“En agosto, con el fresquito, reflexionaremos sobre el calendario”, alegan con ironía en la Moncloa sobre las fechas clave que baraja Pedro Sánchez para la recta final de la legislatura, en la que lo único que no puede prever de antemano son las minas judiciales que aún pueden estallar ante el alud de causas por presunta corrupción que afectan al Ejecutivo y al PSOE.
La gran decisión del presidente del Gobierno será cuándo convocar las próximas elecciones generales: si en febrero o marzo del año que viene, antes de los comicios municipales y autonómicos de mayo, como demandan algunos sectores socialistas, o ya en julio del 2027, para agotar el mandato hasta su último aliento, como era su pretensión inicial. La incógnita aún está por despejar: “La realidad es muy dinámica”, advirtió Sánchez para no comprometer aún una fecha, más allá de descartar un superdomingo electoral el próximo mayo en el que coincidieran las urnas locales, autonómicas y generales.
El presidente tiene por despejar la incógnita de las generales: entre febrero y marzo… o ya en julio del 2027
En el Ejecutivo ansían la llegada del paréntesis del verano, confiando en que se rebaje entonces el “ambiente irrespirable” de la confrontación política disparada por los casos de corrupción que salpican al entorno político y familiar del presidente. Pero Sánchez no levanta el pie del acelerador, y las tres semanas que restan de julio están cuajadas de “hitos” de gran calado para el Ejecutivo, y que en buena medida determinarán esa reflexión que el presidente abordará en agosto.
Nada de cruzarse de brazos, por tanto, esperando que las vacaciones reduzcan los decibelios del escenario político. Los presupuestos del Estado, la financiación autonómica, la política de vivienda y la culminación de la ley de Amnistía son cuestiones que Sánchez quiere dejar vistas para sentencia –y que a su vez condicionarán el calendario del final de la legislatura– antes de agosto.
La senda de estabilidad arranca la próxima semana su tramitación en el Congreso, con plenos el 14 y 23 de julio
En primer lugar, el proyecto de presupuestos para el 2027. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un techo de gasto récord –226.032 millones de euros– para las nuevas cuentas públicas y una senda de estabilidad que dotaría a las comunidades autónomas de un margen fiscal de 5.849 millones.
El próximo martes, 14 de julio, un pleno extraordinario del Congreso debatirá y votará estos objetivos de estabilidad –del techo de gasto solo se informa, no se vota–, que no saldrá adelante por falta de mayoría parlamentaria. Pero esta senda volverá a someterse a votación en el Congreso en un segundo pleno, previsto para el 23 de julio, donde no obstante volverá a toparse con la ya anunciada negativa de Junts, que junto al PP y Vox lo tumbarán. Así que el Gobierno tendrá que enmarcar su proyecto de presupuestos en la última senda de estabilidad remitida a Bruselas, pese a que dota de menos margen fiscal a las autonomías.
El Ejecutivo opta por presentar el proyecto de presupuestos tras las vacaciones, en fecha aún por determinar
Concluido en julio este trámite parlamentario, el Gobierno prevé presentar finalmente el proyecto de presupuestos tras las vacaciones de agosto. En una fecha, no obstante, aún por determinar. El debate de totalidad de las cuentas podría tener lugar ya en octubre o noviembre, según los cálculos de la Moncloa. Y si el proyecto no obtiene luz verde, será el momento de “tomar decisiones”, según asumió el propio Sánchez, sobre el calendario de las elecciones.
El próximo jueves, 16 de julio, es otra fecha marcada en rojo, ya que está previsto que el Tribunal de Justicia de la UE falle sobre la ley de Amnistía. Un paso determinante para que pueda alcanzar, finalmente, a Carles Puigdemont. Y hace mucho tiempo que en el Gobierno confían en que el regreso del expresident a Catalunya les abra una “ventana de oportunidad”, al menos para recomponer los puentes rotos con Junts.
Este 16 de julio está marcado en rojo en la Moncloa: la justicia europea decidirá sobre la ley de Amnistía
Otro hito de este julio es el nuevo modelo de financiación autonómica, que aportaría 20.975 millones adicionales a las comunidades del régimen común y que el ministro de Hacienda, Arcadi España, presentará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 29 de julio. Tendrá el aval del Gobierno y de la Generalitat, pero será rechazado por el resto de las comunidades del PP y el PSOE. Y tampoco tiene visos de prosperar cuando se vote en el Congreso como ley orgánica.
También es una gran apuesta de Sánchez sacar adelante el nuevo decreto ley de vivienda que volverá a aprobar el Consejo de Ministros, con la prórroga de los contratos de alquiler y una amplia batería de iniciativas. El presidente lo resaltó el pasado miércoles: “Plantearemos un paquete de medidas de vivienda que espero que en esta ocasión pueda contar con un apoyo mayoritario”, confió.
La última reunión del curso del Consejo de Ministros está prevista para el 28 de julio. Y pese a que la intención inicial era no volver a convocarlo hasta el 1 de septiembre, ahora ya se contempla una primera cita de la nueva temporada para el 25 de agosto. “A seguir trabajando”, prometió Sánchez.
Objetivo: desmovilizar al electorado moderado del PP
A la espera de que Pedro Sánchez decida cuándo convocar las elecciones generales, los estrategas del PSOE hacen oídos sordos a las últimas encuestas publicadas, que pronostican una abrumadora mayoría absoluta para el PP y Vox de unos 200 diputados. En Ferraz aseguran en cambio que los bloques parlamentarios están mucho más empatados de lo que auguran dichos sondeos. Pese a la sucesión de golpes judiciales que están encajando por causas de corrupción, en la dirección del PSOE alegan que aún se mantienen en el entorno del 30% del voto. De hecho, apuntan que solo con reducir en dos o tres puntos el porcentaje de voto que atribuyen al PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo no podría gobernar, como ya ocurrió en el 2023. Y una de las estrategias que barajan es buscar la desmovilización del electorado más templado y moderado del PP. Creen poder contar para ello con dos bazas: la “agenda reaccionaria” que aseguran que Vox impone al PP, y las elecciones de medio mandato en Estados Unidos del próximo noviembre, ante las que Donald Trump podría agitar una polarización política con efectos en el resto del mundo. Y también en España.
