Teniendo en cuenta la demoscopia no resulta difícil imaginar que de las próximas elecciones generales, sean cuando sean, pueda surgir un gobierno de PP y Vox. A pesar de que los socialistas no dan el partido por perdido, en el Govern de la Generalitat son conscientes de ello y temen un invierno político, un “aislamiento” de Catalunya ante un mapa autonómico gobernado prácticamente en su totalidad por la derecha y la ultraderecha. También son conscientes de que para frenar el auge ultra en Catalunya y mantener la fuerza adquirida por el PSC en el último ciclo electoral, se requiere una acción más “centrada” y, tal vez, rearmar el Govern con perfiles “más políticos”.
El desgaste que conlleva la gestión, así como la exhibición de la mayoría progresista con ERC y Comuns durante los dos años de mandato, han estrechado las opciones del PSC, como refleja el último barómetro del CIS catalán. Salvador Illa aglutinó en el 2024 el espacio central del electorado catalán nutriéndose de la desaparición de Ciutadans y de desencantados con ERC y Comuns, y eso le permitió llegar a los 19 diputados en las pasadas generales, erigiéndose en el granero de votos de Pedro Sánchez, y gobernar en tres de las cuatro capitales de provincia. La opción de remodelar el Govern, sobre la que se especula desde que se acordaron los nuevos presupuestos, permitiría a Illa armarse de peso político ante la nueva etapa, pero las fuentes consultadas aseguran que el president no prevé una crisis de gobierno, si acaso algún cambio puntual que no será inmediato.
Sin embargo, tanto en el Govern como en el partido hay quien señala la conveniencia de hacer cambios para dotar al Ejecutivo catalán de consellers capaces de “defender al PSC” ante lo que pueda venir, y de capitanear el “frente democrático” que los partidos catalanes de izquierdas querrán levantar ante las andanadas de un gobierno de PP y Vox.
En las quinielas siempre aparece la necesidad de liberar a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, para que vuelva a concurrir como candidata a la alcaldía de Girona, la única capital que los socialistas no gobiernan, y de sustituir a la consellera de Salut, Olga Pané, de baja desde hace tres meses tras romperse una pierna.
Pero las mismas fuentes advierten de que Illa es impredecible en estos casos y que tiene tiempo para hacer cualquier cambio hasta saber qué pasa con las elecciones generales .
El mandatario catalán no prevé hacer una crisis de gobierno, si acaso algún cambio que no sería inmediato
Una vez aprobados los presupuestos, el president goza de libertad para actuar más allá de la mayoría progresista con la que viene gobernando, lo que puede traducirse en planteamientos más conservadores. La consellera de Economía, Alícia Romero, situaba la semana pasada un objetivo en una entrevista con La Vanguardia : la revisión de algunos impuestos propios. Ahora bien, el president mantiene intacto su compromiso con los acuerdos de investidura, sobre todo en ámbitos como la financiación autonómica y la vivienda, pero en el primer caso se siente liberado y con la percepción del deber cumplido aunque el Congreso no apruebe el nuevo sistema.
En el caso de la vivienda proliferan las voces socialistas que auguran un mal futuro a la ley contra la compra especulativa pactada con Comuns si se revisa su constitucionalidad, pero justifican su apoyo por el hecho de que la emergencia habitacional es el primer problema de los catalanes, también de los abstencionistas.
Al margen de la esfera doméstica, en el Govern admiten un “lento pero inexorable desgaste” del PSOE que culminaría con la llegada de un Gobierno “hostil” con Catalunya. Este escenario también requiere de una estrategia política y en la sala de máquinas del Ejecutivo catalán han empezado a diseñar un plan con el que combatir la probable “recentralización”. Se basa en cultivar alianzas con comunidades autónomas vecinas en defensa de intereses comunes. Así, bajo el principio de subsidiariedad, se trataría de reivindicar la gestión desde la proximidad de las infraestructuras de interés general, como puertos, aeropuertos y red ferroviaria.
Aunque el plan está aún muy verde, varios responsables del Govern han entablado ya algún contacto con los gobiernos con los que se quiere contar: Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana y Andalucía. Entre las cuatro suman el 45% del PIB español y cuentan con algunas de las infraestructuras más relevantes. Para empezar, los cuatro puertos más importantes, entre ellos el de Algeciras, con el mayor tráfico de mercancías de España, el tercero de Europa y uno de los veinticinco mayores del mundo. Pero también figuran aeropuertos como el de El Prat y el de Palma, segundo y tercero con más tráfico del Estado. A esto se suma la inconclusa obra ferroviaria del corredor mediterráneo, objeto de constante debate político.
Illa justificaba hace pocos días, en un foro mediterráneo, la idoneidad de esta colaboración interautonómica: “¿De verdad podemos permitirnos el lujo de vivir desconectados, de no establecer una colaboración estable? (…) Si España quiere garantizar un futuro de prosperidad y progreso con solidez, cohesión y oportunidades debe reforzar su apuesta por el eje mediterráneo y no caer en la visión centralista del pasado”.
El Gabinete de Illa estudia una alianza con autonomías vecinas en favor de la cogestión de las infraestructuras
El hándicap es que las regiones con las que se quiere contar están gobernadas por el PP con el apoyo externo o en coalición de Vox, y no a todas les preocupa la cogestión de las infraestructuras como a Catalunya.
