento clave para sostener el ritmo de incorporación de capacidad renovable es el almacenamiento, ámbito en el que el retraso acumulado resulta particularmente acusado. El autor señala que se espera un cierto avance en el despliegue de baterías a partir de 2026, si bien considera que llega tarde para cumplir los objetivos previstos. En el caso del bombeo hidráulico, las dificultades administrativas y los largos plazos de ejecución hacen muy improbable la entrada de nueva capacidad significativa antes del final de la década.
En relación con los gases renovables, el trabajo señala que el despliegue del hidrógeno renovable se sitúa muy por debajo de las expectativas iniciales. A pesar de la existencia de un volumen relevante de proyectos que han recibido ayudas públicas, la falta de demanda firme y la incertidumbre regulatoria están retrasando las decisiones de inversión. En consecuencia, el autor considera que nos terminaremos situando muy lejos del objetivo en capacidad de electrólisis establecido para 2030. Por el contrario, la evolución del biogás y del biometano es más favorable, aunque en ambos casos su peso en el sistema energético sigue siendo muy reducido.
Por último, el autor analiza los principales cambios en el marco regulatorio acontecidos en el último año, destacando el papel del Real Decreto-ley 7/2026 y de las reformas en curso en materia de redes eléctricas y mercados energéticos. Asimismo, valora positivamente diversas reformas orientadas a facilitar los procedimientos de autorización administrativa en el despliegue de renovables y almacenamiento, así como la posibilidad de retrasar su entrada en funcionamiento sin que ello implique la pérdida de los permisos de acceso o de las subvenciones concedidas. Finalmente, subraya la necesidad de alcanzar acuerdos amplios que permitan impulsar la transición energética y evitar que la disparidad política dificulte la adopción de medidas necesarias para la reducción de emisiones.
