Un informe de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concluye que el rescate de la compañía aérea Plus Ultra fue “legal y transparente”. La SEPI sale con este estudio al paso de las sospechas del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Zapatero, quien cree que ese rescate no se ajustó a Derecho. En el auto dictado por el magistrado se considera que Plus Ultra estaba en situación de quiebra en el momento del rescate. En consecuencia, el Gobierno de Pedro Sánchez no podía salvarla pues la ley europea aplicable en ese momento, marzo de 2021, prohibía de forma tajante rescatar a empresas en disolución.
Sin embargo, la SEPI, la entidad a través de la cual se articuló el rescate, sostiene todo lo contrario y aporta una batería de pruebas para sustentar que el rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros al ser una empresa “estratégica” fue absolutamente correcto. Entre esos documentos destacan un informe del Tribunal de Cuentas, la auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La SEPI plantea también que este asunto ya fue investigado por un juzgado de instrucción que acordó el sobreseimiento del caso.
Además, la entidad pública hace un repaso de el calendario de devolución de las ayudas. Plus Ultra no tiene que devolver el préstamo participativo, que se eleva a 34 millones de euros, hasta marzo de 2028. Si tenía que haber retornado los 19 millones del préstamo ordinario en marzo de este año, pero se le concedió un aplazamiento “debido a la subida del coste del queroseno y los cierres de Venezuela”. La SEPI constata también que la aerolínea ha pagado ya 12 millones de euros en concepto de intereses. Y añade que “se está estudiando un plan que permita garantizar la viabilidad de la compañía y la devolución de fondos”.
La SEPI, que ofrece la “máxima colaboración con la Justicia, agrega que “en ninguna de las revisiones del expediente realizadas por los auditores, los asesores externos y el propio equipo de la SEPI, se han observado irregularidades”. También señala que “es normal” que el dinero del rescate “se destine al pago de acreedores”. Un extremo que también queda en entredicho en el auto del juez Calama. Y desgrana a qué ha dedicado Plus Ultra los 53 millones recibidos tras aprobar el Consejo de Ministros su rescata: 40% al pago de acreedores, 22% a pagos operativos, 19% a reembolsos a pasajeros y el 19% al capital de trabajo.
El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas realizado en septiembre de 2024 y aportado por la SEPI plantea que Plus Ultra recibió un apoyo financiero total de 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Que el rescate se instrumentó mediante dos tipos de préstamos: un préstamo participativo de 34 millones de euros y un préstamo ordinario de 19 millones de euros. Y que la operación se formalizó ante notario el 12 de marzo de 2021, apenas tres días después de la autorización gubernamental
Añade que para acreditar su carácter estratégico como aerolínea, el expediente contó con informes de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y de la Dirección General de Aviación Civil y hace hincapié en que ninguna ayuda solicitada por líneas aéreas fue denegada, siguiendo ese el criterio de la Comisión Europea al considerar estratégico este sector.
Sobre el estado de la deuda al cierre del ejercicio 2022, el Tribunal de Cuentas señalaba que Plus Ultra no había amortizado ninguna cantidad de los préstamos recibidos, por lo que el saldo vivo pendiente con el Fondo seguía siendo de 53 millones de euros. Y añadía que hubo unos costes de gestión externa, pues para el análisis y evaluación de la solicitud de Plus Ultra, SEPI contrató asesores externos mediante tramitación de emergencia. Los importes facturados por estos servicios en 2021 ascendieron a 87.120 euros por el asesoramiento financiero y 41.140 euros por el jurídico.
